Ninguna participación en la inclusión de intrusos en los ERE y el desconocimiento de la falta de procedimiento en las ayudas, fueron los argumentos que utilizó para desvincularse de este caso el ex parlamentario del PSOE Ramón Díaz, que ejerció como asesor laboral en la Dirección General de Trabajo (Dgtss) en la etapa en la que estuvo al frente Francisco Javier Guerrero.

Ante la Guardia Civil, Díaz declaró que fue sólo un mediador en conflictos laborales, y que "su papel finalizaba en la negociación", orientada a que "la financiación pública fuera la mínima" en caso de que se resolviera por una ayuda sociolaboral -mantuvo que en el 80% de los conflictos se resolvió sin dinero público y negó participación alguna en las ayudas a empresas -. Al ser interrogado por la falta de criterio que pudo haber en la concesión de éstas, aseguró desconocer la Ley de Subvenciones, por lo que "no era consciente de la falta de procedimiento". También constató que "la falta de seguimiento era una dinámica" que había en esta Dirección General, y que tampoco existía ningún órgano de control del buen uso de esos recursos públicos.

Sobre su posible vínculo a la inclusión de intrusos en los ERE de Calderinox, Anovo Comlink, SAT Virgen del Espino y Saldauto, negó tal extremo y aseguró que supo de la figura de los intrusos cuando el caso se publicó en la prensa.