Teletrabajo y trabajo en remoto, evaluación del desempeño con sanciones incluidas, permanencia en los puestos directivos ligada a la consecución de objetivos, acceso no solo basado en la memoria. La nueva Ley de Función Pública que este miércoles ha superado el trámite de enmiendas a la totalidad en el Parlamento de Andalucía incluye muchos conceptos novedosos para la regulación del empleo público en la Administración andaluza, pero también en los ayuntamientos y las universidades. Una norma que se marca como objetivo fundamental modernizar esa función pública, que nada tiene que ver con la recogida en la legislación actualmente vigente, que data de 1985, cuando los smartphones ni siquiera estaban en el imaginario del común de los mortales. 

Según ha explicado en el Parlamento el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, la Ley nace con varios fines: garantizar la seguridad jurídica -uniendo en una sola ley todas las normas de su régimen jurídico-; crear un ecosistema laboral para atraer el talento; eliminar rigideces burocráticas que retrasan los procedimientos de provisión y movilidad del personal; fomentar la formación continua de los empleados públicos; la transparencia como garantía al ciudadano; y flexibilizar y agilizar la prestación del servicio público haciendo posible la conciliación y aprovechando las oportunidades que ofrece la digitalización.

"Se trata de una Ley trabajada, generosa, con tremenda ambición. Quiere ser el gran instrumento de modernización pública de la comunidad autónoma", ha resaltado. El consejero ha destacado durante su intervención ante el Pleno del Parlamento como novedad la regulación de la dirección pública profesional, que "trata de evitar que el carné político, la amistad personal o el capricho de alguien se impongan sobre las capacidades técnicas para un puesto de dirección en el ámbito público". Al personal directivo se le exigirá además el cumplimiento de los objetivos, algo que afectará a su retribución variable e incluso a su continuidad en el puesto. Además, la selección se hará "por convocatoria pública". 

Para atraer y retener el talento, la norma incluye una de las demandas históricas del sector público: la carrera profesional. Se trata de que los funcionarios, tanto de carrera como interinos, tengan oportunidades de ascenso y promoción sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo, gracias a la percepción de un complemento por este nuevo concepto con un sistema de tramos según los resultados. Resultados que podrían llegar a implicar un cambio laboral en el caso de que sean muy negativos. La medición “se hará por un método objetivo que es la evaluación del desempeño” que persigue incentivar y premiar el buen trabajo. Una evaluación basada en la transparencia, objetividad, fiabilidad e imparcialidad, y que premiará conceptos como el grado de interés, la iniciativa o la participación, asegura la Junta.

El consejero también se ha referido a la regulación en esta norma del teletrabajo y el trabajo en remoto garantizando el cumplimiento de objetivos, la protección de los datos que se manejen y la necesaria desconexión digital para “evitar abusos por ambas partes”. “Nos tenemos que adaptar a los nuevos tiempos y aprovechar las oportunidades que van surgiendo, facilitando la conciliación de la vida personal y laboral desde la corresponsabilidad pero siempre desde la voluntariedad del trabajador, de la acreditación de las capacidades necesarias y garantizando la calidad del servicio”, ha defendido.

En cuanto a las pruebas de acceso al empleo público, la nueva norma pretende adecuarlas a las funciones a desarrollar en cada puesto y agilizar los procedimientos con una nueva modalidad de concurso abierto y permanente o la reducción de los plazos de convocatoria y resolución. “Ni tiene sentido convocatorias genéricas para puestos específicos ni tiene sentido pruebas basadas en la memoria”, ha señalado.

Sin enmiendas a la totalidad

La Ley ha seguido los pasos de la norma anteriormente debatida, de Policías Locales, y no ha contado con enmiendas a la totalidad. Pero sí con críticas. El diputado del PSOE-A Víctor Torres ha advertido al consejero que hay "múltiples escritos" que están llegando a los grupos parlamentarios sobre necesidades de mejora y la aparición de especificaciones en la ley que no habían sido acordadas con las organizaciones sindicales.

Vox ha encabezado sus criticas a la norma con un ataque a los sindicatos de clase, "de las mariscadas, los de la corrupción. Esos son los socios que se ha buscado para este proyecto", ha asegurado la parlamentaria Cristina Jiménez, que ha considerado que la ley es "manifiestamente mejorable".

El diputado del Grupo Por Andalucía José Manuel Gómez Jurado ha considerado que el debate de esta norma se tiene que abordar sin pausa, pero sin prisas. Ha expresado sus dudas sobre el concepto de "flexibilidad" laboral y no ha dejado la oportunidad de ironizar sobre el mérito como fórmula para escoger a los cargos directivos. "Esto se contrapone con el nombramiento de la señora Bosquet como presidenta del Ifapa", ha criticado.

El diputado del PP de Andalucía por Sevilla Juan Bueno ha cerrado defendiendo que el proyecto de Ley de Función Pública “es un texto muy negociado y muy trabajado, por eso nos gusta decir que no es la ley del PP, ni la del Gobierno actual, sino la ley del consenso y el diálogo”