El artículo 43 de la Constitución y el 22 del Estatuto de Autonomía hablan del derecho a la protección de la salud a través de un sistema sanitario público universal. El Gobierno andaluz, con el presidente Griñán a la cabeza, entienden que el Ejecutivo central está vulnerando el concepto jurídico y su concreción competencial. Por ello, la Junta va a interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la norma base de la reforma sanitaria del Ejecutivo de Rajoy, que sería el origen de la controversia: el Real Decreto-Ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Griñán anunció ayer en la localidad almeriense de Los Gallardos que la Junta adoptará hoy esta decisión y dio sus motivos: "Entendemos que con este decreto, el Gobierno central va a desmontar el Sistema Nacional de Salud y a dificultar el acceso efectivo de la ciudadanía a los servicios sanitarios". En palabras de Griñán, el Real Decreto-Ley "vulnera" la Constitución al "no garantizar" el derecho de todos los españoles a su acceso a la protección de la salud reconocido en la Carta Magna y se lo hurta "a los inmigrantes y los colectivos más desfavorecidos".

Además, el presidente de la Junta, que inauguró un centro de salud en la localidad almeriense, apuntó que la norma "invade competencias autonómicas en alguno de sus articulados ya que el Estatuto de Andalucía recoge el acceso directo a los servicios sanitarios de toda la población". Griñán afirmó que el recurso no se debe interpretar como un elemento de "confrontación" con el Gobierno central, sino que "se trata de seguir defendiendo un modelo y de mantener un sistema sanitario universal, eficiente y que aporta bienestar, riqueza y salud. Todos los andaluces nos sentimos orgullosos de él".

El debate de superficie en torno a la reforma sanitaria del Gobierno sostenido por el PP -que niega que suponga una merma de derechos y sí defiende su carácter de cortafuegos de los abusos y de elemento racionalizador del gasto público- tiene lugar alrededor de dos elementos claramente identificados ya en la misma exposición de motivos del decreto del Ministerio de Sanidad: hasta la fecha no habría habido control sobre el uso de los recursos sanitarios públicos por parte de los extranjeros (especialmente los que están en situación irregular) y los españoles consumen hasta el despilfarro (a tenor de los datos de recogida selectiva de residuos), demasiados medicamentos. De ahí nacen las polémicas sobre la atención sanitaria a los inmigrantes y el rediseño del copago farmacéutico. Pero está teniendo lugar además un debate de fondo en torno a esta reforma, menos visible pero de mayor calado: el viraje conceptual de la prestación sanitaria pública desde un modelo de protección social universal a otro de aseguramiento centrado en la cotización a la Seguridad Social y la segmentación de la cartera de servicios serían, a ojos de la sensibilidad política que respalda al Ejecutivo de la Junta, verdaderas cargas de profundidad que sacrificarían la equidad en el acceso a la asistencia sanitaria en aras de la competitividad del sector empresarial de la salud como impulsor del PIB nacional. Asunto que, seguro, saldrá mañana en la reunión de la ministra Mato con las comunidades autónomas para avanzar en el desarrollo del decreto-ley de la reforma.