La financiación autonómica desatasca la quita de la deuda
Junts puede aprobar a condonación a cambio de negociar el modelo de María Jesús Montero
El informe en caliente de Fedea deja claro que el nuevo modelo es más equitativo que el anterior, y que Andalucía, pero sobre todo Cataluña, son beneficiadas con dos fondos exóticos
Montero reparte café para todos; solo sin azúcar para Junqueras
¿Se puede rechazar, de modo permanente, una quita de la deuda de 18.791 millones de euros, que redundará en un ahorro de 2.655 millones de euros de intereses, y una mejora de la financiación de 5.700 millones? Sí, se puede decir no, el Gobierno de Juanma Moreno lo considera un deber, no quiere ni que le condonen la deuda ni la mejora de la financiación que propone el nuevo modelo del ministra María Jesús Montero. ¿Aguantarán esa negativa Valencia, Murcia o Baleares, tres de las comunidades más beneficiadas? ¿Y Junts, a quienes ERC bombardea, diariamente, con cifras similares, seguirá instalado en el no? Veremos, porque los diputados de Carles Puigdemont ya se abren a aprobar la quita de la deuda y, de momento, no votarán con Vox y PP la misma enmienda a la totalidad para rechazar el nuevo modelo de financiación.
Esta semana ha hablado Ángel de la Fuente, a quien se considera el mayor experto en financiación autonómica del país, es el director ejecutivo de Fedea, una fundación ligada al CSIC que siempre hay que escuchar y que, además, adelanta con números, euros sonantes, las repercusiones de los modelos. Hay que leerlo, no todo van a ser parábolas gastronómicas del tipo Cataluña se bebe el champán y el caviar, y los demás, los platos precocinados. Qué empacho cuando las analogías terminan por arruinar la pretendida aproximación a la realidad, cuando no esconden una ignorancia sonrojante.
Un inciso, antes de extraer las conclusiones de Fedea, hay que aclarar que Ángel de la Fuente es partidario de cierta ordinalidad; es decir, que dando por supuesto que las comunidades cobrarán distintas cantidades por habitante ajustado, le parece más justo que donde más se recaude no sea donde menos se reciba.
Vayamos al informe de Fedea, su "primer análisis" en caliente, y dice: "El núcleo central del modelo [se refiere al nuevo sistema de María Jesús Montero] es muy razonable y, dado que las nuevas ocurrencias distribuyen menos recursos que las genialidades a las que sustituyen, las distorsiones que generan son menores que las del modelo anterior, reduciéndose por ejemplo la distancia entre los dos extremos".
Por tanto, la base de nuevo modelo es buena, reparte los fondos entre comunidades por un cálculo de población ajustada que es más sensato y disminuye, después, las diferencias mediante dos nivelaciones: una la pagan las comunidades desde la bolsa común -por eso se redistribuyen los ingresos de todos, por eso es falso que no hay solidaridad interterritorial- y la otra, el Gobierno central.
Las ocurrencias
Pero después se aplican dos fondos -"ocurrencias" le llama Fuentes- que son, ciertamente, exóticos, y que están ideados para Cataluña y para Andalucía. El primero es un fondo contra el cambio climático, que se concentra en la costa mediterránea, y del que Andalucía cobrará el 23%, 236 millones de euros de un total de 1.000 millones. La que más. El segundo beneficia sólo a Cataluña, al conceder la opción de cobrar una parte del IVA de las pymes societarias por su domicilio fiscal, no por lugar de consumo. En Cataluña hay una tremenda concentración de este tipo de empresas.
Algunos números: Si adjudicamos 100 euros a la media que cada comunidad recibe por habitante ajustado, las diferencias entre las dos comunidades más extremas pasa de 26,2 a 18,1. Andalucía sube 1,2 puntos, pero Cataluña lo hace en 4,2 puntos. Así, del incremento que aporta del nuevo modelo para todos, Cataluña cobrará 507 euros más por habitantes y Andalucía, 367, que son 140 euros menos. Sin embargo, a todo ello, Montero añade el Fondo de Compensación Interterritorial, que es un mecanismo constitucional poco desarrollado, y añade otros 965 millones de euros a Andalucía, un tipo de solidaridad que ya sólo cobrarán las que estén por debajo de a media y del que la comunidad del sur es la beneficiaria.
Todo lo anterior completa una visión simple, pero ajustada de un asunto muy complicado, y que sólo se materializará si Junts lo aprueba en el Congreso. Si así ocurriese, si alrededor del mes de junio hubiese una ley, cada comunidad sería libre de quedarse con lo anterior o sumarse a lo nuevo.
Esto no es una ocurrencia de Montero, no es insólito. Manuel Chaves rechazó el pacto de Aznar con Pujol para modificar el modelo de financiación de 1997, y Andalucía se mantuvo con el sistema anterior junto a Extremadura y Castilla-La Mancha hasta que en 2002 se traspasaron todas las competencias de sanidad.
Junts se ha mostrado dispuesto a aprobar la condonación de la deuda -que debe entrar ya en el Congreso- a cambio de negociar el modelo de financiación. Eso significaría que Andalucía podría disponer de una condonación de 18.791 millones de euros, que también rechaza. Es más que posible que Valencia y Murcia, prácticamente, en bancarrota, la pidan. Si fuese así, Moreno no podría instalarse en la negativa, también a la de la deuda, porque Andalucía se quedaría en una desventaja gratuita y peligrosa.
El modelo de financiación, sin embargo, tiene mayores dificultades. Junts presentará una enmienda a la totalidad, pero distinta a la de PP y Vox, con lo que, al menos, se tramitaría en el Congreso. María Jesús Montero ya no estará en el Ministerio de Hacienda, porque Moreno convocará elecciones autonómicas, como muy tarde, en abril. Ahora se abre un espacio para la negociación, en la que hablarán las comunidades y, sobre todo, Cataluña. El propio Ángel de la Fuente hace una propuesta en su papel: que se mantenga el modelo propuesto con las dos nivelaciones, que se excluyan los fondos exóticos y al aumento del traspaso de IRPF e IVA, pero que las comunidades negocien entre sí, si lo consideran oportuno, una subida de la tarifa de referencia del IRPF. Casi más complicado, porque eso conlleva una implicación de las autonomías en los impuestos que nunca han querido asumir.
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