Andalucía repite a la cola de la percepción de buen gobierno

El continente europeo es ancho y ajeno, por variopinto. Desde Alandia (Finlandia) a Severozapaden (Bulgaria) hay que atravesar varios telones. Del hielo al fuego. Alandia es la región de la Unión Europea donde los administrados mejor perciben la labor de sus administradores y Severozapaden es donde menos. En medio de este singular alfa y omega de buen gobierno está Andalucía, más cerca de los valores mediterráneos y orientales que de los nórdicos, ciertamente, aunque ésa no sea realmente la cuestión.

El problema es el estancamiento. Es una de las conclusiones a la que llegan los investigadores de la Universidad de Gotemburgo que elaboran el Índice de Calidad de Gobierno después de preguntar a una muestra de europeos –a 135.000 de 210 regiones en la última edición– sobre la experiencia y la percepción que tienen de la calidad, la imparcialidad y la corrupción en el ejercicio del poder. Desde 2010, desde la primera edición de este escalafón europeo que se publica periódicamente, la percepción de los andaluces se empeña en quedar por debajo de la media de España y de Europa. Y ahí, en la reincidencia, está la cuestión.

En la última edición del Índice de Calidad de Gobierno, con datos de 2024, de la encuesta en Andalucía resulta un valor de -0,76, el mismo que en Extremadura y sólo empeorado por el de Castilla y León (-1,24). En Cantabria (0,62) y en Madrid (0,34) es donde valoran mejor a sus gobiernos. La media de España es de -0,15 y, siendo en el cero el promedio europeo, los datos reflejan la lejanía de Andalucía. Ni Finlandia ni Dinamarca, ni Bulgaria ni Sicilia, en las encuestas los andaluces se muestran más emparentados en la calificación con Pomerania (Polonia) y Epiro (Grecia).

Pero al problema del estancamiento, avisan los investigadores en el informe que analiza la encuesta, se suma el de las elevadas divergencias de las regiones de Italia, Grecia, Bulgaria, Eslovenia, Croacia, Bélgica... y España: en todas y cada una de las ediciones del Índice de Calidad de Gobierno de la Universidad de Gotemburgo figura Andalucía lejos de los estándares nacional y continental. Los resultados andaluces han sido sucesivamente de -0,25 (2010), -0,12 (2013), -0,74 (2017), -0,52 (2021) y -0,76 (2024). Y hay una agravante, la distancia con respecto a la media nacional ha aumentado en 2021 y 2024.

El buen gobierno en salud, educación y ejecución de la ley

¿Pero a qué se refiere el buen gobierno? ¿Cómo puede calibrarse el grado de una correcta gobernanza? “La encuesta describe cómo son las prácticas informales de las instituciones formales”, resume el equipo de tres estudiosos que firma el estudio, entre los que figura el oscense Víctor Lapuente. De un lado, las instituciones formales analizadas han sido las de la salud, educación y la ejecución de la ley; del otro, las prácticas informales se revelan mediante preguntas como “si el gobierno trata de un modo imparcial a los ciudadanos, al margen de quien sea y de sus contactos”, “si existen abusos desde lo público para favorecer intereses privados” o “si el servicio público es percibido de calidad”, por citar tres ejemplos. La ejecución de la norma, es decir, si la administración ejerce su función a la hora de ejecutar los actos administrativos que los administrados incumplen, es foco del análisis en el índice europeo.

No son pocas las normas relacionadas con la “buena gobernanza” que están en vigor en Andalucía. Sin embargo, los resultados se empecinan en resultar imperceptibles. Los autores del estudio avisan de las consecuencias negativas de olvidar el factor del buen gobierno y repasan un número de publicaciones que asocian las altas valoraciones de calidad con el bienestar ciudadano: salud, pobreza, medio ambiente y políticas sociales.

A las repercusiones negativas hace también referencia el Informe sobre España de 2025 remitido por la Comisión Europea, que incluye advertencias como que la baja calidad del gobierno se vincula a la incapacidad de “atraer inversiones y talento”. “La mejora de la calidad de gobierno es una parte importante del refuerzo de la competitividad de las comunidades autónomas”, señala el documento de la Comisión Europea.