La Ley de Economía Circular introduce criterios ecológicos en la contratación pública, establece nuevos objetivos de reciclaje y medidas para impulsar la reconversión de los residuos en subproductos para posibilitar su reutilización, además de dar nuevas pautas en la gestión de las aguas. Son algunas de las cuestiones destacadas de una norma que ha iniciado este miércoles su tramitación parlamentaria con el debate de las enmiendas a la totalidad (solo una, de Vox, que ha sido rechazada) y que cuenta con un montante de 43 millones de euros en el proyecto de Presupuestos de 2023. 

La Ley reinicia su tramitación después de que en el periodo anterior de sesiones decayera al adelantarse la convocatoria electoral. Y nace con el objetivo, ha remarcado el consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco, de "dar un marco legal a empresas e instituciones, alargar la vida útil de los productos y optimizar los procesos productivos de las empresas".

Entre los instrumentos para conseguir ese cambio está la contratación pública ecológica, con la inclusión de cláusulas medioambientales en los contratos públicos de bienes y servicios. Así, se tendrá en cuenta que los productos o servicios se encuentren inscritos en el Registro Público Andaluz de análisis de ciclo de vida (de nueva creación), que cuenten con la etiqueta ecológica de la UE y cumplan unos criterios mínimos de durabilidad y reparabilidad, o que el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero de la organización por parte del licitador esté acreditado en el marco del Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones.

Ese Registro Público Andaluz será una forma de "animar a productores a vender como un atractivo más de su producto o servicio ese reaprovechamiento de los residuos", ha destacado el consejero de Sostenibilidad, quien ha agregado que la Ley llevará además aparejada la constitución del Centro de Innovación Digital como un espacio en el que "interconectar instituciones públicas y empresas privadas para dar impulso, entre todos, a la investigación, la innovación y las prácticas relacionadas con la economía circular".

La norma también simplifica procedimientos para la declaración del fin de la condición de residuo de un elemento y su consideración como subproducto para permitir su reutilización. Algo que "favorece nuevos nichos de mercado, para la recogida, transporte o tratamiento de estas materias que antes acababan en vertederos", ha destacado. La agilidad administrativa es uno de los objetivos de un texto que aporta seguridad jurídica, evitando "recursos en los tribunales, al revés que el antiguo Reglamento de Residuos, que tiene 17 sentencias en contra".

El proyecto "no invade la autonomía local", pero buena parte de sus preceptos tendrán que aplicarlo las administraciones locales. Se transponen objetivos concretos y cuantificables de diferentes directivas europeas sobre residuos, aún no transpuestos a la normativa nacional. Se establecen medidas como la prohibición de admitir en vertederos a partir de 2030 los residuos aptos para el reciclado u otro tipo de valorización, en particular los residuos municipales, y se establecen nuevos objetivos y criterios para la recogida separada de residuos.

Otro de los capítulos de la ley se dedica a la circularidad de las aguas, buscando "una mejora en la eficiencia de la gestión", la reducción de las pérdidas en las redes de distribución o el impulso a la regeneración de agua para, por ejemplo, regar parques y jardines. 

El proyecto prevé la elaboración de una Estrategia para la Economía Circular y planes locales al respecto. La gestión de las políticas y actuaciones previstas correrá a cargo de una Oficina Andaluza de Economía Circular. Entre otras cuestiones, gestionará los proyectos empresariales de economía circular que sean declarados de interés estratégico, que contarán con una tramitación prioritaria y se beneficiarán de una reducción de los requisitos exigidos.

Según ha destacado el consejero, ya para 2023 hay inversiones presupuestadas en el marco de la economía circular por 43 millones de euros: 24 millones para tratamiento de residuos (contenedor marrón, mejora tratamiento, subvenciones a entidades locales) y 18 millones para nuevas infraestructuras de economía circular, puntos limpios o sellado de vertederos".

Enmienda de Vox

El portavoz adjunto de Vox, Javier Cortés, ha argumentado la enmienda de su grupo en que este está comprometido con el medio ambiente "pero sin fanatismo" y sin que las políticas que se acometan en esa línea "recaigan en el bolsillo de la gente". En este sentido, ha criticado que la norma toma como principio "rector" la Agenda 2030, que "obliga a nuestro campo e industria a acatar el fanatismo climático" y que "persigue acabar con la propiedad privada de los bienes que los españoles eligen adquirir libremente".

La diputada del PSOE-A Mercedes Gámez ha lamentado que con esta ley se ha vuelto "a la casilla de inicio" y comienza "desde el principio" su tramitación parlamentaria por la "prisa" que, según ha criticado, le entró al presidente de la Junta, Juanma Moreno, para disolver el Parlamento. También ha criticado la falta de financiación para las entidades locales y que el proyecto es "poco ambicioso".

Para Por Andalucía el proyecto de ley es una buena noticia. Su portavoz adjunto, Juan Antonio Delgado, ha reclamado que se impulse una ley "pionera y moderna" y ha asegurado que intentarán mejorar el proyecto con enmiendas parciales. 

Finalmente, el parlamentario del PP-A José Ramón Carmona ha valorado el "trabajo extraordinario" del Gobierno andaluz en torno a esta ley tanto en la anterior legislatura como en la actual, así como ha subrayado que, tras superar su debate de totalidad, se podrán incluir "novedades" en el proyecto vía enmiendas parciales de los grupos durante su tramitación parlamentaria.