La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), dependiente de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, ha despedido de manera disciplinaria y con inhabilitación a Manuel Blanco, actual director general de la sociedad mixta Mercasevilla, por sustraer, durante su etapa en la que ocupaba un cargo directivo en dicha agencia, "información confidencial" relacionada con el caso de los ERE, donde se investiga la presunta trama de prejubilaciones ilegales descubierta en expedientes de regulación de empleo.

Blanco, que había sido expedientado por IDEA y actualmente esta en excedencia de la Agencia, ya ha recibido traslado de dicha decisión administrativa, según han indicado fuentes cercanas al proceso, quienes han explicado que en el caso del presunto robo de documentación por un directivo de Mercasevilla, la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, para "clarificar las circunstancias que rodean este caso" ha trasladado puntualmente al Juzgado de Instrucción número 6, que investiga el llamado caso de los ERE, "toda la información solicitada y de oficio también se le ha remitido informe y documentación cuando se ha observado cualquier indicio de irregularidad". 

No obstante, la Junta, al constatar que la información contenida en las actas de los órganos rectores de IDEA y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) "estaba siendo hecha pública de manera sesgada y parcial, y que el origen de ese material podía ser irregular", por lo que inició en octubre de 2011 la correspondiente investigación interna. Así, se comprobó si las personas con acceso a esa documentación "habían cumplido con el deber de custodia establecido tanto en la legislación general, esto es, Estatuto de los Trabajadores, Estatuto Básico del Empleado Público, como la propia de la Junta de Andalucía". 

Como resultado de esa investigación se han advertido "graves deficiencias" en la custodia por parte de un trabajador de la Agencia IDEA, por lo que se inició la apertura de un expediente disciplinario ante la presunta comisión de una "serie de hechos de carácter irregular y culpable susceptibles de considerar como infracciones de carácter muy grave". En concreto, se ha podido constatar la "copia/sustracción de información" a un dispositivo externo (pen-drive), así como la "eliminación de información de carácter confidencial en su equipo informático, y la alteración y eliminación de ficheros, información, datos y documentos electrónicos propiedad de la Agencia IDEA".

Las fuentes del caso apuntan que una vez practicado el pertinente trámite de prueba y notificación, habiéndose valorado en el informe instructor las alegaciones formuladas y recibido el citado informe con propuesta de sanción y a la vista de las "gravísimas irregularidades cometidas", se ha procedido a comunicarle a este funcionario, Manuel Blanco Montenegro la decisión de "despido disciplinario", que comportará además la "inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las que desempeñaba". Las fuentes agregan que el trabajador al que se le abrió expediente disciplinario y finalmente sancionado se encontraba hasta la fecha en excedencia voluntaria, por estar desarrollando su labor profesional en el ámbito de la Administración local, como cargo directivo y personal de confianza, al ser director general de Mercasevilla. 

Fuentes cercanas al caso han agregado las fuentes que la Agencia IDEA ha remitido "tres envíos de material a través de la Policía Judicial y en otros 12 a través de los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía, incluyendo los 2.479 folios que comprenden las copias integras compulsadas de las 114 actas del consejo rector del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) desde 2001 hasta la actualidad". Ha agregado que en 2012 se han realizado otros cinco envíos de documentación. 

Han precisado que esas actas "contienen, además de los temas específicamente relacionados con la investigación judicial, otra serie de datos relacionadas con empresas y personas físicas completamente ajenos a la investigación judicial", de manera que "se trata de documentos que requieren un tratamiento confidencial, a fin de no vulnerar derechos fundamentales de personas y empresas". 

Ya la Junta de Andalucía apuntó que los documentos sustraídos "eran exactamente los mismos documentos oficiales que esgrimió el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, que el grupo parlamentario popular solicitó posteriormente en el Parlamento, y que un mes más tarde solicitó la jueza encargada del caso". Recordaron que sobre esos documentos "existe un deber de custodia", lo que supuso el inicio de la investigación interna que ahora culmina con el despido disciplinario de Blanco.