Granada ya no es una ciudad de primera ni de segunda ni de tercera, es una ciudad, sin más. Ayer, el mismo día en que representantes del PP y del PSOE hacían méritos ante los partidos que los alimentan y cruzaban descalificaciones a costa de los retrasos del AVE y del metro en los periódicos, la Sala de Gobierno del TSJA sentenciaba la desaparición de la última institución heredada del Antiguo Reino. Sevilla y Málaga se llevan secciones de lo Penal y, seguramente, los asuntos concernientes a Huelva, Córdoba, Almería y Cádiz, con lo que la Real Chancillería, la más antigua de España junto a la que fue de Valladolid, queda convertida en otra hermosa ruina romántica. Si el Consejo General del Poder Judicial lo sanciona, Granada perderá el Tribunal Superior de Justicia, que quedaría reducido a la Presidencia y unas coquetas salas de Espera, pese a que el Estatuto establece aquí como migaja la capital jurídica de Andalucía. El hecho es insólito, puesto que no ocurre lo mismo en Cataluña o Valencia, donde también se han creado nuevas salas, y se trata de justificar con el argumento de que el territorio es inmenso, comparable al de Portugal; pero esa lógica conduce necesariamente a pensar que hemos sustituido un centralismo, el madrileño, por otro, el sevillano, mucho más celoso y egoísta, y que más nos hubiera valido dividir Andalucía en dos. Casi cuarenta años después Granada ha perdido absolutamente toda su influencia comercial, universitaria, financiera y administrativa en el sureste de España, y queda meridianamente claro que ha sido la ciudad, la provincia, más damnificada por el establecimiento del Estado de las autonomías.

El despojo iniciado a primeros de los 80 ha concluido, somos los camareros sin convenio de España y de Europa, la cola del ratón, el yacimiento turístico-arqueológico de la región con los peores índices socioeconómicos del país. Durante ese tiempo ha estado casi prohibido hablar de Andalucía Oriental, especialmente en Canal Sur, y toda vindicación ciudadana era descalificada por localista, aldeana o propia de una política de campanario; en tanto que cualquier pérdida del antiguo poder granadino se justificaba oficialmente con el argumento de que había que acercar la administración al ciudadano. Sevilla ha sido muy poco generosa, de ahí la desafección ciudadana. Y el hecho se ha producido gracias al silencio cómplice o ignorante de nuestros representantes, sobre todo de alcaldes, presidentes de la Diputación y parlamentarios andaluces. Pero no todo es malo en la noticia, desde hoy podemos dormir tranquilos: ya no queda nada que puedan quitarnos.