957 euros por habitante es la brecha entre comunidades autónomas... y aún puede empeorar

El debate sobre la financiación autonómica se ha envenenado, la publicación de las discutidas balanzas fiscales tiene gran culpa de ello. La discusión gira sobre la aportación que realiza cada una de las comunidades, como si fuesen entes políticos preexistentes a la formación del Estado, si ésta es más o menos solidaria, si aquella abusa al bajar sus impuestos, cuando, en realidad, no son los territorios los que tributan a una caja común, sino cada uno de los ciudadanos a través de sus impuestos.

Ante el rechazo general que ha provocado la propuesta de financiación singular de Cataluña, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusado a la comunidad de Madrid y a su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, de dumping fiscal, de valerse de sus fuertes ingresos para bajar impuestos en una desleal competencia con el resto de las comunidades.

Sin embargo, la brecha entre la cantidad de recursos que disponen las comunidades para financiar los servicios fundamentales, como la sanidad y la educación, no proviene de que algunas hayan apurado el margen legal para bajar los impuestos, sino de un modelo mal concebido y aprobado en julio de 2009, cuando José Luis Rodríguez Zapatero pactó con ERC un sistema que apoyó, entonces, la Generalitat y la Junta de Andalucía, gobernadas ambas por el PSOE.

16 años después de aquello, y sin que ninguna corrección haya mediado, PSOE y ERC intentarán que el Congreso apruebe una financiación singular de Cataluña que establecería una suerte de concierto por medio del cual esta comunidad pagaría al Estado dos cupos después de recaudar todos los impuestos: uno por las competencias no asumidas que el Gobierno central aún gestiona para este territorio, como ocurre con las forales, y otro, llamado de solidaridad, que aún no está cuantificado. El propio concepto de solidaridad interterritorial es erróneo, y esto puede causar aún más diferencias. A continuación explicamos por qué y a qué se debe la brecha.

Madrid ni roba ni sale perjudicada

La comunidad madrileña es la que más dinero aporta a la caja común de las autonomías. El flujo de entradas y salidas de esta bolsa indica que el Estado contribuyó de modo neto con 13.156 millones de euros en 2023, el último año del que hay datos consolidados, y las comunidades con 10.599 millones de euros. Pero de éstas, sólo hay tres que pagan más que lo que reciben: Madrid, que aporta 7.975 millones de euros; Cataluña, 2.266 millones de euros, y Baleares, 358 millones de euros.

La aportación de Madrid a la nivelación supone el 26% de sus ingresos tributarios. La de Cataluña equivale al 8% y la de Baleares, al 7%. Lejos de robar, la comunidad central es esencial en el modelo. ¿Por generosidad? No, su renta per cápita es 1,8 veces superior a la de Andalucía, 38.345 euros frente a 21.091 euros; por tanto, su recaudación y su posterior aportación tienen su origen en los impuestos que pagan cada uno de sus ciudadanos, que está relacionado a la vez con la riqueza de la que disfrutan. En términos de esfuerzo fiscal, el de Andalucía es, incluso, mayor.

No es Madrid la que aporta, sino el conjunto de los madrileños, que en término medio gozan de unas rentas superiores al resto del país. En menor medida, es lo que le ocurre a Cataluña.

Más dinero para una brecha que no cesa

El dinero del que disponen las autonomías se ha venido incrementando en los últimos años, pero las diferencias no se estrechan. Es más, las perjudicadas son las mismas desde entonces, desde 2009: en especial, Murcia y Valencia. Le siguen Andalucía y Castilla-La Mancha.

La diferencia es grande. La Fundación Estudios sobre la Economía Española (Fedea) analiza cada año los flujos de dinero entre las comunidades, el último estudio, publicado esta semana, se refiere a 2023. La diferencia de financiación efectiva por habitante entre Murcia y Cantabria, en un polo y en otro del ránking, es de 957 euros sobre una media de 3.390 euros. Cuando el modelo comenzó a funcionar en 2009, la diferencia era de 571 euros. Así, mientras que el Gobierno murciano cuenta con 3.120 euros por habitante para financiar sus competencias, Cantabria dispone de 4.077 euros. Andalucía, de 3.208 euros, también por debajo de la media.

Cataluña se viene situando por encima de la media, no mucho, y algo parecido ocurre con Madrid, aunque en 2023 la comunidad central se situó unos pocos euros por debajo.

Los fondos de ERC

Aunque el modelo de financiación es complejo, todos los analistas coinciden en que la causa de la dispersión reside en los dos últimos fondos del sistema, los llamados de cooperación y convergencia. Fueron éstos los que se introdujeron en 2009 a petición de la Generalitat, que ha venido defendiendo que las comunidades que más aportan -en realidad, las de mayor renta- deben situase entre las que más reciban.

Este principio, llamado de ordinalidad, no se recoge como tal en el texto legal. En el acuerdo que ERC firmó con el PSC hace un año para la investidura de Salvador Illa, se explicitó que la cuota de solidaridad de Cataluña tendría como límite la ordinalidad. Es decir, que Cataluña, como segunda comunidad en aportar, debe ser la segunda también en recibir. De seguir ese criterio, Madrid tendría que ser la primera, y Extremadura, la última.

Cuando Zapatero acordó el modelo también se comprometió a revisarlo si las diferencias se agravaban. Esto no sucedió ni con el presidente socialista ni con los dos siguientes, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Ello se debe a que las comunidades del norte, el eje que va de Galicia a Cantabria, es el más beneficiado, y nunca han querido abrir ese melón. Lejos de abordar este asunto, la financiación singular de Cataluña ha terminado por reventarlo, porque abre una nueva vía para que la segunda comunidad en aportación neta vaya reduciendo su contribución.