El Gobierno central anunció ayer que los 1.000 millones de anticipo solicitados por la Junta de Andalucía llegarán, pero "buena parte" estarán "insertos" en el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Con esta fórmula, adelantada en el Congreso de los Diputados por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se forzará así a la Administración andaluza a que no tenga más remedio que acudir al rescate acuciada por sus problemas de tesorería, y que tiene su primer escollo el próximo 4 de octubre, cuando tenga que hacer frente al pago de 600 millones por vencimientos de sus intereses de deuda. Algo para lo que Hacienda ha dado garantías de que no habrá ningún problema.

Aunque Montoro quiso situar esta maniobra en el marco de la "franqueza y lealtad" con la que está trabajando con la Junta, lo cierto es que ésta prefirió guardar silencio absoluto y no pronunciarse hasta no temer más información. No es que el Gobierno le haya denegado el anticipo, pero también es cierto que su petición es la de un adelanto de la participación de los ingresos del Estado (PIE) que le corresponde como a cualquier otra comunidad, un concepto que no entraña nada más, mientras la obtención de liquidez a través del FLA sí que tiene consecuencias. En primer lugar, porque no deja de ser un crédito y habrá intereses que pagar, por muy razonables que estos sean, como así espera la Junta. Y en segundo, porque están por ver los mecanismos de control político que puede conllevar. Ambas cuestiones siguen aún en el aire a escasos días de que este fondo se active -se prevé para finales de septiembre o principios de octubre-, al igual que cuál será la utilidad final de este mecanismo de financiación, concebido inicialmente para que las comunidades hagan frente a su deuda financiera, pero que ahora parece ampliarse al pago de facturas pendientes con proveedores.

La propuesta de Montoro tiene además otra lectura política, y viene a encajar con la teoría del agravio a Andalucía que viene manejando la Junta. Cataluña y Valencia han recibido a lo largo de este año los anticipos que han solicitado de 1.800 millones y 1.400 millones, respectivamente, y han sido las primeras en tomar posiciones ante el rescate, solicitando 5.023 y 4.500 millones con cargo al FLA. Mientras tanto, Andalucía sólo ha recibido 294 millones de anticipo con cargo a la PIE, tiene la incógnita por despejar de cuántos de los otros 1.000 millones de anticipo acaban en el FLA del que, hasta ahora, se ha resistido a dar la cifra que pedirá, pero que siempre se ha movido en la horquilla de 3000 ó 4.000 millones. El segundo pilar en esta teoría del castigo a Andalucía es que parece que acabará recibiendo menos del Estado cuando es una comunidad que ha hecho los deberes y que está a la cola del endeudamiento por habitante: 1.833 euros por andaluz, frente a los 4.174 por valenciano y 5.829 por catalán.

Ante la posibilidad de que esa inclusión del anticipo andaluz en el FLA pueda ser malinterpretada, Montoro se apresuró a pedir que en ese marco de negociación "leal" con la Junta, el PSOE "apoye su planteamiento" para que el fondo "se convierta en un elemento fiable y seguro para facilitar la financiación de las comunidades".

El diputado socialista malagueño Miguel Ángel Heredia, que fue quien interrogó en la Cámara Baja a Montoro sobre este anticipo, le exigió que solucione los problemas de financiación de las comunidades "sin enfrentamientos y sin discriminación", y que no se valga de la "asfixia financiera" para "doblegar" la voluntad democrática de los andaluces, que impidió al PP gobernar en Andalucía.