Andalucía

Los Ayuntamientos pasan de puntillas por las rebajas fiscales

  • La recaudación municipal por impuestos locales ha subido en Andalucía un 29% en la última década, hasta los 3.764 millones. Solo los ingresos por IBI se han anotado un incremento del 20%.

Los ingresos de las entidades locales han aumentado en Andalucía un 15% en la última década. Fuente: Ministerio de Hacienda.

Los ingresos de las entidades locales han aumentado en Andalucía un 15% en la última década. Fuente: Ministerio de Hacienda. / Departamento de infografía

En la carrera de las rebajas fiscales los ayuntamientos andaluces han conseguido salirse del foco y subir sin ruido ni algarabías casi un 29% la recaudación fiscal en la última década. Han pasado de ingresar por impuestos propios 2.922 millones en 2010 millones a 3.764 este ejercicio pasado.

El margen tributario de los municipios es estrecho y está tasado. Los ayuntamientos tienen capacidad para regular el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que se paga por la posesión de una vivienda, suelo o local, el de Vehículos de tracción Mecánica (IVTM), que pesa sobre los automóviles, el Impuesto del Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IVTN), que grava las plusvalías obtenidas en la venta de suelos o viviendas, el Impuesto sobre Construcciones y Obras (ICIO), y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), que recae sobre las empresas que facturan por encima del millón de euros. La competencia no va más allá y, además, los municipios tienen que moverse dentro de la horquilla de coeficientes que les marca la Ley de Haciendas Locales.

En este momento, ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades de Andalucía manejan un presupuesto global de 12.700 millones. De esta cantidad, cerca de un tercio tiene su origen en estos cinco impuestos. Por eso, los alcaldes han sobrevolado la peor crisis económica conocida de la historia contemporánea y a continuación han afrontado una pandemia prácticamente sin despeinarse. Es cierto que se han articulado bonificaciones, medidas para aliviar la carga tributaria y en algunos casos han bajado los gravámenes, pero siempre lo han hecho con la sutileza suficiente para ganar un buen titular sin dejar que entre demasiado frío en las arcas.

El IBI es un ejemplo elocuente. Aporta el 60% de los ingresos por impuestos municipales y los alcaldes lo adoran sin matices: es una fuente de ingresos potente con una tasa de morosidad mínima. En la última década la recaudación fiscal por este tributo ha subido un 25%. Ha pasado de reportar 1.800 millones anuales en 2010 a 2.257 millones en 2020. La subida se aprecia en todas las provincias sin excepción, aunque destacan Granada y Jaén con incrementos del 36% en la recaudación por IBI en 10 años, de acuerdo con los datos que maneja el Ministerio de Hacienda.

Huelva y Cádiz son las capitales andaluzas que aplican los gravámenes más alto en el IB

A mitad de la década, no obstante, esta fuente de alimentación se ha frenado. En el caso de las capitales de provincia, que finalmente son las que tienen mayor peso demográfico y fiscal, todas salvo Jaén han rebajado los gravámenes y en consecuencia este impuesto ha perdido algo de brío. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Cádiz ha pasado de tener el gravamen más alto que permite la Ley de Haciendas Locales (1%) al 0,74%, aunque aún así es, después de Huelva que aplica un coeficiente del 0,78%, la capital andaluza con el IBI más caro. Sevilla, con el 0,67%, ocupa una posición intermedia junto a Jaén y Granada (el coeficiente del IBI en ambas está fijado en el 0,65%). Detrás aparecen los ayuntamientos de Córdoba (0,52%) y Almería (0,48%), y en último lugar Málaga que solo aplica el 0,45%. Es el más bajo de todas las capitales, lo que no significa que el recibo del IBI sea el más barato, porque compensa su modesto gravamen con una revisión catastral de 2009 que elevó significativamente el valor de las casas que se utiliza para calcular el impuesto, mientras que el resto de las capitales esa revisión data de los años 90 o de principios de este siglo.

En el detalle provincial, destacan Málaga, Huelva y Cádiz como las provincias con mayor presión fiscal por IBI. Este recibo cuesta por habitante 383 euros de media a los malagueños, 271 a los onubenses y 269 a los gaditanos. En el extremo opuesto destacan Jaén, Córdoba y Sevilla con el menor desembolso per capita por el Impuesto de Bienes Inmuebles.

En el ranking de la fiscalidad municipal aparece en segundo lugar, aunque a gran distancia del IBI, el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), que reporta a los ayuntamientos andaluces otros 439 millones anuales, según los datos del Ministerio de Hacienda correspondientes a 2020. En este caso, si se compara el importe del recibo para un vehículo de entre 8 y 11,9 caballos fiscales, Huelva es la capital andaluza más cara (68,16 euros), seguida de Cádiz (67,25), mientras que Jaén (51,62), Córdoba (59,64) y Sevilla (61,78) son las más baratas.

La tercera posición es para el IVTN o impuesto sobre las plusvalías que inyectó 369 millones en los municipios andaluces en 2020, cantidad que supone un incremento del 78% respecto a una década antes. Ahora está por ver cómo quedará la recaudación por plusvalías en 2021, después del sobresalto provocado por la sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba inconstitucional la fórmula utilizada para el cálculo de este impuesto. No obstante, los expertos apuestan que implicará pocos cambios para las arcas municipales.

Finalmente, los últimos datos de Hacienda señalan que el IAE ha reportado 218 millones a los ayuntamientos andaluces en 2020, cantidad que supera en solo 15 millones la de una década antes, y el ICIO, o sea el impuesto que pesa sobre las obras, es una excepción en este panorama. Es el único que deja ahora menos dinero. Supone 141 millones en ingresos, un 22% menos que en 2010 y en cualquier caso una cantidad inapreciable para unas administraciones que ahora ingresan solo por impuestos directos propios 842 millones más.

“A pesar de los cambios, de la burbuja inmobiliaria, de la crisis económica y de la pandemia, las finanzas de los ayuntamientos son bastante estables”, puntualiza Diego Martínez López, profesor de Economía de la Universidad Pablo de Olavide, investigador asociado de Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) y secretario de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda entre 2018 y 2020.

Se calcula que las entidades locales tienen más de 2.000 millones inmovilizados en los bancos

Martínez López explica que los municipios tienen unas competencias en gasto muy acotadas y unos ingresos muy estables vinculados a bases imponibles que cambian poco. Por eso, frente al daño que la crisis económica en la década pasada y ahora pandemia han infligido a los ingresos de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas y de la Seguridad Social, los ayuntamientos y diputaciones han llegado a 2022 con miles de millones en los bancos. En Andalucía se calcula que acumulan más de 2.000 millones de superávit, un dinero que prácticamente está inmovilizado porque apenas si hay excepciones para que puedan disponer de él sin quebrantar la regla de gasto.

En resumen, los ayuntamientos son administraciones con mucho dinero en la hucha, ingresos tributarios propios a resguardo de los temporales y competencias bien delimitadas, mientras el resto de las administraciones sufren déficits estructurales. Diego Martínez López cree que ha llegado el momento de “repensar las competencias de gasto y las fuentes de ingresos municipales. O se le asignan más funciones a los ayuntamientos, por ejemplo, en materia social o educativa, o se les retira algún impuesto. Los expertos pensamos que hay que recomponer esta cesta de ingresos y gastos”, concluye.

Junto a los impuestos directos, el otro motor fiscal en manos de los ayuntamientos son las tasas y precios públicos. Entre las primeras figuran, por ejemplo, servicios como la recogida de basura, un vado o la ocupación de la vía pública con una terraza, mientras que los precios públicos son tarifas que paga el contribuyente por acudir a la piscina o a un monumento municipal. Frente a lo que ha ocurrido con los impuestos directos, los ingresos por tasas y precios públicos han sufrido un notable retroceso en la última década. Han pasado de suponer en Andalucía ingresos por importe de 1.508 millones a encajar un retroceso del 25% en una década y caer hasta los 1.131 millones.

A pesar del aumento de los ingresos, los ayuntamientos andaluces han bajado el gasto en vivienda, empleo, educación y sanidad

En el detalle municipal se observa que ha bajado la recaudación por tasas en prácticamente todos los epígrafes: desde la recaudación por ocupación del espacio de dominio público, que es el aplicable a terrazas o vados, hasta por la prestación de servicios públicos básicos o de carácter social. El retroceso en 2020 se puede explicar por la pandemia. Solo hay que pensar en las tasas por ocupación de vía pública cuando los locales estuvieron durante meses cerrados o con los aforos muy limitados. Además, se acordaron medidas para bonificar estas tasas durante los meses más duros. De hecho, entre 2019 y 2020 los ayuntamientos han dejado de ingresar 20 millones por este concepto. Otro tanto ha ocurrido con los ingresos por actividades de competencia municipal, por ejemplo el uso de espacios deportivos, o con los precios públicos, apartado donde la caída ha sido de 47 millones para el conjunto de las entidades locales de Andalucía. Sin embargo, y de momento de forma inexplicable, la recaudación por tasas también bajó en 2019, aunque no lo hiciera de forma tan acusada.

El destino del dinero que manejan los municipios también ha cambiado con el paso de los años. Lo primero que llama la atención es que mientras las entidades locales han aumentado de forma muy significativa sus ingresos (tanto por impuestos como por transferencias del Estado y de las comunidades autónomas), gastan menos en vivienda, empleo sanidad y educación. El caso más llamativo es el de la vivienda, donde se ha encajado un recorte próximo a los 700 millones, el gasto en políticas de empleo ha caído en casi 80 millones y la sanidad y la educación en 15 y 51 millones respectivamente, según los datos del Ministerio de Hacienda de la liquidación presupuestaria de los ayuntamientos andaluces en 2020 y 2010. Si la comparación se hace con los datos de 2019, para eliminar el efecto pandemia, el recorte es muy similar en todos los casos con la única excepción del apartado de empleo donde sí hubo aumento.

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