El segundo juicio de los ERE

Uno de los acusados del juicio de Acyco, positivo en coronavirus

  • La ex asesora de Empleo María José Rofa no comparecerá mañana al juicio como testigo porque su abogado también está contagiado del Covid-19

El ex director de Vitalia Antonio Albarracín, en una imagen de archivo.

El ex director de Vitalia Antonio Albarracín, en una imagen de archivo. / José Ángel García

La pandemia del Covid-19 también se cierne sobre el segundo juicio de los ERE. El ex director de Vitalia Antonio Albarracín, uno de los 11 acusados en el juicio por las ayudas de 2,9 millones de euros para las prejubilaciones de los trabajadores de la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco), ha dado positivo en coronavirus, por lo que no ha asistido este lunes a la séptima sesión del juicio.

A esta sesión del juicio, tan sólo han acudido siete de los acusados, dado que otros tantos no pueden acudir por motivos de salud, como ocurre con la ex presidenta de Acyco Encarnación Poto o el abogado de Garrigues José Miguel Caballero, lo que ha hecho que aumente la enfermería de este juicio.

En este mismo juicio, el abogado de Albarracín, Jorge Aguilera, tuvo que ausentarse recientemente durante varias sesiones porque su hija, que es enfermera había dado positivo en coronavirus. El letrado ha podido volver finalmente este lunes al juicio, pero no así su cliente, el ex directivo de Vitalia, tras haberse confirmado su positivo, según ha anunciado al inicio de la sesión el presidente de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, el magistrado Ángel Márquez.

El presidente del tribunal también ha informado de que la ex asesora de Empleo María José Rofa, que debía comparecer mañana como testigo, tampoco podrá hacerlo porque su abogado se ha contagiado igualmente de coronavirus, por lo que su testimonio tendrá que posponerse hasta que el letrado supere la enfermedad.

La semana pasada, el ex director de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Daniel Alberto Rivera, otro de los acusados en la pieza de Acyco, aseguró que Rofa fue cesada y trasladada a Huelva por la pérdida absoluta de la confianza, al tiempo que acusó a la ex asesora de haber provocado un "barrido" de todos los datos informáticos, si bien precisó que éstos pudieron finalmente recuperarse.

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