La Junta de Andalucía reclama la gestión total de la costa frente al Estado

El Gobierno andaluz quiere dar un paso más y tener todas las competencias sobre la gestión de la costa y el dominio público marítimo-terrestre del territorio autonómico. No se trata de una estrategia de confrontación política sino de un debate conjunto entre la Junta y el Ministerio de Transición Ecológica que permita a las autoridades andaluzas desarrollar plenamente las competencias que recoge el Estatuto de Autonomía en esta materia. Y para ello se fija en dos comunidades que ya lo han hecho, el País Vasco, en diciembre de 2024 y Galicia, en marzo de 2025. Así, la Junta ha iniciado los trámites para reclamar estas competencias, “excepto los artículos de reserva constitucional” y se basa en que, hasta ahora, ha ejercido las potestades que tenía “con responsabilidad y protección del medio ambiente”.

Andalucía tiene más de 2.190 kilómetros de dominio público marítimo-terrestre y 16.000 hectáreas de zona de servidumbre de protección, ya que no sólo se incluye el litoral sino también una buena parte de la ribera del Guadalquivir. La Junta quiere tener las manos libres para conceder autorizaciones de uso y explotación no sólo en el litoral sino también en el mar, (atraques, boyas de amarre, escuelas de vela) así como capacidad para decidir sobre los deslindes de determinadas zonas y el control de la gestión de los municipios de costa que tienen un alto nivel de protección etnológica que ahora tienen muy limitadas sus actividades precisamente para conservar ese valor.

El argumento de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente es que el litoral andaluz alberga una gran diversidad de ecosistemas y paisajes, así como una intensa actividad económica vinculada al turismo, la hostelería, la pesca, la acuicultura o los deportes náuticos, que ahora dependen del ministerio y no de las decisiones del Gobierno autonómico.

En 2011, la Junta asumió las competencias para la gestión de zonas de protección de la costa y la concesión de autorizaciones de ocupación y de uso, pero el Ministerio de Transición Ecológica sigue teniendo las competencias en la tramitación y y la aprobación de los deslindes de toda la zona de uso público marítimo-terrestre, lo que significa, entre otras cosas, que para cualquier cambio de uso es imprescindible un informe favorable de la administración del Estado. Además, la declaración de los municipios de alto valor etnológico limita las actividades permitidas y el desarrollo de los mismos, según entiende la administración andaluza.

La directora general de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular, Carmen Jiménez, considera que con la legislación actual, el ministerio tiene en su mano decisiones muy importantes que hacen que cambie la realidad de los municipios costeros. Según defiende, “la costa andaluza tiene una idiosincracia particular que no tiene nada que ver con la de Asturias o la de Cantabria; el ministerio aplica las mismas normas como es lógico y eso no nos beneficia”.

Expedientes paralizados

En este sentido, Carmen Jiménez afirma que ahora hay 400 expedientes de uso y concesión que están paralizados por los trámites del ministerio. “Nosotros desde la comunidad autónoma somos más sensibles a la realidad de cada localidad, no es lo mismo Torremolinos que Doñana y hay que tratar cada zona teniendo en cuenta sus particularidades”.

A través del portal de transparencia del Estado, la Junta ha pedido conocer el importe que la administración estatal percibe por estas autorizaciones, así como el total de lo recaudado en las autorizaciones del litoral. La idea es que, una vez que se produzca el traspaso de competencias, también las arcas de la Junta sean las que cobren el correspondiente canon. O, al menos, una parte del mismo, como las sanciones.

Uno de los principales asuntos pendientes es la concesión de los chiringuitos que, según la normativa europea debe hacerse por concurso público; no se puede dar una concesión de actividad económica si no hay libre concurrencia. Pero la casuística actual en Andalucía hace que haya muchas concesiones pendientes por diferentes vías, lo que hace peligrar la continuidad de algunos establecimientos históricos.

La directora general defiende que el reto está en compaginar la legislación vigente y cumplirla, teniendo en cuenta también las circunstancias especiales de cada concesión, entre las que se encuentran también actividades náuticas o económicas vinculadas a la Economía Azul.