La modificación de un decreto de la Junta habilitará a los ayuntamientos andaluces para que controlen en su planeamiento la proliferación de viviendas con fines turísticas en sus términos, siempre que argumenten razones de "interés general". También las comunidades de vecinos podrán impedir esta actividad en sus inmuebles. Son las principales novedades de la normativa que prepara el Gobierno autonómico ante la "demanda social" que ha provocado un fenómeno que ha "distorsionado el modelo turístico de Andalucía", según ha admitido a este periódico el consejero del área Arturo Bernal.

El titular de Turismo, Cultura y Deportes pretende que los cambios en la reglamentación vigente los apruebe el Consejo de Gobierno de la Junta en el plazo de un mes. Después, el decreto pasará a información pública y también deberán pronunciarse organismos como la Agencia de la Competencia de Andalucía, además de consejerías como Economía y Hacienda y Medio Ambiente. 

La respuesta del Ejecutivo andaluz a la presión que desde hace tiempo ejercen consistorios, asociaciones de vecinos, usuarios y consumidores que claman por una regulación de las viviendas turísticas. El ruido por las fiestas, la atracción del llamado turismo de borrachera, el alza de los precios de los alquileres que expulsa de algunos barrios a sus residentes y complica la viabilidad de sus estudios a los universitarios son realidades fáciles de constatar.

En el otro fiel de la balanza, los 21.000 euros anuales que puede rentar como beneficio un apartamento con una elevada frecuencia de reservas, según la estimación del portal Airbnb. En el caso del Ayuntamiento de Sevilla, la citada agencia de la competencia, adscrita administrativamente a la Junta, presentó un contencioso judicial contra la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aprobado con ese fin por la capital hispalense.

El futuro decreto prevé que los gestores de las viviendas sean los responsables ante la Administración

El Ayuntamiento sevillano modificó su plan, que entró en vigor en junio, para incluir a todos estos inmuebles como servicio terciario de hospedaje y que tuvieran que cumplir los mismos requisitos que un hotel. También impugnó la norma la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVAPro) al entender que discriminaba al sector. 

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, también venía demandando desde hace meses la intervención autonómica. El regidor no quiere más viviendas de este tipo en la ciudad y apuesta por los hoteles. Se da la paradoja de que en el centro de la urbe se contabilizan 4.260 residentes mientras que la oferta de alquiler vacacional asciende a casi 4.800 viviendas.

Los problemas de saturación alcanza a Granada. Y en algunas localidades de Cádiz han visto descender su porcentaje de vecinos al tiempo que crecía en una proporción de dos dígitos la oferta vacacional. Por contra, el sector alega que el negocio genera casi 25.000 empleos directos e indirectos y mueve más de 1.300 millones al año. Son más de 84.000 los pisos registrados en la región con un total superior a las 440.000 plazas.

El consejero de Turismo, Arturo Bernal.

El borrador definitivo que ha elaborado la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes modificará los decretos de febrero de 2016 y enero de 2010 que hacían referencia a las viviendas con fines turísticos (VFT) y establecimientos de apartamentos turísticos. El equipo actual ha desestimado continuar con la norma que en abril pasado aprobó el anterior consejero Juan Marín al entender que no respondía a los problemas actuales. Son cinco los objetivos que se propone alcanzar con la nueva: la calidad en el servicio, la convivencia vecinal, la responsabilidad de los gestores que exploten los inmuebles, la autonomía de los ayuntamientos para intervenir en el mercado y el control de las unidades de alojamiento.

Bernal asegura que los técnicos han estudiado la normativa europea sobre la materia y todas las sentencias dictadas por el Supremo y los tribunales superiores de comunidades autónomas para proporcionar seguridad jurídica a los municipios. La última esta misma semana a favor del Ayuntamiento de Palma en Baleares. En ese sentido, insiste en que los ayuntamientos podrán limitar el número de VFT en sus planeamientos siempre que las medidas sean "proporcionales y necesarias por razones de interés general". 

"Les damos un marco para el uso de competencias, eludiendo los problemas con las sentencias. Podrán establecer sus limitaciones, el número de VFT, la protección de zonas residenciales ante la saturación de los espacios", explica el consejero que también defiende que otros ayuntamientos puedan optar por fomentar este tipo de alojamientos si responden a sus intereses. 

El decreto también otorgará potestad a las comunidades de propietarios para que tomen acuerdos limitativos de la actividad turística en sus bloques, siempre que las decisiones se adopten conforme a la ley de propiedad horizontal. Uno de los puntos novedosos de la norma se refiere a la introducción de la figura de la empresa gestora de estas viviendas, que aparecerá como la responsable ante a las administraciones, los vecinos y los usuarios. Y no tienen porqué ser los propietarios de los pisos. 

Además, se obliga a que todas las VFT se incluyan en un registro y a que esos números figuren en los canales en los que las plataformas publicitan los inmuebles, algo que, según Bernal, hay resistencia a cumplir en al actualidad. Las viviendas que se oferten, además de un mínimo de metros por persona que se aloje, deben disponer de aire acondicionado y calefacción y de sistemas para combatir incendios. 

La Junta ha realizado consultas técnicas con la Confederación de Empresarios de Andalucía, hoteleros y la asociación de vivienda turística. El fenómeno de las VFT ha desbordado a la propia administración autonómica. Sus estadísticas oficiales, en la que computa las estancias, no cuentan con los números económicos de estos establecimientos extrahoteleros, cuando ya suponen más de la mitad de la oferta para los viajeros que llegan a la comunidad.