Andalucía

El coste político del acuerdo con Vox en Andalucía: "violencia intrafamiliar" y restricciones en memoria histórica

  • Ciudadanos se suma, por primera vez, a un acuerdo programático con Vox

Alejandro Hernández, portavoz de Vox en el Parlamento andaluz. Alejandro Hernández, portavoz de Vox en el Parlamento andaluz.

Alejandro Hernández, portavoz de Vox en el Parlamento andaluz. / Julio Muñoz/EFE

Comentarios 8

El acuerdo presupuestario con Vox ha puesto el horizonte del Gobierno de PP y Ciudadanos más allá de 2020 por un coste de 2,1 millones de euros este año y otra cantidad indeterminada para el siguiente.

Sin embargo hay contraprestaciones que no se pueden cuantificar después de la firma del documento de 34 puntos. Seis meses después del acuerdo a dos bandas que permitió la investidura de Juanma Moreno, Ciudadanos ya no huye de las fotos con Vox, lo que da estabilidad al bipartito para lo que resta de legislatura. 

La foto de Alejandro Hernández, portavoz de Vox, con el presidente de la Junta y sus dos escuderos, Marín y Bendodo, fue un símbolo, pero más significativo es, si cabe, que el membrete del documento firmado lleve los logotipos de Ciudadanos, Vox y el PP. Es, probablemente, el primer acuerdo que cuenta con la participación de los tres partidos del centro derecha. Y en plenas negociaciones por el reparto de las autonomías y los ayuntamientos. 

"Yo estoy cómodo", ha dicho Rogelio Velasco, consejero de Economía elegido por Ciudadanos, aunque independiente dentro del Ejecutivo. Su partido participará, con PP y Vox, en las reuniones de seguimiento que se llevarán a cabo en lo sucesivo. También es cierto que, en su defensa del acuerdo, Velasco no ha entrado en las cuestiones ideológicas del documento y se ha limitado en ensalzar las consecuencias positivas que tendrá el pacto en términos económicos. 

Juan Bravo, que firmó el acuerdo como consejero de Hacienda y como representante popular del Gobierno, ha rechazado que el acuerdo esté marcado por los postulados ideológicos de Vox. ¿Es así? Para comprobarlo hay que acudir directamente al texto. 

Género, memoria histórica e igualdad

Más allá de la reducción de la partida prevista para las ayudas a entidades que trabajan en la integración social de inmigrantes, Vox ha logrado que el Gobierno incluya en su agenda conceptos como la "violencia intrafamiliar" o que limite el gasto en memoria histórica. 

Tanto Juan Bravo como Alejandro Hernández se han afanado en explicar que el teléfono de atención a las víctimas de la "violencia intrafamiliar" no es incompatible con el 016, el teléfono gratuito al que pueden llamar las mujeres maltratadas. Existe ya un teléfono para las personas mayores, pero en 2020 habrá otro más, por ejemplo, "los hijos maltratados por una madre alcohólica", según ha ilustrado el portavoz de Vox

La lucha de Vox contra la llamada "ideología de género" queda reflejada también en el cambio del concepto “transversalidad de género”, por el de “principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres”. Este concepto figura en la Ley de Igualdad, una de las normas calificadas de "ideológicas" por el socio parlamentario del Gobierno que será modificada tras este acuerdo. 

No será la única de estas políticas que sufrirá un cambio. La ley de Memoria Histórica cambiará para limitar el gasto en la materia en la recuperación de víctimas de fosas y la creación del banco de ADN. Además, las entidades memorialistas no podrán dedicar más del 20% a de las subvenciones que reciban a gastos de funcionamiento. 

Andaluces en el exterior, inmigración y aborto

Sin embargo, hay otras asociaciones que verán como sus convocatorias de ayudas tienen más presupuesto. Habrá 100.000 euros más para las comunidades en el exterior con el objetivo de facilitar a los descendientes de andaluces el mantenimiento de su herencia cultural. Este compromiso está encaminado, según el documento, a solucionar los problemas que puedan tener estas personas por los "procesos de inmersión lingüística" que hay en las comunidades bilingües.

En materia de inmigración destaca el impulso a un convenio con las fuerzas de seguridad del estado para cumplir la legislación vigente con los inmigrantes irregulares. Eso lo revisará un órgano de nueva creación enmarcado en la Secretaría General con competencias en materia de inmigración.

La "defensa de la vida", como dijo ayer Hernández en referencia a su rechazo al aborto tal y como está planteado hoy en día, también está presente en el acuerdo. Será en 2020 cuando se pongan en marcha ayudas a las mujeres que se queden embarazadas y tengan problemas económicos. 

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios