Homicidio, robo, dos de tenencia ilícita de armas, de hurto y un último leve de daños. Un total de seis delitos por los que el delincuente conocido como El Kiki se enfrenta a la petición fiscal de 23 años de cárcel, así como el pago de una multa de 2.700 euros y otros 334.000 como indemnización por la muerte del agente Arcos, el guardia civil al que mató tras dispararle durante una persecución policial en octubre del 2018.

El juicio por este caso se celebrará bajo la fórmula de jurado popular a partir del 1 de junio en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, sin embargo, el caso no ha estado exento de polémica. Tal y como ha podido saber Granada Hoy, durante la recopilación de las pruebas por este homicidio hubo un error que obligó a realizar un segundo informe de balística y que incluso habría podido dejar exento al acusado de la acusación de tentativa de homicidio contra la otra agente que acompañaba al fallecido.

En concreto, fuentes cercanas a la investigación confirmaron a este diario que durante la medición de la trayectoria de las balas disparadas se produjo un error, por lo que el primer informe de balística realizado quedó anulado y tuvo que realizarse un segundo.

Era la madrugada del 15 de octubre del 2018 y faltaban menos de dos horas para que acabase su turno –terminaba a las 6:00 horas– cuando el agente Arcos, junto a una compañera de prácticas que patrullaba esa noche con él, recibían el aviso de que se había producido un robo en un bar de Las Gabias en el que se había visto implicado un Ford Escort color blanco. En un principio, la alerta era para los efectivos de Cájar, sin embargo, minutos después recibieron un segundo aviso: el sospechoso podía dirigirse a Huétor Vega.

Tal y como se recoge en el escrito de acusación de la Fiscalía, sobre las 4:00 horas el agente Arcos y su compañera "estaban de servicio, con sus armas reglamentarias, uniformados y a bordo del vehículo oficial ubicado en una rotonda de Huétor Vega" cuando El Kiki pasó por la misma y "realizó una maniobra sospechosa" probablemente porque "manejaba un vehículo robado y porque portaba una mochila con un arma". Esto provocó que los agentes lo siguieran y trataran de darle el alto, lo que desembocó en una persecución que se extendió hasta que el acusado colisionó contra un vehículo, tras lo que "cogió una mochila y salió huyendo a pie".

Ante ello, los guardia civiles fueron detrás del acusado y el fallecido efectuó dos disparos intimidatorios al aire mientras el individuo entraba en la calle Tempranillo. Allí, el agente sacó su defensa extensible y dio indicaciones al presunto homicida para que se tirara al suelo, mientras su compañera "como podía le sujetaba".

El agente Arcos le llegó a dar un golpe en la pierna, pero no cayó al suelo y logró huir. Comenzaron de nuevo la persecución pero "a la agente se le cayó el portófono al suelo, lo que hizo que perdiera distancia respecto a su compañero" y empezó a guiarse por las voces de ambos, cruzando zonas ajardinadas.

En ese lugar fue donde El Kiki cogió el arma reglamentaria del agente, que le había dado alcance, y tras un forcejeo entre ambos le disparó en la zona entre el abdomen y la ingle, herida que finalmente le provocó la muerte.

Asimismo, en el relato que realizó el magistrado del Juzgado de Instrucción 5 de Granada, sobre el que recayó en primera instancia esta causa y que fue quien acordó iniciar el procedimiento para que fuera finalmente juzgado por jurado popular, la otra agente observó "cómo caía al suelo y cómo el investigado comenzó a correr".

Ante ello, el juez prosiguió en su relato con que "la agente tiró la linterna al suelo, desenfundó, montó su arma y salió hacia el individuo que le llevaba unos 20 metros de distancia y efectuó un disparo intimidatorio al aire a la vez que gritaba alto". Precisamente en ese momento, el presunto homicida se dirigió hacia ella y supuestamente le disparó sin llegar a alcanzarla, tras lo que con el arma reglamentaria del agente Arcos y se dirigió a un cortijo donde se escondió, se cambió parcialmente al menos la ropa y se hizo con otro vehículo. Finalmente fue detenido sobre las 10:00 horas en un control policial, dos horas después de que el agente Arcos falleciera en el hospital.

La causa, que se juzgará entre el 1 y el 5 de junio, actúa además como acusación particular la familia de la víctima, que ha pedido 42 años y medio de prisión, y la Abogacía del Estado, que pide 37 años de cárcel. Asimismo, como acusaciones populares se encuentran la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) que pide 23 años de prisión y la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil, que se adhirió al escrito provisional de la Fiscalía.