El ex chófer implicado en el escándalo de los ERE ha asegurado a la juez Alaya que el ex consejero de Presidencia y actual diputado socialista Gaspar Zarrías llamó "en varias ocasiones" a Francisco Javier Guerrero para incluir a varios "intrusos" en los expedientes de prejubilaciones financiados por la Junta de Andalucía.

La declaración de Juan Francisco Trujillo forma parte de la parte de los 51 tomos del sumario que estaban en la parte secreta de la causa y fue prestada ante la juez Alaya en marzo pasado, con motivo de la imputación del que fuera chófer de Guerrero en la denominada operación Heracles.

Según Trujillo, la petición de Zarrías para incluir a varios intrusos la conoce por "comentarios" del propio Javier Guerrero, pero cuando el fiscal delegado de Anticorrupción le preguntó si recordaba el nombre de esos intrusos que habrían sido señalados por Zarrías, respondió que el director de Trabajo "no le dijo nada más" al respecto.

Este imputado asegura que Gaspar Zarrías llegó a hacer incluso gestiones con el entonces director de Trabajo para que se concedieran una ayudas a una empresa de azulejos de Vilches (Jaén).

Pero el ex chófer va más allá en su declaración al afirmar que Francisco Javier Guerrero se reunió con el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, cuando éste era consejero de Hacienda, con la finalidad de "desatascar el retraso que había en los pagos de subvenciones, pólizas y ayudas".

El imputado aseguró que tiene conocimiento de ese encuentro porque el director de Trabajo se lo comentó a su regreso de la Consejería de Hacienda. También a través de comentarios de Guerrero, el ex chófer dijo que tenía "conocimiento de llamadas" realizadas por Griñán a Guerrero, en las que supuestamente se interesaba por el asunto y Guerrero respondía que tenían que "ampliar los fondos para acabar con el retraso importante que había en los pagos".

El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, negó ayer con rotundidad que se haya reunido con Guerrero. "En mi vida me he reunido con el señor Guerrero y nunca ha sido director general mío", aseveró Griñán.

El que fuera chófer de Guerrero también se refirió en su declaración judicial a las relaciones entre Gaspar Zarrías y el conseguidor de los ERE y ex sindicalista Juan Lanzas. Trujillo sostuvo que Juan Lanzas "presumía de tener línea directa" con Gaspar Zarrías y que podría pasar que le transmitiera a Guerrero alguna "orden, petición o consejo de Zarrías".

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analizó la posible relación entre Lanzas y Zarrías, pero a juicio de los investigadores la misma es de "difícil definición", por cuanto las personas investigadas "no aportan elementos de prueba suficientes" y sólo "meras conjeturas carentes do escasas de validez". Así, el ex abogado de la familia Ruiz Mateos dijo que le presentaron a Lanzas y a Gaspar Zarrías "como las personas que resolvían todos los problemas en Andalucía" y apuntó a Zarrías como la persona que habría adquirido en nombre de la Junta "el compromiso" de conceder ayudas por valor de 20 millones de euros a Dhul, a cambio de instalar una fábrica de platos precocinados y la contratación de más de 50 trabajadores de la antigua empresa Cárnicas Molina.

En su declaración, el ex chófer se refirió igualmente a las relaciones de Francisco Javier Guerrero con el ex parlamentario andaluz del PSOE Ramón Díaz Alcaraz, ya que, según la declaración de Trujillo, ambos hicieron "gestiones juntos para una empresa de Seat", llegando a trasladarlos, y a continuación Guerrero le comentó que había "comprado un Seat o un Altea a muy buen precio y que era un regalo para su hermana". Ramón Díaz figura en el sumario de los ERE como una de las personas de las que la Guardia Civil ha investigado patrimonialmente en el marco de las personas que podrían haber participado en el pago de sobrecomisiones a las mediadoras que tramitaban las pólizas de las ayudas financiadas con fondos públicos. Los agentes de la Guardia Civil pidieron, en concreto, investigar, además de este parlamentario, al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, al ex delegado de Empleo Antonio Rivas y al propio Francisco Javier Guerrero, al entender los investigadores que parte del dinero cobrado por las mediadoras retornó a las autoridades administrativas encargadas de la concesión de dichas ayudas públicas. El juez de refuerzo de Alaya autorizó, en noviembre pasado, la investigación patrimonial de estas personas y de su entorno familiar más próximo, pero esa investigación aún no ha concluido.

En la causa de los ERE hay actualmente personas 57 imputadas, después de que la juez Alaya haya decidido imputar a otras cinco personas: tres de ellas relacionadas con la mediadora Vitalia, a la ex pareja de uno de los testaferro, Eduardo Leal del Real y a un responsable de la empresa Promociones Vinícolas, que habría recibido de manera irregular 90.080,97 euros a través del bufete Estudios Jurídico Villasís, que se sitúa en el centro de las investigaciones junto a Vitalia y Uniter. Estas nuevas imputaciones fueron solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción, que había reclamado a la instructora la imputación de 18 personas.