Dos centenares de personas y colectivos sociales de toda Granada y de la zona Norte, con la coordinación de Stop Desahucios, consiguieron parar el desahucio de Nati y su hija por parte de la Agencia de la Vivienda de la Junta de Andalucía (AVRA). En casos similares que pude conocer en Latinoamérica siempre nos decían "seremos gente chiquita, pero cuando tantas personas se juntan por un objetivo común es imposible doblar su voluntad". Organizaciones como Stop Desahucios demuestran que aquí o en Buenos Aires, la gente sabe perfectamente cómo hacer tropezar a los gigantes porque son conscientes de que serán poderosos, pero siempre tienen los pies de barro.

Mariela Fernández Bermejo y otras autoridades del gigante de la Junta de Andalucía amenazaron con el uso de la fuerza, decían que iban a enviar a los Geos para expulsar a Nati y a su hija, pero afortunadamente no vinieron.

Imagínense si pueden, que durante 4 años habitan una vivienda social porque, como miles de familias, no tienen un empleo estable; que después de haber sufrido violencia de género y un posterior divorcio están rehaciendo su vida; que tienen una hija estudiando en el colegio del barrio, y llega la Administración y les dice que por un problema legal tienen que abandonar la vivienda mientras alrededor se encuentran con un barrio ignorado donde la ilegalidad, la ley de la selva y el clientelismo que deriva de esta inseguridad jurídica han sido la norma de funcionamiento durante décadas con la connivencia interesada de los Gobiernos que por allí han pasado comprando voluntades sin resolver nunca los problemas de fondo.

Y ahora imagínense que van a las administraciones competentes y que sólo les proponen soluciones temporales como pisos de acogida compartidos con otras familias o 900 euros para alquilar una vivienda durante 3 meses, porque supuestamente después podrán habitar otra vivienda social. Imagínense que les proponen al menos dos mudanzas este verano y un supuesto premio por la obediencia debida que evidentemente no garantiza por escrito ni una vivienda ni mucho menos en el mismo barrio.

Y finalmente escuchen cómo las amenazan sin sustento legal con no volver a darles una vivienda social, con quitarles a su hija si se queda en la calle, o con no poder acceder al salario social que les han concedido después de mucho esperar.

Bien, pues este es el maltrato institucional que han sufrido Nati y su hija, pero afortunadamente es una mujer fuerte que no se ha doblegado acompañada por las gentes grandes de Stop Desahucios, que llevan años evitando atropellos como este, y haciendo algo mejor la Granada en la que vivimos.

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