El informe que han elaborado los servicios médicos de la prisión de Sevilla-I acercan la posibilidad de que el ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, ambos condenados por el caso de los ERE y enfermos de cáncer, puedan entrar en prisión y continuar su tratamiento, como ocurre con otros internos con patologías similares. De hecho, la Audiencia ha concedido un plazo a la Fiscalía Anticorrupción para que, a la vista de este informe, pueda presentar alegaciones.

En el informe, los servicios médicos penitenciarios explican que cuando hay una atención especializada se traslada a los pacientes a los hospitales de Sevilla, dado que a través del convenio establecido con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) “se procede a la derivación de pacientes a los servicios especializados de las áreas hospitalarias Virgen del Rocío y Virgen Macarena de Sevilla”.

“El procedimiento, al igual que los centros de salud de atención primaria del SAS se gestiona con dichos hospitales por medio de la remisión a los mismos de informe médico del facultativo del centro penitenciario solicitando dicha atención”, señala el documento de los servicios médicos.

La “interrelación” con los hospitales se hace a nivel de todas las especialidades (Traumatología, Cirugía, Hematología, Oncología, Diálisis, Rehabilitación, Fisioterapia, Cardiología, Respiratorio, Urología, etc.), y una vez remitido a los centros especializados “se considera que el paciente queda a disposición de los requerimientos que cada especialista establezca, llevándose a cabo por parte de los servicios médicos del centro todas las gestiones para que se cumplimenten todas las actuaciones necesarias para la total atención”, añade el informe.

El informe destaca que los traslados de los internos a los hospitales no plantean problemas

En este proceso de “atención integral”, prosigue el informe, se llevan a cabo las gestiones para que “todos los procedimientos que desde los distintos especialistas sean requeridos se cumplan con éxito” y esto incluye principalmente “tanto procedimientos diagnósticos como la realización de pruebas especializadas (TAC, Resonancias Magnéticas, Gammagrafías, Electroencefalogramas, pruebas de apnea, etc. como procedimiento terapéuticos tales como sesiones de quimioterapia, radioterapia, rehabilitación, fisioterapia, diálisis, en cuantas sesiones el especialista considere necesarias, así como con la periodicidad que se considere para el mayor beneficio del paciente”.

El informe indica igualmente que “son múltiples los pacientes que desde las distintas especialidades han sido y son atendidos de forma continuada de modo que se procede a sus consultas de revisión por dichos especialistas con la periodicidad que se estima por los mismos”.

Por último, los servicios médicos penitenciarios señalan que el traslado de pacientes a los hospitales de Sevilla para las consultas programadas “no plantean problemas” por parte de la Policía Nacional, ya que hay un acuerdo por el que se garantiza la salida de cinco pacientes al día, si bien advierte de que existe una “gran problemática” en relación con las salidas urgentes por “la falta de disponibilidad por parte de la Policía Nacional de recursos humanos necesarios para efectuar estos traslados”.

La falta de personal sanitario

El informe ha sido remitido por la directora de la prisión de Sevilla, Ana Isabel Martín, que explica en el oficio de remisión y por si “resultara de interés para ese tribunal”, que la “insuficiencia de efectivos sanitarios (especialmente médicos) en algunos centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, está generando dificultades en la asistencia sanitaria a las personas privadas de libertad”.

En cuanto a los recursos materiales y humanos del servicio sanitario de Sevilla-I, el informe dice que actualmente hay una población reclusa de entre 650 y 700 internos distribuidos en tres unidades (unidad de cumplimiento, unidad de preventivos y unidad mixta), en cada una de las cuales existen una serie de recursos para la prestación sanitaria.

Tanto en la unidad de cumplimiento como en la de preventivos hay cinco consultas de atención primaria, dos salas de espera, una sala de curas y un almacén de medicamentos. Además, en cada una de estas unidades existe un módulo de enfermería, donde se ingresan a los internos que puedan necesitar “una mayor atención y seguimiento”.

En cuanto a los recursos humanos, la prisión de Sevilla-I cuenta con cinco médicos especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria, una farmacéutica, ocho enfermeros, una supervisora de enfermería, cinco auxiliares de clínica y tres administrativos.