Una nueva crisis zanjada a favor de Alaya, como cuando fue recusada y todas las instancias judiciales le dieron la razón a la instructora del caso de los ERE fraudulentos. Victoria, pero con matices. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha impuesto a la juez Mercedes Alaya la obligación de informar periódicamente y en un plazo no superior a dos meses sobre el estado en que se encuentran las cuatro macrocausas que instruye en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, todo ello con la finalidad de que no se dilate la instrucción de estos procedimientos, entre los que se encuentran el de los ERE fraudulentos y el delito societario que se atribuye al ex máximo accionista del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera.

La Sala de Gobierno del Alto Tribunal andaluz dictó en su reunión de ayer un acuerdo en el que aprueba la propuesta de Mercedes Alaya de seguir instruyendo las cuatro causas -a las anteriores se unen las relacionadas con el delito societario de la empresa pública mixta Mercasevilla y la venta de los suelos del Mercado- y de retirar a uno de los dos jueces de Adscripción Territorial (JAT) que estaban destinados en su juzgado.

El acuerdo del Alto Tribunal, según informado el propio TSJA, recuerda a la juez Alaya la "importancia de que no se dilate la instrucción de las causas que tiene asignadas", si bien la sala de gobierno es "consciente de su complejidad y extraordinaria dedicación" de la magistrada. La Sala de Gobierno precisa a la instructora que la finalidad que se pretende consiste en que el proceso penal "se ajuste a pautas temporales razonables y asegurar que la acción de la Justicia cumpla su función constitucional con la máxima eficacia".

Por ello, ha decidido imponer a la juez que informe periódicamente a la Sala de Gobierno, en un plazo no superior a dos meses, "sobre la medida de apoyo o refuerzo adoptada, a efectos de conocer su efectividad y si es bastante a los fines de la normalización perseguida en el referido órgano jurisdiccional para, en su caso, proponer al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) otras medidas pertinentes".

El acuerdo del TSJA mantiene la competencia de Alaya para instruir las cuatro macrocausas, como no podía ser de otra manera, al tratarse del "juez natural y ordinario predeterminado por la ley", todo ello sin perjuicio de que la magistrada colabore con el juez de apoyo y ejerza funciones de sustitución interna, argumenta el Alto Tribunal andaluz.

En cuanto a los jueces de refuerzo que en los últimos meses y ante la ausencia de Alaya por su baja laboral estaban adscritos a su juzgado, la Sala ha acordado mantener uno de estos jueces durante un período de seis meses, que podrá prorrogarse por un plazo igual o inferior de tiempo y su cometido "se proyectará, con plena jurisdicción, en el trámite y resolución de los asuntos ordinarios correspondientes a dicho juzgado, incluidos singularmente todos los procedimientos de nuevo ingreso o pendientes de señalamiento; sin perjuicio de colaborar con la magistrada titular y ejercer funciones de sustitución interna".

En cuanto a cuál de los jueces de refuerzo, Ana Rosa Curra y Rogelio Reyes, se quedará en el juzgado, el acuerdo señala que será el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, quien designe al juez concreto "que deba apoyar al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y que, al mismo tiempo, valore destinar al segundo JAT para cubrir alguna de las vacantes existentes en Sevilla", concluye la Sala de Gobierno del Alto Tribunal.