Los sindicatos anuncian movilizaciones por el bloqueo de la subida salarial de los funcionarios andaluces

Los sindicatos de la Función Pública andaluza han anunciado movilizaciones tras lo que califican como un "bloqueo injustificable" por parte de la Consejería de Justicia. El conflicto surge después de que el departamento dirigido por José Antonio Nieto haya frenado la firma del preacuerdo que contemplaba mejoras económicas para los aproximadamente 50.000 funcionarios y laborales de la Administración general autonómica, los 27.000 empleados de entes instrumentales y el millar de trabajadores de Justicia.

El pasado viernes 17 de mayo de 2025, fecha en que estaba prevista la firma del acuerdo tras tres meses de negociación, la Junta comunicó a los representantes sindicales la necesidad de revisar las condiciones pactadas para "destinar recursos a salud". Esta decisión coincide con el anuncio del gobierno andaluz de invertir más de 100 millones de euros para reforzar los programas de cribado de cáncer de mama, colon y cuello de útero, tras la crisis detectada en el programa de detección precoz del cáncer de mama.

Desde la Consejería de Justicia han aclarado que "la negociación con las organizaciones sindicales sigue abierta" y han manifestado su "voluntad de seguir manteniendo un diálogo leal y fructífero", asegurando que confían en "alcanzar acuerdos que beneficien a todas las partes y con la prioridad de prestar un servicio de calidad a los ciudadanos".

Los términos del acuerdo suspendido

El preacuerdo alcanzado entre sindicatos y la administración andaluza contemplaba una inversión de 200 millones de euros entre 2026 y 2030, destinados no solo a subidas salariales -paralizadas desde 2008-, sino también a la recuperación de la llamada acción social para los 270.000 empleados dependientes de la Junta de Andalucía. Los representantes sindicales han expresado su malestar a Europa Press, señalando que "la mala gestión de la Junta no la podemos pagar los empleados".

Los sindicatos han calificado la postura de la administración autonómica como una "deslealtad total" y un "bloqueo injustificable". Según han explicado, las organizaciones aceptaron unas consignaciones presupuestarias al inicio de la negociación y es con ese montante con el que se ha trabajado durante todo este tiempo. "Sin embargo, a la hora de la firma, la Junta de Andalucía puso reparos y dice que hay que hacer revisión de esas consignaciones", lamentan tras "tres meses de trabajo a destajo para sacar adelante el preacuerdo".

La Junta defiende su compromiso con el diálogo

Por su parte, la Consejería dirigida por Nieto ha insistido en que "el diálogo y la búsqueda del consenso con las organizaciones sindicales es y ha sido siempre el modo de trabajar de este Gobierno", y ha puesto como ejemplo la Ley de Función Pública, su desarrollo, el proceso de estabilización de interinos y "todas las medidas avanzadas en materia de Función Pública".

"La Junta está inmersa en un proceso de modernización de la Administración pública y para ello cuenta además con una Estrategia de Administración Innovadora, que también es fruto del consenso y el acuerdo con las organizaciones sindicales, que nos obliga a implementar cambios para mejorar y ser más eficientes en el servicio que se presta a la ciudadanía", han manifestado desde el departamento de Justicia.

Asimismo, la Consejería ha añadido que "siempre hemos sido leales en la negociación con las organizaciones sindicales y en línea con las prioridades de este Gobierno en cuanto a derechos básicos como la sanidad, educación y dependencia". Esta declaración parece justificar la reorientación de recursos hacia el ámbito sanitario, aunque no especifica si se trata de una medida temporal o de una reconsideración completa del acuerdo previamente negociado.

Crisis en el sistema de cribado oncológico

El giro en la negociación con los sindicatos de Función Pública coincide con la reciente crisis detectada en el programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía. La Junta ha anunciado una inversión superior a los 100 millones de euros para reforzar no solo este programa, sino también los cribados de cáncer de colon y cuello de útero, lo que explicaría la necesidad de redirigir fondos previamente comprometidos en otras áreas.

Este cambio de prioridades presupuestarias ha generado un clima de tensión entre la administración y los sindicatos, que ya preparan movilizaciones para protestar por lo que consideran un incumplimiento de los compromisos adquiridos durante meses de negociación. La situación pone de manifiesto la compleja gestión de recursos públicos en momentos de crisis sanitaria, donde la redistribución de fondos puede afectar a acuerdos previamente alcanzados en otros sectores de la administración.

Repercusiones para los empleados públicos andaluces

Los cerca de 78.000 trabajadores afectados directamente por el preacuerdo (50.000 de la Administración general, 27.000 de entes instrumentales y 1.000 de Justicia) ven así alejarse la posibilidad de actualizar sus retribuciones congeladas desde hace más de 15 años. Esta situación es especialmente significativa considerando el impacto que la inflación ha tenido en el poder adquisitivo de estos empleados públicos desde 2008, fecha de la última revisión salarial según los sindicatos.

Además de las subidas salariales, el acuerdo suspendido contemplaba la recuperación de la acción social, un conjunto de medidas de carácter socioeconómico que beneficiarían a la totalidad de los 270.000 empleados dependientes de la administración autonómica andaluza. Estas ayudas incluyen beneficios como complementos por situaciones familiares especiales, ayudas para estudios o para atención a la dependencia de familiares, entre otras.

¿Qué es la Mesa General de Función Pública?

La Mesa General de Función Pública es el órgano de negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos. En ella están representados tanto la administración como los sindicatos con representación suficiente en el ámbito de la función pública andaluza. Este organismo es el encargado de negociar las cuestiones comunes que afectan a todos los empleados públicos, independientemente de su sector o tipo de relación laboral.

Entre sus competencias destacan la negociación de las retribuciones, la oferta de empleo público, la clasificación de puestos de trabajo y otras cuestiones que afectan a las condiciones laborales generales. Las decisiones adoptadas en esta mesa tienen impacto directo en la totalidad del personal al servicio de la administración autonómica andaluza, lo que explica la importancia del acuerdo ahora en suspenso y la reacción sindical ante su paralización.

¿Cómo afecta la falta de actualización salarial desde 2008?

La ausencia de revisiones salariales significativas desde 2008, según denuncian los sindicatos, ha provocado una pérdida considerable de poder adquisitivo para los empleados públicos andaluces. Según diversos estudios económicos, la inflación acumulada en España desde ese año hasta 2025 supera el 30%, lo que implica que, a igual salario nominal, los trabajadores públicos pueden adquirir sustancialmente menos bienes y servicios que hace 17 años.

Esta situación ha generado un malestar creciente entre el funcionariado, que ve cómo sus condiciones económicas se deterioran mientras aumentan sus responsabilidades y cargas de trabajo. Los sindicatos argumentan que la falta de incentivos económicos está provocando una fuga de talento hacia otras administraciones o hacia el sector privado, lo que repercute negativamente en la calidad de los servicios públicos prestados a la ciudadanía andaluza.