Los consejeros de la Presidencia y de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo y Jesús Aguirre, respectivamente, comparecerán a finales de marzo en un juzgado de Sevilla para declarar como testigos en la causa en la que se investiga el intento de cobro de una mordida de cinco millones de euros en la venta de una partida de test de detección del Covid-19 al Servicio Andaluz de Salud (SAS).

En esta causa, que se investiga en el juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla, figuran cuatro personas como investigadas por delitos de prevaricación y cohecho, entre ellos un ex asesor de la consejería de Salud y Familias -que era adjunto al jefe de gabinete-, así como el empresario gaditano Manuel García Gallardo -fundador de Quality Food-, una hermana de éste y un trabajador de la sociedad.

Según han confirmado a este periódico fuentes judiciales, el juez de Instrucción número 2 de Sevilla, Carlos Mahón, ha citado a declarar el próximo 30 de marzo a los tres investigados que fueron detenidos por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) -Manuel García Gallardo, su hermana y un trabajador-, en el marco de esta operación y que quedaron en libertad el pasado 3 de febrero, tras acogerse a su derecho a no declarar ante el juez, dado que en ese momento no conocían las actuaciones judiciales, que incluso estuvieron declaradas secretas durante un tiempo.

Junto a los tres investigados, el juez ha acordado ese mismo día la declaración de siete testigos. Se trata de el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Sanz; la ex gerente del hospital de Valme de Sevilla, María Jesús Pareja; la gerente del hospital Virgen de las Nieves de Granada, María Ángeles García; el director general de Gestión Económica y Servicios del SAS, José Antonio Miranda; la mujer de Elías Bendodo, Isabel Naranjo; y dos responsables de empresas farmacéuticos.

Para el día 4 de abril, el juez ha citado como testigos al consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, y al consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre.

De la investigación realizada por la UDEF se desprende que el empresario investigado contactó con el adjunto al jefe de gabinete de Aguirre y le ofreció una comisión si se lograba el contrato para la adquisición por parte del SAS de un centenar de mochilas con reactivos para la realización de pruebas PCR en Atención Primaria, un contrato que rondaba los 19 millones pero en el que se pidió que se subiera el precio en "cinco millones".

Otro empresario alertó en su momento a la Junta de el empresario de Quality Food le habría asegurado que la única forma de convertirse en proveedor de la Junta de Andalucía consistía en presentar una factura en la que se añadiera esa comisión de cinco millones al valor de los productos suministrado, con lo cual el precio para este contrato de las pruebas PCR pasaría de los 19 millones a los 24 millones, aunque no se ha concretado cómo se repartiría esa supuesta comisión.

Además se investigan unas grabaciones en las que supuestamente se realiza el ofrecimiento de dinero al ex asesor de Aguirre -que lo habría aceptado- a cambio de que se compraran esas mochilas, pero como finalmente desde los hospitales no consideraron apropiados esos test, comenzó a presionar supuestamente a la consejería diciéndole que tenían pruebas de que el asesor había aceptado el dinero por la materialización de una venta que, finalmente, no se produjo.

La Consejería de Salud procedió entonces a presentar una denuncia en la Fiscalía de Sevilla en octubre de 2020 y el asesor de Aguirre -vinculado al PP de Córdoba- fue cesado a principios de diciembre, mientras que la operación policial se desarrolló a principios de febrero de este año y se ha llevado a cabo por e Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF de la Policía Nacional.

Manuel García Gallardo, empresario de San Fernando (Cádiz), volvió a la actualidad recientemente cuando el Tribunal Supremo estimó un recurso de casación por el que se ordenaba que se repitiera el juicio que tuvo lugar en marzo de 2019 para las tres personas que fueron condenadas por la Audiencia Provincial en aquel entonces por el caso Quality Food, entre ellos el propio fundador de la empresa.