El ex consejero de Empleo, Antonio Fernández, y el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, ambos encarcelados por el caso de los ERE fraudulentos de la Junta podrán acudir a la comisión de investigación del Parlamento. La juez Mercedes Alaya, que instruye la causa, ha dado la autorización para su salida de la prisión los días 22 y 24 de este mes. Para ello, ha notificado la autorización al Parlamento de Andalucía y a las prisiones de Sevilla-1 y Morón de la Frontera (Sevilla), donde se encuentran Guerrero y Fernández, respectivamente.

La orden ha sido firmada por el juez sustituto del juzgado de instrucción 6, dado que la titular, Mercedes Alaya, se encuentra de vacaciones. De esta forma queda descartado que ambos encarcelados realicen la declaración por vídeoconferencia o que los comisionados acudan a los centros penitenciarios como en un principio se barajó.

Por otra parte, el Gobierno andaluz ha admitido que "ninguna" de las ayudas relacionadas con los ERE y a empresas fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) tal y como es obligatorio por ley, según denunció ayer el PP-A. La denuncia de los populares se sustenta en parte de la documentación que la Junta ha remitido a este partido para preparar los interrogatorios de la comisión de investigación.

El PP-A reclamó al Ejecutivo que precisara las fechas de publicación de cada una de las ayudas. En el informe remitido por la Consejería de Economía, Innovación y Empleo la Junta asegura: "No es posible atender a la petición al no existir constancia de dichas publicaciones". El coordinador de Economía y Hacienda del PP y miembro de la comisión de investigación, Rafael Carmona, denunció que los documentos supone el "reconocimiento" de la Junta que el procedimiento de concesión de ayudas fue "ilegal y con absoluto desprecio" a la ley y el derecho.