Pedro Sánchez garantiza el criterio de población ajustada para reformar la financiación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado esta mañana que la reforma del sistema de financiación autonómica tendrá en cuenta criterios "objetivos" en términos de población ajustada "para que no haya críticas por parte de ningún Gobierno autonómico".

En una entrevista en TVE, Sánchez se ha referido de esta manera a la reforma del sistema de financiación autonómica y a la condonación de la deuda a las comunidades que acordó con ERC para su investidura.

El presidente del Gobierno ha garantizado que los criterios que se utilizarán en la reforma del sistema serán "objetivos" en términos de población ajustada. "Este tipo de cuestiones para que no haya críticas por parte de ningún Gobierno autonómico", ha añadido.

Y sobre la condonación de la deuda a las comunidades que se pactó con ERC, Sánchez ha asegurado que desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública se están ultimando y concretando los detalles para llevarlo a cabo a todas las regiones.

"El que nosotros tengamos una carga en el pago de los intereses de la deuda de esas comunidades autónomas va a aliviar y va a dejar espacio a las comunidades autónomas para que se centren en estas políticas sociales tan necesarias para un país que sigue teniendo una tarea pendiente que es la desigualdad entre nuestros compatriotas", ha sostenido.

Andalucía defiende este criterio

A la hora de abordar la reforma del sistema de financiación autonómica existen al menos tres bloques de comunidades que reclaman que primen distintos criterios.

Por un lado, están Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha y Aragón, que defienden que en su territorio se afronte el reto demográfico con mayor intensidad y que se tenga más en cuenta la dispersión de población. De hecho, llegaron a celebrar un foro para reclamarlo así al Gobierno central cuando Alberto Núñez Feijóo era presidente de Galicia.

Otro grupo de regiones son Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana, que defienden una reforma que niveles las diferentes del actual sistema dado que por población ajustada "tendrían una mayor capacidad de tener los recursos suficientes".

Por último, se encuentran Baleares, Cataluña y Madrid, que, desde el Gobierno apuntan que "son de signo político muy distinto" y que quieren tener en cuenta el denominado principio de originalidad en la aplicación de las medidas de nivelación.