Andalucía

Gran crecimiento de la investigación privada, todavía insuficiente

  • Investigación Los recursos regionales dedicados a I+D+i han crecido un 60% en esta década. Un aumento sólo superado por Portugal, con el 100%

Durante la pasada década, el escenario de las actividades de I+D en España y en Andalucía ha cambiado de manera significativa. La convicción, tanto del sector público como del privado, de que en un país desarrollado, el crecimiento y el empleo solo pueden aumentar de manera sostenida a largo plazo si el aparato productivo se apoya en actividades de investigación, desarrollo e innovación, ha propiciado un gran impulso que se refleja en todas las variables relevantes: empresas que realizan estas actividades, tanto en número total como en diversidad sectorial, investigadores dedicados, gasto agregado de las administraciones públicas y del sector privado, etcétera.

El gran impulso ha permitido a España acercarse a Europa, y a Andalucía acercarse a ambas. En el año 2000, el gasto en I+D de la economía andaluza representaba el 0,65% del PIB, mientras que en 2008 alcanzaba el 1,03%. Para España las cifras han pasado del 0,91% al 1,35%; esto es, si en el 2000 el gasto en Andalucía representaba el 71% en relación con España, en 2008 alcanzaba el 76%.

Estas cifras, aún siendo muy positivas, están todavía alejadas de los países de nuestro entorno. El conjunto de países de la UE gasta en I+D el equivalente al 1,81% del PIB, mientras que el más amplio de la OCDE alcanza el 2,33%, al incluir a líderes como Estados Unidos y Japón. Sin embargo, una prueba de la intensidad del proceso en nuestro territorio lo muestra el hecho de que, durante la pasada década, Portugal es el único país que ha apoyado con mayor intensidad que España y Andalucía estas actividades, habiendo casi duplicado los recursos, frente a un crecimiento del 60% en Andalucía.

No obstante, la comparación de Andalucía con Portugal o con cualquier otro país, incluyendo a España, tiene que realizarse introduciendo un factor de descuento, porque una región carece del efecto Estado que tienen los países, que provoca que la implantación de un gran centro de investigación -en ocasiones de naturaleza internacional- tiene con frecuencia un carácter aleatorio en lo que se refiere a su implantación territorial.

El análisis de los componentes del gasto, público y privado, permite conocer la intensidad relativa de los esfuerzos de los dos agentes, así como las profundas diferencias entre territorios, que no reflejan sino la composición de las estructuras productivas de las distintas regiones y países. En Andalucía, el gasto privado ha crecido durante la pasada década al impresionante ritmo del 14,2% anual acumulativo, multiplicándose globalmente por tres y alcanzando la cifra de 518 millones de euros. Esta intensidad supera a la de España, que vio multiplicado el gasto privado por 2,6.

Hay que realizar, no obstante, tres consideraciones. En primer lugar, el gasto en I+D alcanza plena virtualidad y genera sus mayores efectos si tiene continuidad en el tiempo. En los dos últimos años, el gasto privado en Andalucía se ha reducido, reflejando, básicamente, la difícil coyuntura económica que atravesamos. Segundo, igualmente refleja la endeble estructura industrial, porque aun en plena crisis, en el conjunto de España el gasto continuó creciendo en 2008 a un ritmo del 8,3% y se redujo muy débilmente en 2009.

En tercer lugar, que el peso relativo del gasto privado en investigación sigue estando muy alejado de los territorios de referencia, España y la UE. Así, mientras en Andalucía los recursos privados dedicados a I+D representan solo la tercera parte del total, en España alcanza el 55%. Si la comparación la realizamos con los principales países de la UE, el contraste es aún mayor. En Alemania, Francia y Reino Unido, el sector privado aporta el 66% de los recursos.

La importancia que tiene el peso del gasto privado, deriva de su mayor conexión con el lanzamiento de nuevos productos y servicios al mercado y, en consecuencia, con la generación de renta y empleo sostenibles, que el que resulta del gasto público. Respecto de los recursos públicos, en España, y en particular en Andalucía, el enorme peso de las universidades en el gasto total, hace del control y de la evaluación de esta partida de gasto un asunto crítico.

Carecemos de información pública desagregada -una limitación generalizada en todas las administraciones, que debería abordarse cuanto antes para equipararnos a los países más desarrollados-, que resulta fundamental para conocer el impacto económico de ese gasto por parte de las universidades: la materialización en nuevos productos, nuevos componentes básicos que den lugar a productos o nuevos procesos. En conjunto, resulta esencial que el resultado de las investigaciones se materialice en nuevos bienes que sean exportables o que den como resultado una mejora en la productividad del tejido económico.

Estas consideraciones deberían conducir al establecimiento de criterios para seleccionar y apoyar financieramente los proyectos de investigación, que afectarían no sólo a proyectos singulares dentro de las distintas áreas de conocimiento, sino a áreas completas. Esto no significa excluir el apoyo a la investigación de esas áreas, pero ha de hacerse en un ámbito distinto del que aquí se está considerando, que es el de actividades que, al final, mejoran la capacidad competitiva de nuestro territorio para generar renta y empleo.

Aun estableciendo criterios que sirvan para excluir proyectos -lo que no vamos a hacer-, lo que queda, el resto, es tan amplio, que también requiere el establecimiento de criterios de aceptación. Los sectores productivos prioritarios, la satisfacción de una necesidad en el mercado, las posibilidades de exportar los resultados, las capacidades de los promotores (del Chief Technology Officer, del responsable de ventas del producto, conocimiento del inglés, etcétera), son algunos elementos que deben ponderarse para la aceptación o rechazo de los proyectos. Los profesores e investigadores tienen las capacidades del CTO, pero el resto proviene del mercado.

En este sentido, la información pública que ofrece el brazo inversor de la Junta para proyectos tecnológicos, la Corporación Tecnológica de Andalucía, ofrece un panorama muy diverso. Tan diverso que debe resultar difícil valorar adecuadamente proyectos procedentes de sectores tan diferentes: ingeniería civil, construcción, biotecnología, banca, finanzas, etcétera. Adicionalmente, deberían excluirse proyectos cuyo resultado final ya existe en el mercado. Como ejemplo, el caso de un software para gestión de riesgos en entidades financieras. En fin, con la limitada información disponible no es posible valorar con rigor los resultados de esta importante iniciativa.

El balance de estos diez años de las actividades de I+D de los sectores público y privado en Andalucía es muy positivo en cuanto al gasto que se ha dedicado. Se partía, es cierto, de niveles muy bajos, pero se ha priorizado claramente esta actividad frente a otras. Es necesario, no obstante, disponer de mayor información microeconómica para realizar una evaluación del impacto económico sobre la actividad productiva.

A pesar de la distancia que en términos agregados nos separa del resto de España y de la UE, no hay que simplificar el análisis y tener como referencia exclusivamente el gasto con relación al PIB. Después de todo, el peso de nuestro gasto en I+D en España es ya superior al del PIB. Andalucía continuará durante muchos años con niveles de gasto alejados de los principales territorios españoles y europeos. Pero más importante para el éxito de esta política y para nuestro futuro, es que el gasto publico sea lo más eficiente posible y que muchas más empresas se involucren en actividades de I+D.

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