La Consejería de Empleo concedió con fines de formación el 20 de diciembre 2010 un total de 67 subvenciones irregulares por 2.988.791 euros a la firma Industrias Turísticas de Andalucía Sociedad Anónima (Inturan S.A.), de Córdoba, después de que esta entidad privada utilizara distintas ayudas públicas anteriores de forma presuntamente fraudulenta para evitar la quiebra técnica. Todo ello se desprende de la documentación y los informes de la propia sociedad y de la Junta.

Las ayudas que recibió esta empresa, cuyo titular es Vicente Carmona, actual adjudicatario de la explotación del Palacio de Congresos de la ciudad y presidente del Consorcio de Turismo de Córdoba, se gestionaron de forma irregular por tres razones: los fondos recibidos en 2009, otros 1,5 millones de euros a sumar a los casi tres ya citados, se utilizaron para tapar el déficit de las cuentas de ese ejercicio antes de aplicarlos para los fines a los que estaban destinados durante 2010; la firma no estaba al corriente del pago de la Seguridad Social, a la que debía en torno a medio millón cuando se le concedieron las subvenciones, y empleó de forma presuntamente fraudulenta las aportaciones de la Junta para evitar la quiebra técnica, a la que habría llegado si no hubiese computado los 1,5 millones como ingresos para un ejercicio en el que no dio ni un curso.

Para ir a la raíz de todo este proceso hay que remontarse a las cuentas anuales de 2009, depositadas en el Registro Mercantil de Córdoba. La Junta concedió el 30 noviembre de aquel mismo año, entre otras ayudas, una subvención de 1.285.575 euros para la realización de 23 cursos de formación. A esta cantidad hay que sumarle además otros 310.619 euros por el mismo concepto en distintas partidas.

El uso de estos fondos se desarrolló durante 2010, aunque la empresa utilizó estas cantidades para consignarlas como ingreso en 2009 y enjugar así el déficit de ese ejercicio. Eso posibilitó que pudiera seguir así optando a convocatorias futuras, como así ocurrirá al año siguiente. En concreto, se le concedieron los casi tres millones de euros de forma irregular. Incluso con el uso presuntamente fraudulento de estas cantidades, Inturan arrojó balance negativo en 2009, pues perdió 82.529 euros. Pero no es ésta la base de la irregularidad, pues las ayudas de esta naturaleza tienen que aplicarse como ingresos en las cuentas del ejercicio en las que se conceden. Si se gastan en 2010, se deben contabilizar en 2010, no en 2009 como hizo Inturan.

Todo ello ocurre en un año en el que la empresa declara una deuda con la Seguridad Social de más de medio millón de euros. Es posible que la Junta, al conceder estas subvenciones, no conociera esta circunstancia y que no saltaran las alertas, pero cuando se concedieron los tres millones no se reclamó ni la cantidad anterior ni que la empresa estuviera al corriente del pago de un concepto tan sensible como éste. En cualquier caso, en el BOJA de 3 de noviembre de 2009 se recuerda que para percibir estas subvenciones y aparte de los requisitos expresados en la normativa para recibir estas ayudas, no se puede tener en periodo ejecutivo ningún tipo de deudas de derecho público frente a la comunidad autónoma de Andalucía ni frente a la Seguridad Social. Sólo 27 días después se libraron 1,2 millones de euros para Inturan. Solo el asunto de la deuda con la Seguridad Social hubiera bastado para denegar todas las subvenciones que recibió.

Si la empresa hubiera contabilizado de forma adecuada las ayudas, es decir, si las hubiera consignado en 2010 tal y como exige la normativa, habría tenido unas pérdidas de más de 1,6 millones de euros en 2009. Eso habría descapitalizado la firma, dejando su patrimonio neto en algo más de 1,5 millones negativos, lo que supondría una situación de quiebra técnica. Una prueba más de la mala praxis de la Junta a la hora de conceder las subvenciones es que Empleo conocía -o debía conocer- antes de conceder las ayudas que los auditores que valoraron las cuentas de Inturan deciden denegar su opinión sobre el informe del ejercicio de 2009 que presenta la empresa. El informe de los auditores precisa que "de acuerdo con los principios y normas contables generalmente aceptados en España, el registro de los ingresos de las subvenciones se debe realizar de forma correlativa a los gastos soportados por dichos conceptos. Si bien la sociedad no nos ha confirmado la bondad de dichos saldos, no hemos dispuestos del soporte documental necesario para probar la correcta correlación de ingresos y saldos". A continuación, los auditores renuncian a expresar una opinión sobre las cuentas. Ello supone que Inturan no fue capaz de aportar documentación a los auditores sobre los cursos cargados a las subvenciones que se firmaron el 30 de noviembre de 2009, por lo cual ese dinero no debía haberse contabilizado como ingreso en ese año, sino en el siguiente. Esta utilización irregular de las subvenciones de la Junta no fue óbice para que Inturan voviese a recibir más ayudas, las de los casi tres millones de euros. Son los citados casi tres millones de euros. Pese al aviso de auditores acerca de una contabilidad irregular y a la presunta ocultación de esta quiebra técnica, Empleo concedió 2.988.791 euros a Inturan.

Según manifestó ayer el único socio de Inturan, Vicente Carmona, "todas nuestras subvenciones son limpias y están auditadas por una empresa externa". Respecto a la praxis de asignación y justificación de gastos, Carmona dijo que "está reconocida por nuestros auditores". El socio de Inturan señaló que "una cosa son los criterios para la concesión de subvenciones y otra los nuestros de contabilidad interna". Respecto a la deuda con la Seguridad Social, Carmona dijo que "está avalada con una garantía hipotecaria".