Nueva evaluación en los institutos

Javier Imbroda: "¿Lo siguiente será normalizar que no se vaya a clase?"

  • Andalucía buscará instrumentos para mitigar "el efecto perverso" de la normativa estatal 

  • El consejero de Educación advierte que con los nuevos criterios "se vacía de responsabilidad a los alumnos"

Javier Imbroda en declaraciones a los medios de comunicación.

Javier Imbroda en declaraciones a los medios de comunicación. / D. S.

Aunque apenas haya margen de maniobra, la Junta de Andalucía buscará algún medio con el que evite aplicar al 100% el nuevo decreto de evaluación en las enseñanzas medias, aprobado por el Gobierno esta semana. Así lo ha afirmado este viernes el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, quien ha vuelto a posicionarse en contra de esta normativa, que considera un ataque a "la cultura del esfuerzo". 

Imbroda ha manifestado que con la nueva evaluación -que, entre otros cambios, permite que un alumno titule en Bachillerato con una asignatura suspensa- "se vacía de responsabilidades a nuestros alumnos y se carga de presión a los docentes". 

En este punto conviene recordar que, según el decreto, será el claustro de profesores, reunido en junta de evaluación, el que determine, en función de los criterios que establece la normativa estatal, si un estudiante promociona de curso o titula en ESO y Bachillerato. "Tanta responsabilidad tienen los docentes como deben aprender a tener nuestros alumnos", ha aseverado el consejero. 

"No se pueden normalizar cuestiones que no son normales", ha alertado el consejero, quien ha lanzado una pregunta irónica al ministerio que dirige Pilar Alegría: "¿Lo siguiente será normalizar que no se vaya a clase?". 

Para Imbroda, una de las "incongruencias" de este decreto es que se aplique una evaluación acorde con la Lomloe (la reforma educativa del Gobierno de Pedro Sánchez, más conocida como ley Celaá) cuando aún está vigente el currículo de la Lomce (la ley del Ejecutivo de Rajoy). Para evitar esta contradicción, las comunidades autónomas solicitaron un año de moratoria, que finalmente no se ha dispensado. 

Como ya anunció la Comunidad de Madrid gobernada por Isabel Díaz Ayuso, en Andalucía también se intentará "mitigar" los "efectos del decreto de evaluación, aunque el propio Imbroda reconoce que "no hay muchas posibilidades", ya que al tratarse de una ley orgánica existe poco margen de maniobra para los gobiernos autonómicos. "Buscaremos los instrumentos necesarios para amparar la cultura del esfuerzo", ha concluido el consejero.