Las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el papel que pudo desempeñar el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en la trama de los ERE durante su etapa como consejero de Economía abarcan varias líneas de investigación presentes y futuras. Así lo anuncian los propios investigadores en el atestado remitido la semana pasada a la juez Mercedes Alaya -que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos- y en el que pusieron de manifiesto que José Antonio Griñán, siempre en su etapa de titular de Economía (de 2004 a 2009), debía de conocer los importantes reparos que la Intervención General de la Junta había puesto al sistema de transferencias de financiación por el que se concedían las ayudas públicas que, según el propio instituto armado, beneficiaron "a personas vinculadas políticamente" o por razones familiares o de amistad.

En el atestado policial, que tiene una extensión de 304 folios y que se acompaña de 49 anexos de documentación, los agentes señalan que al margen de indagar sobre si el consejero conocía esos reparos de la intervención General, "se continúa investigando la participación/conocimiento del titular de la Consejería de Economía en éste y otros aspectos como los relacionados con la forma de financiar a la Agencia IFA/IDEA como caja pagadora de las ayudas, o la correcta actuación de la Intervención General de la Junta de Andalucía". Los investigadores anuncian que de todos estos aspectos informarán "en futuros atestados".

El atestado de la Guardia Civil recuerda que el titular de la consejería de Economía era uno de los destinatarios de los informes del interventor general, aunque éstos se remitían en realidad a la viceconsejera, Carmen Martínez Aguayo, para que se los trasladara al propio consejero.

La Guardia Civil también aclara que el titular de la Consejería en la que estuvo adscrito el IFA/IDEA (Empleo y Desarrollo Tecnológico hasta 2004; Innovación, Ciencia y Empresa hasta 2010 y desde entonces en la actualidad Economía, Innovación y Ciencia) era otro de los destinatarios de los informes de la Intervención General y concluye que también tendría que haber sido destinatario de los "informes de actuación" que, a juicio de la UCO, "debieron ser confeccionados por la Intervención General de la Junta ante la no adopción por parte del IFA/IDEA de las medidas necesarias para solventar las deficiencias observadas, y ante la apreciación de circunstancias que provocaron un importante menoscabo de fondos públicos". En este punto, el informe señala que en la memoria de IDEA de 2004 se recoge un déficit presupuestario que asciende a 93 millones de euros en el convenio marco suscrito con la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo.

En cualquier caso, para los investigadores de la UCO la "implantación temprana" de las medidas propuestas por la Intervención General "habría evitado el descontrol en la gestión y tramitación de las ayudas, y los desfases presupuestarios habido que han supuesto un importante perjuicio para los fondos públicos gestionados".

Junto a este extremo, la Guardia Civil advierte de que también se continúa investigando la "participación/conocimiento concreto de los titulares de las distintas consejerías de adscripción de la Agencia en éste y otros aspectos como los relacionados con la financiación de las ayudas o la correcta actuación de IFA/IDEA", algo que también será objeto de análisis en nuevos atestados policiales.

En cuanto al papel "esencial" que la Guardia Civil atribuye al ex consejero de Empleo José Antonio Viera en la trama de los ERE, los investigadores indican que éste es "señalado por distintos imputados como creador e impulsor de la fórmula del convenio marco", aspecto que se estudia en el atestado que se elaborad sobre la adjudicación de ayudas a la Sierra Norte de Sevilla, "a las que de una forma y otra estaría vinculado".