El SAS recurre la decisión del juzgado de prorrogar seis meses la instrucción del caso de los contratos sanitarios de Cádiz

El Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz ha dictado un auto en el que acuerda prorrogar el plazo máximo de investigación judicial, hasta el 2 de abril de 2026, la instrucción abierta sobre el supuesto fraccionamiento irregular de contratos del SAS por valor de 235 millones de euros en la provincia de Cádiz. Por su parte, el SAS ha presentado recurso de reforma pidiendo que la decisión de prorrogar el tiempo quede sin efecto.

En el auto del Juzgado, con fecha de 29 de septiembre de 2025, al que ha tenido acceso Europa Press, se recoge que la petición de ampliación del periodo de instrucción fue presentada por la representación del PSOE, a la que se adhirió Podemos y el Ministerio Fiscal, contando con la oposición del resto de partes.

Por su parte el Juzgado, en sus fundamentos de derecho, recuerda que el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), en su nueva redacción dada por la Ley 2/2020, de 27 de julio, con entrada en vigor el 29/07/2020, dispone que "la investigación judicial se desarrollará en un plazo máximo de doce meses desde la incoación de la causa", así como que "si, con anterioridad a la finalización del plazo, se constatare que no será posible finalizar la investigación, el juez, de oficio o a instancia de parte, oídas las partes podrá acordar prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses".

A partir de ahí, el Juzgado señala que "no previéndose posible en la presente causa finalizar la investigación judicial antes del 02/10/2025 y solicitada por las referidas representaciones procesales y por el Ministerio Fiscal la prorroga de la instrucción, procede acordar la misma por un periodo de seis meses, al existir diligencias de instrucción pendientes de practicar y de que pudieran acordarse otras nuevas a la vista del resultado de aquellas".

Así, el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz ha acordado prorrogar el plazo máximo de investigación judicial de la presente causa hasta el 2 abril de 2026, como ha adelantado la Cadena Ser.

La Junta recurre

Una vez dictado el auto por parte del juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha presentado un recurso de reforma en el que solicita dejar sin efecto la resolución de dicho auto y así la ampliación de la instrucción.

Para ello, argumenta que el único motivo indicado por las acusaciones de PSOE y Podemos para solicitar esa prórroga "radicaba, según exponían en sus escritos, en que estaba próxima la finalización del plazo máximo" y "ninguna otra razón se aportaba como justificación de dicha petición de prórroga".

"A mayor abundamiento, ni siquiera se señalaba en dichos escritos cuáles son las diligencias de investigación cuya práctica consideran necesaria y justificativa de la prórroga", subraya el SAS, que añade que el Ministerio Fiscal, por su parte, "se limita a solicitar que se prorrogue la instrucción sin mayor justificación".

Además, el SAS argumenta que la resolución del auto del Juzgado de Instrucción basada en que "existen diligencias de instrucción pendientes de practicar" y que "pudieran acordarse otras nuevas a la vista del resultado de aquellas", vulnera lo dispuesto en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Así, recuerda que la Ley señala que las prórrogas se adoptarán mediante auto donde "se expondrán razonadamente las causas que han impedido finalizar la investigación en plazo, así como las concretas diligencias que es necesario practicar y su relevancia para la investigación".

La simple lectura del artículo 324 de la LECrim pone de manifiesto la necesidad de motivar las razones que han impedido finalizar la investigación, lo que no se produce con este auto, como tampoco se indican cuáles son las actuaciones concretas que se deben llevar a cabo y cuál es su relevancia para la investigación", subraya el SAS en su exposición al indicar que son estos los motivos por los que se recurre el auto.

En este sentido, añade en su razonamiento que "no es posible que se adopte una medida tan importante y restrictiva de derechos fundamentales sin una justificación adecuada", reiterando que "no explica por qué no ha terminado la investigación en este tiempo ni cuáles son las diligencias que se encuentran pendientes".

Igualmente, incide en que la afirmación del auto consistente en que "pudieran acordarse otras nuevas a la vista del resultado de aquellas", "choca frontalmente con el artículo 324, que exige que en el auto se indiquen las concretas diligencias que es necesario practicar y su relevancia para la investigación".

Además, recuerda que en las alegaciones presentadas antes de dictarse el auto, el 26 de septiembre, el SAS "ya denunció la falta de motivación y de concreción de diligencias de investigación en la petición de prórroga planteada por ambas acusaciones --PSOE y Podemos--, evidenciando que su único interés era mantener viva de forma artificiosa la investigación".

Por su parte, la coordinadora general de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, ha valorado la decisión del juez de prorrogar seis meses más la instrucción sobre el "fraccionamiento" de contratos sanitarios del SAS en la provincia.

En este sentido, Martínez ha asegurado que "si desde el Gobierno andaluz no tuvieran nada que esconder ni que temer, no tendrían por qué oponerse a que se investigue en profundidad". "Hay que llegar hasta el fondo de la cuestión y ver cómo desde que gobierna el PP se ha desviado mucho dinero público a la sanidad privada, mientras se deterioraba lo público", ha concluido.