La Oficina Antifraude busca funcionarios de manera urgente por el incremento de denuncias

La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción ha activado una convocatoria pública para la provisión provisional, mediante comisión de servicios, de cuatro puestos de trabajo vacantes que necesita cubrir "de forma urgente e inaplazable" ante la "carga de trabajo" con la que cuenta, que se vincula con el "incremento de denuncias" registrado.

Así se desprende de una resolución, con fecha del pasado 26 de enero de 2026 y firmada por el director de la citada Oficina Andaluza Antifraude, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, y que se ha publicado esta semana en el BOJA. La resolución concreta que los puestos que se quieren cubrir de forma "provisional y urgente" son los de dos asesores técnicos adscritos a la Subdirección de Investigación, Inspección y Régimen Sancionador; un asesor técnico vinculado a la Subdirección de Asuntos Jurídicos, Prevención y Protección de la Persona Denunciante, y para la Secretaría de Dirección y Unidad de Tramitación, una plaza esta última adscrita a la dirección de la Oficina.

El director explica que estos puestos ahora vacantes se crearon con la modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) de la Oficina acordada por la Mesa del Parlamento de Andalucía el 1 de octubre de 2025, y detalla que "la provisión de los puestos adscritos a la Subdirección de Investigación, Inspección y Régimen Sancionador (...) resulta imprescindible para abordar la enorme pendencia de procedimientos de investigación preexistentes dada la falta de medios personales de la Subdirección y el incremento exponencial de las denuncias".

"La complejidad técnico-jurídica de la labor de investigación e inspección, y la gravedad y trascendencia de mucho de los hechos denunciados exigen personal cualificado adicional que permita dar respuesta a la ciudadanía en unos tiempos razonables", agrega el director de la Oficina Antifraude en su resolución, en la que también indica que, "por idénticas razones, urge la cobertura de personal adicional para la tramitación de los procedimientos sancionadores cuya complejidad y brevedad de los plazos procedimentales y prescriptivos exige, si cabe, mayor diligencia en su tramitación".

Por su parte, "la provisión del puesto adscrito a la Subdirección de Asuntos Jurídicos, Prevención y Protección de la Persona Denunciante (SAJ) es fundamental para materializar el mandato de protección del denunciante conferido por la Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante y la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción", añade la resolución.

Francisco de Paula Sánchez continúa argumentando que "la efectiva aplicación del régimen de protección establecido en ambos marcos normativos y su necesaria alineación con los estándares de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, plantea una elevada exigencia técnica", y "a esta complejidad jurídica se suma el incremento en el volumen de denuncias y solicitudes de protección registrado desde la entrada en vigor de la normativa estatal, configurando un escenario de carga de trabajo y especialización para el que los medios actuales resultan manifiestamente insuficientes".

Finalmente, se ha convocado un puesto de Secretaría de Dirección y Unidad de Tramitación que "se encuentra reservado a su titular que, por las razones de carga de trabajo expuestas anteriormente, está adscrita provisionalmente a otro puesto dependiente de la SAJ, por lo que se precisa cubrir provisionalmente éste a fin de reforzar la secretaría de la Dirección de la Oficina".

Respuesta inmediata por carencias de personal

El responsable de este organismo defiende en la citada resolución que "el procedimiento de provisión provisional, mediante comisión de servicios, permite dar respuesta inmediata a estas carencias, en tanto se sustancia el procedimiento ordinario de provisión definitiva", además de que posibilita "responder de forma inmediata a la urgente necesidad de disponer de personal con capacitación técnica suficiente para afrontar las funciones asignadas" a las Subdirecciones referidas.

Agrega además el director de la Oficina Antifraude que "la naturaleza de las funciones encomendadas" a la Subdirección de Asuntos Jurídicos, Prevención y Protección de la Persona Denunciante --la "protección frente a represalias"-- "no admite dilaciones, pues la falta de una respuesta ágil puede consolidar daños irreversibles en la esfera profesional y personal del denunciante".

"En este sentido, la no cobertura inmediata del puesto supondría una quiebra en la garantía de seguridad que la Oficina debe ofrecer, elevando el riesgo de que se materialicen represalias o discriminaciones contra los informantes, y frustrando el fin último de la ley: crear un entorno seguro para la denuncia de infracciones", abunda Francisco de Paula Sánchez en su argumentación.

El director defiende además que "la cobertura inmediata de estos puestos contribuirá a la resolución de un elevado número de expedientes que disponen de documentación sujeta a análisis técnico que, por su número, excede de las posibilidades del personal destinado" en la Subdirección de Investigación, Inspección y Régimen Sancionador, que cuenta actualmente para sus labores de investigación con dos técnicos y un Jefe de Equipo "para un total de 856 procedimientos en curso, y un único técnico para un total de 72 procedimientos sancionadores en curso".

Los detalles de la convocatoria

Según se detalla también en la resolución, podrá participar en esta convocatoria "el personal funcionario de carrera, que cumpla los requisitos del puesto, clasificado en los subgrupos del Estatuto Básico del Empleado Público A1 o A2 --para los puestos de Asesorías Técnicas-- y A2 o C1 --para el puesto de secretariado--, perteneciente a cuerpos y escalas de las Cortes Generales, las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, órganos constitucionales del Estado y estatutarios de las Comunidades Autónomas, la Administración General del Estado, Administración de la Junta de Andalucía, y demás administraciones e instituciones públicas".

Se ha dispuesto además que la tramitación de las solicitudes para cubrir estas plazas se realice de forma "exclusivamente telemática", en un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la resolución en el BOJA.

La comisión de servicios "se concederá por un año, prorrogable anualmente, hasta un máximo de cuatro años", de forma que "su duración se ceñirá al tiempo de tramitación del procedimiento ordinario de provisión de puestos que sea oportuno", según aclara también la resolución del director de la Oficina Antifraude, que finalmente precisa que "la persona nombrada en comisión de servicios permanecerá durante el tiempo de su duración en situación administrativa de servicio activo en su correspondiente cuerpo o escala".