El jefe de servicio de Formación de la delegación provincial de Empleo en Almería Blas Méndez Capel negó ayer en su declaración ante la juez Mercedes Alaya que recibiera alguna "orden, directriz o indicación de carácter ilegal" para permitir el fraude de los cursos de formación, ya que, según puso de manifiesto, "no le consta" que se hayan recibido tales órdenes y además ignora si en ese caso "se hubiesen podido mantener ocultas". En su declaración ante la juez, Blas Méndez, que ha sido el primero de los 11 jefes de servicio imputados en el fraude de los cursos en declarar, el imputado también negó que haya dado "ninguna orden a sus inferiores sobre la comisión o imposición de algún tipo de irregularidad".

La magistrada le ha imputado un delito de malversación de caudales públicos, por los "graves incumplimientos en materia de justificación" de las subvenciones, dado que la mayor parte de la documentación aportada eran "fotocopias sin compulsa", y también le ha atribuido haber participado de las "decisiones recibidas de los responsables de la Consejería de Empleo para no realizar el seguimiento adecuado de las acciones formativas ni ser exigente en la comprobación del destino de los fondos subvencionados".

Esas directrices recibidas, que el jefe de servicio de formación en Almería ha negado en su comparecencia, se habrían ejecutado según Alaya mediante la emisión de los "certificados de finalidad", con lo que se liberaba el 25% restante del pago de la ayuda y se "frenaba la labor de control de la Intervención", y mediante las "resoluciones de exoneración" de las subvenciones, "en cuya preparación el inculpado participó" en los ejercicios correspondientes a su cargo, siendo él quien "confeccionaba u ordenaba confeccionar el listado de empresas correspondientes al territorio de la delegación provincial de Almería".

La magistrada sostiene que esas empresas "sin mediar razón pública o interés social, eran favorecidas" por la personal decisión del imputado, permitiéndoles recibir nuevos pagos de subvenciones a pesar de que tenían pendientes de justificar anteriores ayudas, lo que vulneraba la ley general de la Hacienda Pública. Alaya concluye que con su actuación "en connivencia" con sus superiores generó un "grave menoscabo de fondos públicos, destinándolos a un uso distinto del legalmente previsto".

En su declaración, Blas Méndez explicó que "a veces" se iniciaron expedientes de reintegro de las ayudas -cita una media de 20 o 30 al año sin que se paralizaran o dejaran caducar- y dijo que aproximadamente en el mes de diciembre la dirección general de Formación preguntaba a las delegaciones provinciales de Empleo si había alguna empresa "pillada" con alguna orden de pago pendiente, es decir, que tuviera justificaciones pendientes para incluirlas en las resoluciones de exoneración.

El imputado explicó que en Almería no había muchas empresas en esa situación, que serían 10 o 15 entidades, y añadió con respecto a las resoluciones de exoneración que él se "limitaba a dar traslado a sus inferiores de las órdenes recibidas por sus superiores". En cualquier caso, defendió que esas resoluciones de exoneración "no eximían a las entidades de justificar posteriormente" los cursos.

Alaya le preguntó expresamente si como jefe de servicio ve normal que en el año 2100 se exonerara de justificar a 1.410 empresas, a lo que el imputado respondió diciendo que "no lo entiende". Sí reconoció que las facturas eran fotocopias, la mayoría sin compulsar, y declaró que no puede afirmar que "se le presentaran los originales de las facturas al auditor".

Además, dijo que "no se explica las irregularidades observadas" y sobre el desorden en los expedientes señaló que puede deberse al "desorden provocado por la empresa que se encargó del escaneo". También reconoció que en la delegación provincial de Almería se llevaba la labor de justificación "con un retraso razonable, con el que no se perjudicaba el funcionamiento del servicio".

Alaya había citado también a declarar a dos jefes de servicio de Formación en Sevilla, Carmen Gómez Laguillo, que se acogió a su derecho constitucional a no declarar, y Daniel Fito García, cuya declaración ha sido aplazada al próximo viernes al haber alegado este imputado que no había tenido suficiente tiempo para instruirse de las actuaciones judiciales.