La Guardia Civil interrogó el pasado 20 de octubre en calidad de testigo a una persona clave en el control presupuestario de la Junta, a su interventor general durante los años 2000 a 2010, Manuel Gómez, quien emitió informes desfavorables sobre el modo en cómo el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) pagaba a los prejubilados de los ERE mediante transferencias de financiación desde la Consejería de Empleo. Manuel Gómez señala en su declaración que estos informes se los entregaba a la Viceconsejería con la indicación de que se lo hiciera llegar al consejero. Desde el año 2004 al 2009, el consejero de Economía y Hacienda fue el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y su viceconsejera, Carmen Martínez Aguayo. Ante las preguntas de la Guardia Civil, el interventor declaró que no sabe si estos informes llegaron a Griñán y que "nunca despachó este asunto en persona con el consejero", aunque sí es "probable" que lo hubiese hablado con el titular de la Viceconsejería.

Manuel Gómez nunca compartió el criterio de que los ERE se financiaran mediante las llamadas transferencias de financiación por su escaso control, y así lo expuso en informes enviados a la Consejería de Hacienda entre los años 2005 a 2007, aunque nunca elevó el denominado informe de actuación. Esto hubiera elevado la gravedad de los reparos, y habría obligado a la Consejería de Economía y Hacienda a actuar y, posiblemente, hubiera servido para hallar el fraude de colocar a personas que nunca habían trabajado en las empresas beneficiarias de las ayudas de los ERE. El informe de actuación se emite, según el decreto 9/1999 de 19 de enero, o bien cuando los responsables de la gestión controlada no adaptan las medidas que deben saldar las deficiencias que observa el interventor o porque éste aprecie un menoscabo de fondos públicos. Ya el 11 de marzo de 2011, la actual consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, declaró ante la prensa que nunca advirtió a Griñán, su consejero, de tales informes porque no el interventor no apreció menoscabo de fondos públicos. "Nunca lo comenté, recibimos unos cien informes al año y no se leen al detalle, sólo si hay propuesta de actuación, se eleva", aseguró entonces Martínez Aguayo en un encuentro con la prensa en la que justificó que Griñán no conociese estos reparos, aunque los informes sí debía llegar a él por medio de la Viceconsejería. También se enviaban a la Consejería de Empleo y al IFA, después denominada agencia IDEA.

La tesis de la Guardia Civil, sin embargo, es que el interventor sí tuvo que haber alertado de un modo más grave, y por ello le preguntó en el interrogatorio, a lo que contestó: "Porque las deficiencias no corregidas correspondían a la Consejería de Empleo y no al IFA o IDEA, que era la auditada" y, en relación a la pérdida de fondos públicos, "no hubo ninguna razón entonces para emitir el informe de actuación ya que el posible menoscabo se ha conocido después".

Pero el interventor declara ante la Guardia Civil algo que se desconocía hasta ahora: que el convenio que firmaron la Consejería de Empleo y el IFA el 17 de julio de 2001 para traspasar los fondos de un departamento a otro tenía una vigencia hasta finales del año 2003. Ante la pregunta de la Guardia Civil de por qué se siguieron dando las ayudas mediante este método, el interventor contestó que se debería de haber prorrogado de forma expresa.

Manuel Gómez dejó de ser interventor en 2010, aunque ejerció los últimos meses de ese año como director general de Finanzas de la Junta. Renunció en noviembre de 2010 para marchar al Reino Unido a estudiar inglés y, finalizada la excedencia, se incorporó a la Intervención. Posteriormente, Hacienda contó con una interventora general, que fue sustituida el pasado martes. Oficialmente, se señaló que había dejado el cargo por razones personales.