El juez Iván Escalera, que sustituye a la magistrada Mercedes Alaya, decidió el pasado 6 de diciembre prorrogar durante otro mes el secreto de sumario decretado en la causa de los ERE fraudulentos debido a la "gravedad" de los delitos investigados y a la necesidad de identificar a los "verdaderos beneficiarios" de los fondos públicos. El juez argumenta que el informe presentado por la Guardia Civil "evidencia la gravedad de los delitos investigados" y la abundante documentación pendiente de análisis, por lo que considera necesario la prórroga para lograr "la concreta identificación de las personas que hayan podido ser los verdaderos beneficiarios de los fondos públicos".

El auto señala que en estos momentos "persisten" las mismas circunstancias que motivaron la inicial declaración del secreto de las actuaciones.