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La patronal de viviendas turísticas de Andalucía niega los datos de viviendas ilegales que cita el Gobierno central
AVVAPRO asegura que muchos de estos inmuebles no han podido obtener aún su Número de Registro de Alquiler (NRA), debido a los fallos del Registro Digital Único y la falta de criterios claros de los registradores
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El Gobierno señala a Sevilla como la localidad de España con más pisos turísticos ilegales
La Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVAPRO) ha criticado el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la revocación de unas 53.000 viviendas turísticas en España (que se habían inscrito en el Registro único de alojamientos temporales desde enero), y ha calificado esta revocación de "ataque directo a la seguridad jurídica, a la economía andaluza y a las competencias autonómicas reconocidas en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía". En Andalucía, el Gobierno de España ha cifrado en 16.740 los pisos turísticos ilegales que se anuncian en plataformas como Booking o Airbnb y asegura que los eliminará este lunes.
La patronal que agrupa a los profesionales de viviendas y apartamentos turísticos niega que estos inmuebles sean ilegales. "Lejos de la realidad, estas viviendas no han perdido su licencia turística autonómica. La mayoría cuenta con autorización legal otorgada por la Junta de Andalucía y lleva años operando bajo la normativa autonómica vigente. Lo que ha ocurrido es que, debido a los fallos del Registro Digital Único y la falta de criterios claros de los registradores, muchos de estos inmuebles no han podido obtener aún su Número de Registro de Alquiler (NRA). Pretender convertir este problema técnico y administrativo en una ‘ilegalidad masiva’ es un intento de manipulación de la opinión pública intolerable”, puntualiza la patronal de viviendas turísticas de Andalucía.
La patronal recalca que la retirada de licencias turísticas no es competencia del Ejecutivo central, sino de las Comunidades Autónomas. "El intento del Gobierno de Pedro Sánchez de arrogarse esta potestad constituye una invasión flagrante de competencias y un desafío directo al marco constitucional. La Junta de Andalucía, junto con otras tres comunidades autónomas y dos asociaciones, ya ha impugnado el Real Decreto 1312/2024 que regula el Registro Único, precisamente por esta extralimitación. Cabe preguntarse qué ocurrirá si los tribunales estiman su nulidad".
Golpe a la economía y a la imagen internacional de España
Señalar como “ilegales” a miles de viviendas con licencia autonómica es "un ataque al motor económico de Andalucía y de España. En provincias como Málaga, Sevilla, Cádiz o Granada, el turismo de corta duración sostiene decenas de miles de empleos y genera un impacto decisivo en la actividad económica. Dañar la imagen internacional de España como destino turístico, es una irresponsabilidad que pagarán trabajadores, familias y empresas andaluzas", asegura la patronal.
El verdadero problema: la falta de vivienda nueva
Para esta agrupación empresarial, el Ejecutivo de Pedro Sánchez desvía la atención del problema real: "la falta de vivienda de nueva construcción frente a una altísima demanda, ya que en los últimos 14 años nunca se han llegado a construir más de 100.000 viviendas por año, ante un crecimiento de la población de modo sostenido los últimos años por encima de los 700.000 habitantes anuales. El desfase es tan desproporcionado que cualquier intento de desviar la atención es inútil".
Inseguridad jurídica
La Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVAPRO) recuerda que el Real Decreto 1312/2024 está impugnado por cuatro comunidades autónomas y dos asociaciones sectoriales. "Pretender aplicar sanciones o “cancelaciones masivas” mientras la norma está recurrida en los tribunales genera una inseguridad jurídica inaceptable y coloca a miles de familias y empresas en una situación de incertidumbre injustificada".
“Pedro Sánchez trata de manipular a la ciudadanía cuando habla de 53.000 viviendas ilegales: la realidad es que está atacando a Andalucía, a sus competencias y a un sector que es clave para nuestra economía. Retirar anuncios de las plataformas no equivale a retirar licencias. Por ello, AVVAPRO exige respeto a las competencias autonómicas y apoyo al sector que cumple con la ley”.
A diferencia de lo que alega el Gobierno central, la patronal andaluza subraya que "muy pocas viviendas se trasladarán al mercado del alquiler habitual o larga temporada, ya que solo el 37% de las VUT (viviendas de uso turístico) inscritas se destinan en exclusiva a régimen vacacional. El resto son segundas residencias que se explotan cuando sus dueños no las usan o durante vacaciones. De ese 37% de propietarios, la inmensa mayoría optará por dejar la vivienda vacía por el altísimo riesgo de impagos provocados por la eminentemente fallida Ley de Vivienda".
AVVAPRO es una organización integrada por empresas, profesionales y propietarios dedicados a la gestión de viviendas y apartamentos turísticos en Andalucía, que dota de competitividad y garantías de calidad a este segmento de alojamiento, en beneficio de sus usuarios y comunidad relacionada. La asociación ostenta la representación, a través de sus miembros, de 15.000 viviendas y apartamentos turísticos y cerca de 72.000 plazas de alojamiento repartidas en toda Andalucía. Además, AVVA Pro ejerce la defensa y promoción de los intereses generales y específicos de los alojamientos turísticos en la región.
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