El Gobierno del PP y Ciudadanos sacará adelante su segundo proyecto de Presupuestos en menos de cuatro meses. Juan Bravo, consejero de Hacienda, salió airoso de su segunda prueba de fuego gracias a un nuevo acuerdo con Vox que desarrolla el alcanzado el pasado mes de junio y que hizo posible la aprobación de las cuentas vigentes.

Como contrapartida, el socio externo del Ejecutivo de Juanma Moreno consigue que sus reivindicaciones más ideológicas trufen las políticas que se desarrollarán en 2020 a partir de un Presupuesto que ayer sorteó las enmiendas a la totalidad presentadas por el PSOE y Adelante Andalucía.

El futuro del proyecto de cuentas quedó despejado la semana pasada, cuando Vox descartó el veto a las cuentas. Al contrario que antes del verano, la formación de extrema derecha confió en la “buena disposición” de los negociadores del Gobierno. Junto con Juan Bravo, han tenido un papel relevante el portavoz del PP, José Antonio Nieto, y el titular de Economía, Rogelio Velasco. El consejero independiente del gabinete de Juanma Moreno fue el representante de Ciudadanos en la rúbrica del nuevo documento. Ni rastro de los remilgos mostrados por los naranjas en el las anteriores negociaciones con el socio parlamentario del Gobierno andaluz.

El nuevo acuerdo consta de 35 puntos, uno más que el anterior, aunque ambos son documentos similares. Hay puntos que se repiten y otros que desarrollan asuntos ya abordados en junio. En Vox están satisfechos, pues consideran que “se sientan las bases para que se produzca el cambio que pidieron los andaluces”, según ha dicho Hernández este miércoles tras la firma.

Concretamente, el texto afirma que la política presupuestaria que despliegan PP y Ciudadanos con el apoyo externo de Vox “busca establecer una nueva atención con los administrados basada en la atención de sus demandas”. El cálculo de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía es que las medidas incluidas en el acuerdo firmado por PP, Ciudadanos y Vox tendrán un coste de 15 millones de euros, es decir, un impacto algo inferior al 0,04% de los 38.539 millones de euros que contempla el total del Presupuesto. 

La cantidad es mínima, pero permite a la formación de Santiago Abascal que la Junta incorpore medidas ya conocidas, como el teléfono de atención a víctimas de la “violencia intrafamiliar”, la incorporación de un pin parental descafeinado o la promoción de la caza en los colegios.

Más control en la administración paralela

Hay medidas del acuerdo presupuestario que son una prioridad para Vox, pero también para populares y naranjas. Gran parte del primer documento firmado por los tres partidos tenía ya iniciativas encaminadas al control y la reorganización de la administración paralela, propuesta que se desarrolla con mayor intensidad.

Alejandro Hernández ya adelantó que estaba en marcha la licitación de las auditorías externas a las entidades del sector público instrumental por un coste de tres millones de euros. Este proceso se desarrollará durante todo 2020 y los resultados irán conociéndose a lo largo del año, según ha explicado Juan Bravo.

El titular de Hacienda ha asegurado que, a partir de esta fiscalización, el Gobierno decidirá qué hacer con los entes de la administración paralela, aunque no ha hablado de cierres ni de despidos. Durante la defensa del proyecto ante el Pleno, el dirigente popular ha cifrado en 280 la rebaja en el número de empleados de los entes instrumentales. A finales de 2019 deben ser 25.765, pero la reducción atiende a las jubilaciones previstas.

También se incluye en el acuerdo la reformulación de toda las convocatorias de subvenciones para aumentar su control y se añade una iniciativa para hacer públicas todos los informes de actuación que emita la Intervención General de la Junta y, así, mejorar la transparencia.

Se adelanta también el plazo que tiene la Cámara de Cuentas para realizar la Cuenta General de cada ejercicio y se reforzará a la Agencia Tributaria y a las consejerías para solucionar para intentar recuperar las subvenciones concedidas sin fiscalizar y los derechos pendientes de cobro. El propio Juanma Moreno habló de una cantidad de 8.600 millones de euros que pendían de un hilo por ese problema.

Las medidas ideológicas del acuerdo

Entre las mencionadas medidas ideológicas destaca la solicitud de una autorización a las familias para la participación de los alumnos menores en “actividades complementarias” organizadas por los colegios. El texto obliga a que estas actividades se organicen “en base a los preceptos consagrados en la Constitución Española”, pero no queda claro cómo se llevará a cabo esta política.

En otro punto del acuerdo, se propone la creación de un programa de actividades para promocionar la caza en los colegios, aunque fuentes conocedoras de las negociaciones revelan que Vox intentó que la práctica de la actividad cinegética se incluyera entre las actividades extraescolares.

En materia de familias destaca la creación de una nueva deducción autonómica para las familias numerosas para mejorar “el respaldo económico” a la natalidad. De forma concreta se impone una deducción de 200 euros en el IRPF para las familias numerosas, que será de 400 euros para las consideradas de categoría especial. A ello hay que sumar la rebaja ya impulsada a principios de año y la reducción del impuesto de Transmisiones Patrimoniales para la compra de viviendas de menos de 130.000 euros.

Para intentar disuadir a las mujeres embarazadas de abortar, se incluyen dos millones de euros para atención de servicios de asesoramiento a las mujeres “con dificultades económicas y de cualquier otra índole” para continuar con la gestación. En el ámbito familiar destaca también un plan de ayudas a familias cuyos miembros tengan alergias e intolerancias alimentarias, con especial atención a los celiacos. 

El Presupuesto de 2020 tendrá 300.000 euros para el desarrollo del teléfono para atención de las víctimas de la “violencia intrafamiliar”, sobre el cual se realizará una campaña de publicidad para fomentar su uso. Queda blindada así una de las prioridades de Vox en su batalla contra la “ideología de género”, una de las políticas en la que más insisten junto con la inmigración irregular.

En esta materia destaca el impulso a un convenio de colaboración con el Ministerio del Interior para la gestión conjunta de la información que tiene la Administración andaluza sobre inmigración ilegal. El objetivo es “luchar contra las mafias, ordenar los flujos migratorios irregulares y garantizar las condiciones de trabajo de las fuerzas de seguridad” en la materia. Inicialmente, Vox aseguraba que la Junta tenía los datos de más de 50.000 inmigrantes irregulares, dato omitido en el nuevo acuerdo.

En materia de migraciones también hay 150.000 euros para inversiones en seguridad en centros de acogida para menores extranjeros no acompañados. Esta inversión se suma a los 800.000 que ya se consignaron en las cuentas vigentes, a pesar de que el índice de delincuencia de los MENA es sólo del 0,54%, según reveló en su momento Elías Bendodo. 

En el acuerdo de 35 puntos se recupera también es el impulso al “programa 1492” que busca promover el conocimiento del descubrimiento de América y la circunnavegación de la Tierra, entre otros hitos. Se realizará también “un acercamiento históricamente objetivo y sin prejuicios a la leyenda negra”. Relacionado con este asunto está el “impulso a proyectos audiovisuales que promocionen el conocimiento de la hazaña de personalidades históricas españolas y andaluzas”, como el malagueño Bernardo de Gálvez, que tuvo un importante papel en la independencia de EEUU.

También se impulsarán las acciones de fomento de las Escuelas Taurinas de Andalucía, así como otras actividades relacionadas con la tauromaquia. Para ello habrá 350.000 euros en el Presupuesto de 2020 tras añadirse 50.000 en una enmienda. En los próximos años se añadirán otros 250.000 euros para este asunto.

El acuerdo se completa con un programa de ayudas al sector agroalimentario afectado por “situaciones sobrevenidas”, como la imposición de los aranceles de EEUU. También hay iniciaivas para mejorar la promoción turística de la provincia de Jaén o una reforma de la normativa que regula a los municipios turísticos.