Ojeda acude de nuevo a declarar a la Policía por el fraude de los cursos

El ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda Avilés acudió ayer a la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental, donde se acogió a su derecho constitucional a no declarar tras ser imputado en la nueva operación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional contra el fraude en los cursos de formación.

Ojeda acudió a la jefatura sobre las diez de la mañana, donde le imputaron delitos de malversación y contra la Hacienda Pública en relación con el fraude de los cursos de formación, hechos por los que se acogió a su derecho a no declarar. Se trata de la segunda ocasión en la que la UDEF imputa a Ojeda, al que llegó a detener en agosto del año pasado en la operación Óscar, y el ex consejero es otro de los ex altos cargos cuyas imputaciones está repitiendo la Policía, después de que la Guardia Civil llevara a cabo en marzo pasado la denominada operación Barrado bajo la dirección de la juez Mercedes Alaya.

Con posterioridad, la juez Alaya le imputó en la causa de los cursos de formación que ella misma instruye. Alaya acusó a Ángel Ojeda de usar "sus influencias en la Junta" para hacerse con ayudas por importe de más de 33 millones "en poco más de año y medio" en relación con la formación de los ex trabajadores de Delphi.

En el auto dictado el pasado 11 de septiembre, la magistrada fundamenta la imputación de Ángel Ojeda en el informe de la dirección general de la Inspección de Trabajo, que alertó del "grave perjuicio" que se había ocasionado para el patrimonio de la Seguridad Social, al presupuesto del servicio de empleo estatal y para el presupuesto de la Junta de Andalucía por conceder ayudas a la formación incumpliendo la normativa específica prevista para estas subvenciones otorgadas a las empresas de Ojeda.

La Policía detuvo ayer a siete personas en Huelva y otras seis fueron imputadas en Sevilla en el marco de la Operación EDUende, en la que se investiga un supuesto fraude masivo en la concesión de subvenciones para cursos de formación en Andalucía. Todos estos nuevos detenidos son administradores de empresas que recibieron ayudas a las actividades formativas y se suman a los 23 arrestos del martes y a los 36 detenidos y tres imputados del pasado lunes.

En esta operación, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional prevé unos 140 arrestos en toda Andalucía en los próximos días.

De otro lado, el jefe de servicio de Formación en la delegación de Empleo de Granada ente los años 2077 y 2011, Magín Bolívar Medina, aseguró ayer a la juez Mercedes Alaya, que le ha imputado en la causa de los cursos de formación, que apreció una "falta de atención" en sus superiores respecto al volumen importante de subvenciones pendientes de justificar, que ascendía a casi 44 millones en diciembre de 2012. El ex jefe de servicio explicó en su declaración que había llegado a proponer a sus superiores la creación de una "unidad de control externo de la gestión económica, ya que se gestionaban muchos millones de euros" en dicho servicio y él "sabía que era muy abultado el volumen de subvenciones pendientes de justificar". Magín Bolívar añadió que notó en sus superiores una "falta de atención sobre las inquietudes que mostraba muy frecuentemente sobre el volumen importante de justificaciones pendientes" y precisó que "nunca recibía una respuesta específica", por lo que a su juicio existía una "laxitud" por parte de sus superiores.

Ante Alaya también comparecieron Antonio Juan Vidal Agarrado, José Ángel Gil Flores, y José Luis Valentín, jefes de servicio de Formación de Cádiz, Huelva y Jaén, respectivamente, quienes se acogieron a su derecho constitucional a no declarar.