La decisión del Tribunal Constitucional sobre el recurso que la Junta de Andalucía presentó contra la Ley estatal de Vivienda va mucho más allá de las disputas políticas. Por más que ambas administraciones, Junta y Estado, se sientan respaldadas por la decisión del Alto Tribunal y consideren que les ha dado la razón, la realidad es que esta discrepancia política tiene consecuencias directas en la vida de los andaluces.

O, más concretamente, en la vida de los andaluces que tienen una vivienda protegida o aspiran a comprar una de ellas en las promociones que se se están construyendo en la década 2020-2030, en el denominado Plan Vive de la Junta de Andalucía.

Porque podrán venderla a precio de mercado una vez que pasen 15 años desde su adquisición en el caso de las viviendas de régimen especial y alojamientos protegidos; 10 años en el caso de las viviendas protegidas de régimen general y 7 años para aquellas viviendas protegidas de precio limitado.

Unos plazos mucho más flexibles que los que planteaba el Gobierno central y que se establecía en 30 años para permitir la descatalogación de este tipo de viviendas que se adquieren con ayudas de las administraciones públicas, siempre y cuando se cumplan determinados requisitos.

Restricciones

Precisamente por estas ayudas públicas, la venta de estas viviendas están sujetas a una serie de restricciones que el Gobierno central hace más exigentes y el andaluz, más flexible. Se trata, en el fondo, de una cuestión ideológica sobre la que el Tribunal Constitucional ha determinado que cada Gobierno haga lo que estime oportuno en el ejercicio de sus competencias legales.

La Junta podrá seguir aplicando estos parámetros ya que, según el Estatuto de Autonomía para Andalucía, es la administración competente en materia de vivienda y la norma estatal invadía estas competencias.

Esto significa también que cada comunidad autónoma podrá regular este mercado como considere su respectivo plan de vivienda y, si no lo tuviera, tendría que adaptarse a la norma estatal.

El argumento de la Consejería de Fomento y Vivienda es que estos plazos de liberación de las viviendas protegidas suponen más flexibilidad en el mercado lo que favorece a los jóvenes, el colectivo más interesado en este tipo de inmuebles y que cambia más frecuentemente de lugar de residencia.

También entienden que estos plazos son más atractivos para los promotores de las viviendas ya que se activa el mercado de la vivienda en Andalucía, lo que también tiene beneficios económicos por el empleo que genera.

Y aportan datos para defender esta postura. Según informa la Consejería de Fomento y Vivienda, medidas como esta, unidas a las líneas de ayudas a promotores públicos y privados para la construcción de este parque de viviendas, ha permitido triplicar la certificación de pisos protegidos en la comunidad autónoma.

Entre los años 2014 y 2018 se iniciaron 3.216 viviendas, mientras que entre 2019 y 2023 han sido 10.258 viviendas. Según consta en el Plan Vive que aprobó el Consejo de Gobierno en junio de 2020, el objetivo hasta este año 2024 pasa por la calificación de 13.000 viviendas protegidas en Andalucía de las cuales 500 serían de autoconstrucción.

El dictamen del Constitucional anula tanto el artículo 16 como su desarrollo a través de la disposición transitoria. Eso permite que Andalucía "puede desarrollar sin injerencias la futura Ley de Vivienda en materias tan sensibles como vivienda protegida (desde la tipología, la catalogación, las características o los requisitos), pero también en parque público", según entienden desde el Gobierno andaluz.

La oposición opina

Los grupos políticos andaluces que apoyan al Gobierno central lo entienden de otra manera. El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, pone el acento en la regulación de los precios del alquiler de viviendas en las zonas tensionadas por el turismo.

“No hay ninguna decisión de política autonómica ni de política local; hay una absoluta inacción por parte de la derecha andaluza y local a un problema que cada vez es más grave” en determinadas capitales andaluzas como Sevilla, Cádiz y Málaga.

La portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, considera que el Gobierno andaluz no aplica una ley estatal “por voluntad del Partido Popular” y los culpa del encarecimiento del precio de la vivienda, comportamiento del que ha indicado que “no se puede ser menos honesto, menos resolvente y menos serio”, antes de recriminar al PP que “está entregado a los grandes fondos, a los grandes tenedores” propiciando “el muy lucrativo negocio de la vivienda turística”.

Nieto también denuncia la “desidia” de la Junta por no desplegar las facultades que le confiere el Estatuto de Autonomía.