Las clases medias se hacen más pobres en Andalucía por la vivienda y la precariedad

“No sé dónde ir, no puedo ir debajo de un puente con mi hijo y mi marido, ¿cómo pueden pedirme tanto?”. Este testimonio es uno de los que recoge el informe del Defensor del Pueblo Andaluz de este año y que refleja la realidad de miles de familias que no encuentran un lugar donde vivir y que encontrarlo supone a menudo no llegar a final de mes. Empleos precarios, bajos salarios, elevados precios de la cesta básica y la vivienda por las nubes son los causantes del problema que señala el último informe Foessa publicado este mes por Cáritas que alerta de un insólito proceso de progresivo empobrecimiento de las clases medias.

Este informe, elaborado por 140 investigadores a partir de 31.000 entrevistas, apunta a que las familias más acaudaladas tienen cada vez más caudal y las familias con recursos medios disponen de menos y se adentran en situaciones de pobreza y de exclusión.

La sociedad ha salido más desigual después de las crisis de los últimos tres lustros, con la crisis financiera de 2008 y la pandemia de 2020 como hitos. Ahora hay bonanza económica, también hay ayudas de las administraciones públicas para quienes han salido perdiendo; sin embargo, el ascensor social que solía ir subiendo no para de bajar entre las capas conocidas como clases medias. Son las clases que hasta ahora podían afrontar sin duras penas un gasto imprevisto en el hogar, sustituir la ropa estropeada, irse una semana de vacaciones o comer carne o pescado tres veces a la semana. El coordinador del informe Foessa, Raúl Flores, ha hablado de una “sociedad del desasosiego”.

Datos peores de exclusión, pobreza y la brecha

Este gris panorama, que además de las consecuencias en el ámbito material conlleva derivadas en el plano político, sucede en toda España pero es más acusado en Andalucía. Los datos los recoge el informe Foessa: el porcentaje de andaluces en situación de pobreza ha pasado del 27% en 2008 al 30,5% en 2023; la exclusión ha aumentado del 19% en 2018 al 23,1% en 2024 –este declive ha sido algo menor en España, pasando del 18,3% al 19,3%–. Un indicador claro para calibrar el deterioro de las clases medias es la evolución de las rentas divididas por percentiles. En el caso de Andalucía resulta notable la reducción del poder adquisitivo desde 2005 a 2022 entre los grupos que abarcan las clases medias en un esquema equiparable al de Canarias o Baleares y es llamativo el incremento de las rentas en las zonas de la gráfica donde se concentran los más pudientes en el mismo periodo.

Esta acentuada brecha de las rentas y, sobre todo, de la paulatina depauperación de las familias se debe, según el informe, a los trabajos inestables y escasamente remunerados y al lastre de la vivienda. El poder de gastar se ha desplomado en una franja sustantiva de la población. Para revertir esta tendencia de progresivo empobrecimiento, los investigadores firmantes del informe sugieren políticas de empleo que favorezcan la calidad y una reorientación del sistema productivo hacia actividades de mayor valor añadido que el modelo actual; recomiendan políticas de vivienda pública y asequible y un refuerzo en la redistribución de la riqueza y en los servicios públicos que actúen como amortiguador de la pura y cruda realidad.

El modelo andaluz se encuadra en la categoría de “escasez restrictiva”

En el último informe Foessa publicado por Cáritas aparece un indicador que revela mediante un ejemplo cotidiano la diferencia del bienestar entre las familias andaluzas: el porcentaje de ellas que pueden permitirse la instalación de toldos en las viviendas. La sombra resulta un elemento codiciado en verano y las clases con menos rentas, según reflejan las encuestas, disponen igualmente de menos toldos con los que mitigar los mercurios del verano. Estos detalles son categorías en Andalucía. La región es una de las más desigualitarias en materia de poder adquisitivo de España, que, a su vez, es uno de los países con menos cohesión social de Europa.

El país, según una clasificación que concluye el informe Foessa después del análisis de los elementos sociales, las comunidades autónomas se dividen en cuatro categorías: (1) prosperidad inclusiva: alta riqueza y alta calidad de vida (Navarra o País Vasco); (2) riqueza ineficaz: alta producción de riqueza con dificultades para traducirse en más calidad de vida (Madrid es el modelo); (3) escasez inclusiva: riqueza producida moderadamente baja en términos comparativos pero una exclusión social muy por debajo de la media (Cantabria o Castilla y León); y (4) escasez restrictiva: sistema productivo menos desarrollado y alta exclusión (Canarias, Murcia o Andalucía).