"Nos están dejando solos": el grito desesperado de las familias de dos andaluces presos en Guinea

Han pasado más de diez meses desde que el granadino David Rodríguez y el cordobés Javier Marañón fueron detenidos en Guinea Ecuatorial. Desde entonces, sus vidas transcurren entre el miedo, la enfermedad y la incertidumbre en una de las prisiones más temidas de África: la Black Beach, en Malabo.

En una de las cárceles más duras del continente, donde los testimonios de torturas, enfermedades y abusos son habituales, David y Javier aguardan una salida que no llega. Sus familias, desde España, libran otra batalla: la de no dejar que el silencio los entierre.

Ambos fueron arrestados el 22 de enero, tras asistir a una reunión convocada por las autoridades guineanas en el marco de una investigación por presuntas irregularidades vinculadas al proyecto de Televisión Digital Terrestre (TDT). No eran directivos ni responsables de la empresa española involucrada, sino trabajadores técnicos y administrativos. Sin embargo, fueron los únicos que acudieron a la citación, en ausencia de los representantes de la compañía.

"Ellos no tenían nada que ver con la gestión de la empresa. Sólo eran empleados. Pero se presentaron porque los llamaron para dar explicaciones y de ahí pasaron directamente a prisión", explica en una conversación con este periódico desde Sevilla la hermana de Javier, Laura Marañón.

Durante los primeros meses estuvieron retenidos en dependencias de la gendarmería, donde recibieron algunas visitas de familiares y de la embajada española. Pero el 7 de abril fueron trasladados a Black Beach, y desde entonces comenzó su pesadilla.

"Al principio podían recibir comida y visitas tres días por semana. Pero como se pusieron en huelga de hambre para protestar, los castigaron sin patio, sin visitas y sin comida del exterior", relata angustiada Laura. "La salud de los dos es muy delicada", remarca.

Las familias aseguran que han pasado cuatro meses incomunicados, sin atención médica ni asistencia consular suficiente. Comparten celda con otros 18 presos y duermen en una sola cama. En estos meses han realizado tres huelgas de hambre para exigir su liberación. "Mi hermano se puso tan mal que el 2 de septiembre llamaron a mi cuñada para que entrara a convencerlo de que dejara la huelga, porque no tenía ni suero ni medicinas. Él es asmático, y nos dijeron que se quería morir. O entraba ella, o se moría", recuerda Laura, con la voz entrecortada.

Pese a las gestiones de la Embajada de España en Malabo, la situación sigue sin avances. La familia de Javier Marañón, a través de su hermana Laura, ha denunciado públicamente la ausencia de una intervención efectiva por parte del Gobierno español. "Nos remitieron a la embajada, y esta no tiene poder para lograr avances", afirma Laura. "Para conseguir que la embajada pudiera visitar a mi hermano en la cárcel tuvieron que luchar durante dos meses", añade.

Las familias aseguran que el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Gobierno español no han ofrecido respuesta efectiva. "Desde enero estamos pidiendo ayuda. Hemos escrito a Presidencia, al Ministerio, incluso a la Casa Real. Todos nos remiten a la embajada, pero allí no consiguen nada. Para una simple visita han estado dos meses luchando", insiste Laura. "Lo que hace falta es que el presidente se siente con el de Guinea Ecuatorial y diga cómo solucionamos esto", se pregunta.

Ante la falta de respuesta, los familiares recurrieron al Parlamento Europeo, que debatió el caso el 9 de octubre y aprobó una resolución por vía urgente instando a la liberación inmediata de los dos españoles y a que reciban atención médica adecuada.

El caso no es aislado. Junto a Rodríguez y Marañón, hay una decena de ciudadanos guineanos también detenidos por la misma investigación. La opacidad y dureza del sistema judicial y penitenciario del país africano complican cualquier avance.

Mientras las familias esperan que la presión internacional y la movilización social obliguen a los responsables políticos a actuar y eviten un desenlace fatal, la campaña iniciada en Change.org supera ya las 40.000 firmas. "Seguimos luchando. No tenemos esperanza en el Gobierno, pero sí en sacarlos nosotros, con ayuda de la gente", afirma Laura, quien insiste en la necesidad de un diálogo directo entre el Gobierno español y las autoridades guineanas para resolver la situación. "Pedimos que se sienten a hablar, no queremos más excusas", reclama desesperada.