El Consejo de Consultivo de Andalucía rebaja de más de 6,5 millones a 118.335,08 euros la indemnización que el Ayuntamiento de San Fernando tendrá que abonar a una promotora isleña por los daños y perjuicios derivados de la nulidad de las licencias de obra que la Gerencia Municipal de Urbanismo concedió en 2008 para edificar en los suelos del polígono industrial de Fadricas II a pesar de que no tenían suministro eléctrico, lo que frustró los planes comerciales del empresario. 

El dictamen del órgano consultivo superior de la administración -con fecha del pasado 4 de diciembre y publicado hace unos días- resulta desfavorable para el Consistorio isleño al no amparar la resolución desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada el 5 de junio de 2020.

Eso sí, también descarta la millonaria indemnización que reclamaba la parte demandante al no haber podido afrontar la construcción de las 27 naves industriales que tenía proyectadas con las operaciones de compraventa de las parcelas: hasta 6.539.507,97 euros. 

El tema, que en los últimos años ha servido para poner en tela de juicio la gestión que el gobierno andalucista hizo del desarrollo de Fadricas II, concluye con este dictamen su periplo administrativo aunque podría tener su continuidad en el ámbito judicial, como en su día advertía el Ayuntamiento isleño después de que la Junta de Gobierno Local admitiera a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial, lo que además ocurrió poco después de que se tuviera que hacer frente al pago de 2 millones de euros al anterior propietario del tanatorio por un caso parecido (nulidad de licencias). 

El dictamen del Consultivo, no obstante, aleja por el momento ese elevado coste para las arcas municipales que se temía habida cuenta de la millonaria reclamación que se solicitaba. 

La clave es que en la resolución no se consideran indemnizables la mayoría de los conceptos que se reclaman al Consistorio, que se atribuyen bien al principio de riesgo y ventura o bien a las obligaciones que adquirió como propietario. 

Sí considera sin embargo que corresponde una indemnización con respecto a los gastos relativos a los actos preparatorios de la edificación después de la concesión de las licencias, tales como la redacción de los proyectos básicos y de ejecución, visados de colegios profesionales, tasas e impuestos municipales, estudios de las condiciones técnicas de los terrenos, movimientos de tierra, vallado de las parcelas, tasaciones, etc..., que cifra en esos 118.335,08 euros.

Un polígono sin luz 

Las licencias anuladas que son objeto de esta reclamación sobre la que ahora se ha pronunciado el Consejo Consultivo se concedieron en 2008 -gobernaba el PA con el PP, que entonces estaba al frente de la Gerencia Municipal de Urbanismo- y son tres. La primera se concedió para la construcción de un edificio con 12 naves industriales; la segunda, para otro de 14 naves y sótanos; y la tercera, para una nave industrial sin uso definido.

El problema es bien conocido desde hace más de una década. El polígono se construyó sin contar con suministro eléctrico, lo que evidentemente truncó cualquier posibilidad de desarrollo, como quedó bien claro a lo largo de los años siguientes. 

El problema, de hecho, no consiguió resolver hasta recientes fechas, cuando tras un largo proceso se dotó a este espacio destinado a la actividad económica de infraestructura eléctrica que necesita. En septiembre de 2018 concluyeron las obras y hasta más tarde no se llevó el suministro a la zona. Aún así, el polígono cuenta todavía con numerosas parcelas sin uso.

La reclamación, en este sentido, se basa en que el Ayuntamiento concedió las licencias de obra sin que el polígono tuviera todos los servicios y, por tanto, sin que se hubiera completado su urbanización.

La promotora afectada lleva desde el año 2013 denunciando su situación. Eso le llevó a solicitar en los Juzgados la nulidad de las tres licencias de obra y posteriormente, una vez conseguida, a exigir la correspondiente indemnización por daños y perjuicios a través de una reclamación patrimonial.

El conflicto atañe tres parcelas de Fadricas II de 3.754, 3.368 y 1.203 metros cuadrados en las que esta empresa tenía previstas varias naves industriales. Todo la operación se vino abajo al no tener suministro eléctrico.