Amama denuncia que tres mujeres han muerto por retrasos en los cribados y la Junta lo niega

La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama) ha denunciado esta mañana a través de su abogado, Manuel Jiménez Soto, que tres mujeres han fallecido como consecuencia de retrasos en los cribados. Fuentes de la Consejería consultadas por este periódico negaron que estas tres muertes tengan que ver con los retrasos en la comunicación de los resultados de los cribados y reiteran que todas las pruebas se harán antes de final de mes como se había prometido. En cualquier caso, las mismas fuentes han puntualizado que no descartan que en el proceso de seguimiento puedan fallecer alguna, pero sin nada que ver con el tema de los cribados.

La presidenta de la asociación, Ángela Claverol, ha añadido que las tres fallecidas son de Sevilla y de la localidad malagueña de Antequera. Además han puntualizado que hasta el momento tienen contabilizadas otras 261 que se han dirigido a la asociación comunicando demoras y que de ellas, al menos 50 se han materializado en las correspondientes denuncias por reclamación patrimonial que la entidad está llevando a cabo ante la Fiscalía.

La comparecencia de esta mañana ha servido para mostrar su rechazo al requerimiento formal que el Servicio Andaluz de Salud les remitió hace diez días, en el que le daban hasta hoy para facilitar los datos de las mujeres afectadas por retrasos en los cribados de cáncer de mama al que fueron sometidas. El abogado, se ha remitido a la Ley de Protección de Datos para no facilitar nombres, apellidos y situación clínica de unas pacientes sin sin permiso "expreso y por escrito". Además, ha recomendado a la Consejería de Sanidad, que sigan una estrategia similiar a la que desde la propia asociación han llevado a cabo desde hace semanas, esto es, "facilitar un correo electrónico y un número de teléfono para que aquellas personas que habían sido afectadas, se pusieran en contacto con ellos. Es el SAS el que dispone de esos datos, no la asociación", ha asegurado en letrado.

Por su parte, el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha manifestado que no va a "polemizar" con la asociación Amama, pero le ha recordado que la Ley de Salud Pública recoge la obligación de los ciudadanos de "poner en conocimiento de las autoridades sanitarias cualquier evento o situación que pueda constituir una emergencia de salud pública". "Lo que nosotros hemos solicitado es que si esta asociación tiene información de personas que no están siendo tratadas por el sistema público de salud, yo la pregunta que hago es quién no va a querer que podamos atender a estas mujeres", ha planteado Antonio Sanz, quien ha apuntado que es "difícil de entender" que Amama diga que tiene unos datos que no tiene el SAS.

La presidenta de Amama ha matizado también que "desde que comenzó esta crisis, hemos recibido unas 4.000 llamadas de mujeres alarmadas por los datos que estaban recibiendo, que no conocían el estado de la mamografía a la que habían sido sometidas o que no sabían cómo acceder a ella". Para ella "estas mujeres se han puesto en contacto con nosotros por retrasos Claverol también ha querido aclarar que "hay 261 mujeres que hayamos podido constatar que no les habían informado del resultado de esas pruebas y de ellas algunas han desarrollado un cáncer como consecuencia de ellos; no habían recibido información sobre sus casos, de sus mamografías, cuando la Junta tenía obligación de hacerlo". Sobre las fallecidas, Claverol ha reconocido que "la semana pasada atendí a los familiares de una de ellas".

La Junta mantiene sus cifras

Antonio Sanz ha insistido en que la Junta cuenta con datos precisos sobre 2.317 mujeres pendientes de pruebas diagnósticas de cáncer de mama y ha asegurado que "antes del 30 de noviembre todas van a recibir la prueba que les corresponde", si bien ha afirmado que la "alarma surge" porque Amama "sostiene que existen 4.000 mujeres que nadie sabe dónde están". El consejero de Sanidad ha subrayado que la administración ha intentado "obtener la información por distintas vías" y que incluso un responsable de la estrategia de cáncer mantuvo con la representante de Amama una reunión "sin recibir ningún listado" y ha insistido en que "si alguien conoce dónde están esas mujeres, debe ofrecer la información".

Así, se ha referido a la Ley de Salud Pública para justificar el requerimiento de información a Amama y ha recordado que dichas normas "obligan a los ciudadanos a colaborar con las autoridades sanitarias, a no generar riesgos para terceros y a comunicar cualquier situación que pueda constituir una emergencia sanitaria". "Quien habla de 4.000 personas que la administración no conoce, para mí está describiendo una emergencia de salud pública", ha manifestado Sanz, quien ha rechazado que Amama haya alegado "motivos de protección de datos" cuando "la garante de la protección de datos es la administración".

Además, ha precisado que la solicitud no se hace "para la administración, sino para los profesionales sanitarios" y ha asegurado que no busca la confrontación sino garantizar que "si realmente existen, esas mujeres puedan ser atendidas como corresponde". En cuanto a posibles acciones legales ante la negativa a entregar la información, el consejero se ha remitido a las leyes de Procedimiento Administrativo y de Salud Pública y ha afirmado que la Junta seguirá actuando conforme a estas normas para "asegurar el funcionamiento del sistema público" y evitar "una alarma social que no es procedente".