Esta semana, el Ayuntamiento de Tarifa restringía el riego y el llenado de piscinas particulares en la zona de Atlanterra y en la urbanización El Cuartón. Así, el consistorio tarifeño prohibía el llenado total de y parcial de las piscinas desde hoy, diez de julio, hasta el 15 de septiembre. Una medida que obedece al escenario que provocan, no sólo la falta de precipitaciones, sino el aumento poblacional de estos meses de verano. En la comunidad autónoma, la prohibición ha llegado también a puntos de la Axarquía, en Málaga, mientras que en la capital andaluza se prohíbe llenar con agua potable aquellas balsas que no tengan sistema de recuperación o circuito cerrado.

La cuestión de las piscinas es uno de esos temas de doble filo en una tendencia que va marcando temperaturas extremas y menos precipitaciones. No sirve el mismo baremo para depósitos comunitarios o privados, ni para aquellos que estén en la costa o en el interior. Aun así, el Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas (CAFINCAS) hacía un llamamiento a las comunidades de vecinos con piscinas en sus zonas comunes para extremar las medidas de ahorro, tal que la instalación sistemas de reciclaje y recuperación de agua; o sistemas de limpieza y filtración de bajo consumo.

Al grifo cerrado, o a medio gas, de las piscinas se suman otras medidas de cara a un verano que se promete explosivo a nivel de visitas, como la limitación en el servicio de duchas en las playas –en la provincia, Rota, Tarifa, Chipiona, Vejer, La Línea, Los Barrios y San Roque carecen de ellas este año–.

También esta semana, los embalses gaditanos marcaban un preocupante 23,3% de capacidad –por debajo incluso de lo que señalaban en la misma fecha del año pasado–. A todo esto hay que sumar que los pantanos –al igual que las piscinas– sufren especialmente el efecto de las altas temperaturas ya que, al tratarse de agua estancada, la evaporación es mayor.

Piscinas, campos de golf, demanda turística: todo ello pesa en el cómputo global de la presión hídrica, aunque no parezca mucho en comparación con la gran vena abierta, la agricultura. En la provincia, en torno al 70% del recurso va a parar al campo, según estima ASAJA. Aunque depende de la temporada y el lugar, se calcula que el turismo requiere de media un 13% del agua que consumimos.

En AEDYR, la Asociación Española de Desalación y Reutilización, calculan que frente al gasto medio de un ciudadano tipo (132 litros al día), el gasto por turista oscila entre 450 y 800 litros al día. En cuanto un turista pone el pie en un sitio, todo adquiere velocidad de centrifugado a su alrededor: restauración, aseo, mantenimiento, lavandería. Aun así, la problemática del turismo como demandante de agua no es sólo, ni tanto, la dinámica de consumo como el cuándo y dónde se consume. Estamos todos a la vez en los mismos sitios: unos sitios que ya cuentan con una situación hídrica al límite, con recursos pensados para pequeñas localidades que, de repente, triplican su tamaño; dependientes de acuíferos esquilmados y, a menudo, también en zonas de tirón agrario.

En la provincia, Chiclana y la línea litoral de Conil hasta Tarifa, la milla de oro, llegan al tope todos los veranos. Precisamente, el año pasado, un informe de Greenpeace sobre acuíferos señalaba como “comprometidas” las masas de agua de Vejer-Barbate y Chiclana –además de las de Guadalete y Arcos–. Sin olvidar que dos de las nueve aglomeraciones urbanas sancionadas por la Unión Europea por no depurar sus aguas, son dos marcas del litoral gaditano, Barbate y Tarifa. Y más milla de oro: tanto Zahora y Caños de Meca como El Palmar, en Vejer, no tienen depuradora y vierten directamente al mar –la cuestión del agua es muchas veces un eufemismo para hablar de gestión de desechos–. De la gestión del agua, algo de lo que sólo parecemos acordarnos cuando no truena, va a depender que no muramos, no ya de sed, sino de éxito.