El fiscal general del Estado asegura que la Fiscalía "lleva protegiendo Doñana muchos años": "Nuestro trabajo no es contra nadie"
Doñana
Álvaro García Ortiz recuerda que las primeras investigaciones "son de 2010, que cristalizaron en algunas condenas en los años siguientes, hasta 12 condenas en lo Penal"
La Junta ve "el sello de Pedro Sánchez" tras la investigación de la Fiscalía sobre Doñana: "Todo es muy torticero"
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha asegurado este lunes que la Fiscalía "lleva protegiendo el ecosistema y los acuíferos de Doñana muchos años". "Nuestro trabajo no es contra nadie", ha apostillado. Así ha respondido al ser cuestionado por los periodistas en Málaga respecto a las declaraciones del portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, considerando que todo es "muy torticero y con el sello de Pedro Sánchez" en referencia a la decisión de Fiscalía de la Audiencia Nacional de investigar las extracciones de agua en Doñana.
En declaraciones a los periodistas antes del comienzo de las Jornadas de la Red de fiscales especialistas en Cooperación Internacional, García Ortiz ha señalado que "la Fiscalía no quiere ningún tipo de polémica" y ha recordado "las primeras investigaciones alrededor de 2010, que cristalizaron en algunas condenas en los años siguientes; hasta 12 condenas en el campo de lo Penal".
Así, el fiscal general ha señalado que desde el ministerio público "hemos continuado haciendo nuestro trabajo". "Y nuestro trabajo no es contra nadie, si no es un trabajo para defender los acuíferos de Doñana, nada más", ha finalizado.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional acordó la pasada semana abrir diligencias preprocesales para investigar las extracciones de agua subterránea que tienen lugar en el espacio natural protegido de Doñana y que afectan a sus diferentes hábitats, flora y fauna. Con esta decidión, busca garantizar la adopción de las medidas necesarias para el cumplimiento efectivo de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 2021 que apuntaba que esos pozos ilegales están detrás del deterioro medioambiental de ese espacio natural.
En el decreto, firmado por el fiscal jefe Jesús Alonso, se indica que estas diligencias tienen como finalidad poder exigir responsabilidad medioambiental a las empresas y profesionales, públicas o privadas, que estén procediendo a la captación de aguas subterráneas afectantes al espacio protegido de Doñana, sin concesión administrativa o en caudales superiores a los permitidos.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional designó encargado del asunto al fiscal Manuel Campoy y apuntó que las diligencias incluyen oficios al Seprona de la Guardia Civil; la reclamación a diferentes organismos de informes periciales sobre los efectos adversos significativos que dichas extracciones ilegales puedan tener en cuanto al el estado ecológico, químico y cuantitativo de las masas de aguas superficiales o subterráneas concernidas; e informes sobre la posibilidad de alcanzar o de mantener el estado favorable de conservación de los hábitat o especies silvestres concernidos.
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