La gran planta fotovoltaica del Área Metropolitana de Granada está cada vez más cerca de comenzar a construirse. La Junta de Andalucía ha iniciado ya el proceso para la declaración de utilidad pública de los proyectos de planta Fotovoltaica Ence Atarfe I, II y III, que es el paso previo necesario para expropiar las parcelas ubicadas en los términos municipales de Las Gabias, Vegas del Genil, Santa Fe, Pinos Puente y Atarfe para crear la mayor planta generadora de energía renovable y limpia cercana a la capital hasta la fecha.

El proceso se encuentra actualmente en información pública de sus tres fases, por lo cual los propietarios de los terrenos afectados, así como otros interesados, pueden recurrir esta declaración. Si las alegaciones finalmente son desestimadas, se iniciará la expropiación para la instalación de los módulos solares. En total, ambos procesos afectan a 243 parcelas, de las cuales 140 pertenecen al término municipal de Santa Fe, 67 a Atarfe, 26 a Pinos Puente, 6 a Vegas del Genil y 4 a Las Gabias. Entre los propietarios hay empresas y particulares, e incluso carreteras o vías de comunicación de titularidad pública de los ayuntamientos o de la propia Junta.

Ubicación de la megaplanta fotovoltaica en la Vega de Granada, con sus fases diferenciadas

La declaración de utilidad pública hará que los terrenos sean expropiados y que la empresa que va a construir los campos solares fotovoltaicos, Ence Energía y Celulosa SA, los obtenga en concepto de beneficiaria.

Esta zona de placas solares ocupará en total, sumando las tres fases en las que se divide, una superficie de 155 hectáreas, el equivalente a 200 campos de fútbol aproximadamente. En esta extensión se podrían instalar alrededor de 201.000 módulos de recepción de rayos solares. Supondrá para la empresa una inversión de unos 56 millones de euros aproximadamente.

La ubicación en la que se instalarán las placas solares será en el margen izquierdo de la carretera autonómica A-385, que une Santa Fe con Otura, entre el Cortijo El Ánima y la localidad de La Malahá, cercano a la Dehesa de Santa Fe. Esta zona es en su mayoría de cultivos, principalmente olivos. La vía es muy usada para acceder hasta Escúzar y su parque tecnológico por su conexión con la A-338.

Así es el proyecto

Una vez las parcelas estén en manos de la empresa y se pueda comenzar la construcción del parque, según los proyectos técnicos adaptados de cada semi proyecto consultados por Granada Hoy, se espera que la construcción de cada parcela se prolongue durante aproximadamente ocho meses, con trabajos autorizados para su levantamiento solo en horario diurno, es decir, se trabajaría en periodos de 08:00 a 22:00 horas. Además, se espera que el grado de contaminación sea "nulo o de nivel mínimo" durante la construcción.

Cada uno de estos tres "semi proyectos" no supera los 50 MW, acogiéndose el plan de construcción a la tramitación a través de la Junta de Andalucía y no a través del Ministerio de Transición Ecológica. El nombre de "Atarfe" lo recibe porque, aunque esta localidad se ve sólo ligeramente afectada por la instalación de las placas solares, la evacuación de la electricidad generada se hará por la subestación de Red Eléctrica Española de 220 KW que se situará en él.

Dos personas montan en bicicleta junto a una planta fotovoltaica

Las tres plantas solares generarían un total de 345.400 MW de electricidad cada año, que pasarían a la red española de energía y sería distribuida por todas las subestaciones del país, lo que haría reducir la dependencia de los combustibles fósiles para la creación de corriente. El proyecto tendrá una vida útil primaria de 30 años, pudiendo ampliarse este tiempo si se considera que la instalación todavía ofrece las garantías para seguir generando electricidad.

Dos de las tres plantas de Ence tienen en total 49,9 MW cada una, mientras que la tercera llega hasta los 33 MW. Pese a estar divididas, estarán unidas en el mismo terrero y suman prácticamente 133 MW de potencia instalada en conjunto.

Cercanía a espacios protegidos

Estas plantas fotovoltaicas se han diseñado, según la documentación consultada por este periódico, de tal forma que no afecta a las zonas marcadas como zonas lugar de importancia comunitaria "encontrándose todas las infraestructuras proyectadas más allá de los límites de la misma". Por lo tanto, las zonas ambientales protegidas de la Dehesa de Santa Fe (Rempa) y de la Zona Especial de Conservación de La Malahá (Red Natura 2000), muy cercanas a la zona en la que se construirá todo el valle solar, no se verían afectadas según el proyecto.

La ubicación de la planta fotovoltaica levantó las críticas de varias asociaciones de conservación y medio ambiente, que incluso anunciaron que presentarían alegaciones al proyecto de construcción. Estas impugnaciones y las diferentes subsanaciones o desestimaciones que se han tenido que ir haciendo hasta ahora han ido retrasando la declaración de utilidad pública desde agosto del 2022 hasta el 11 de diciembre de 2023, día en el que la Junta de Andalucía autorizaba oficialmente las tres fases. Dos meses después, el 6 de febrero, se publicaba el primero de los dos anuncios de utilidad pública. El segundo y el tercero han llegado en los últimos días.

Las organizaciones medioambientales Ecologistas en Acción–Granada, Somos Vega y Somos Tierra Agrupación de Voluntariado Ambiental de Santa Fe valoraron en su momento como "muy deficiente" la Evaluación de Impacto Ambiental, en lo que respecta a flora y fauna, afectando negativamente a los ecosistemas de las mismas debido a la instalación de grandes placas solares en la zona.

Trabajos de revisión de una planta fotovoltáica

Además, argumentaron que el proyecto de macro planta voltaica se había dividido en tres con la intención de eludir las evaluaciones ambientales de proyectos de más de 50 MW, "cuya competencia corresponde a la Administración Central, al tiempo que se esquiva la evaluación del impacto global del proyecto".

La gran planta fotovoltaica se plantea en su mayoría en zonas no urbanizables con vocación agrícola. De hecho, la mayor parte del proyecto se ejecutará sobre parcelas de olivares de secano, de regadío o tierras de labranza, lo que según los ecologistas conllevará la eliminación total de esa vegetación actual. "Eso supondría cancelar una gran zona de liberación de carbono capturado por esos árboles, así como la cantidad de dióxido de carbono que dejaría de secuestrarse por la eliminación de esta vegetación, además de la pérdida de la actividad agrícola y puestos de trabajo vinculados a ella".

Esta previsto que los trabajadores extraigan y retiren de las zonas designadas todos los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable según el proyecto. "Estos trabajos serán los mínimos posibles y los suficientes para la correcta construcción del proyecto", se informa en el proyecto técnico adaptado. Además, los materiales que se obtengan de la excavación en el lugar de construcción se utilizarán en la formación de rellenos y demás usos fijados en el proyecto, y se transportarán directamente a las zonas previstas en el mismo.

Una de las preocupaciones de los grupos ecologistas son las posibles afecciones de la hidrodinámica del arroyo Salado. El proyecto asegura que la planta fotovoltaica contará con un sistema de drenaje para la evacuación de aguas pluviales que constará de cunetas en la zona perimetral y en los viales de la misma. Sin embargo, las asociaciones ambientales consideran que este drenaje generará una rápida incorporación de las aguas pluviales y sedimentos al curso del arroyo, con afectación directa a dicho cauce, así como a las poblaciones y zonas aguas abajo.

Vegas del Genil cobrará el IBI a Ence

El Ayuntamiento de Vegas del Genil, uno de los cinco municipios afectados por la construcción de estas plantas fotovoltaicas, ha buscado sacarle rédito económico a la instalación de la planta fotovoltaica. En el pleno ordinario de agosto de 2022 se aprobó la modificación de sus ordenanzas fiscales para que Ence Energía, la promotora del proyecto, pague el Impuesto de Bienes e Inmuebles (conocido como IBI) por alojar en la localidad sus instalaciones.

Con la aprobación de esta modificación se buscaba cubrir un "vacío legal", según argumentó el entonces alcalde, Leandro Martín (PSOE), "y que así las empresas de energías renovables que se instalen en la localidad dejen un beneficio económico".

El expediente fue aprobado con los votos a favor del PSOE, PP, Ciudadanos y la formación 'Ahora Vegas', y la abstención de los concejales de Vox. 

Imagen de archivo de una gran planta fotovoltaica

Entre los argumentos a favor de la aprobación de este expediente, los grupos municipales confirmaron que la construcción y la explotación de esta infraestructura no generará prácticamente beneficio económico para Vegas del Genil, puesto que, salvo el posible establecimiento de personal para el mantenimiento de la misma, toda la actividad económica pasará por la empresa y la localidad no sacará rédito.

Tanto PSOE como PP, así como Cs y 'Ahora Vegas', valoraron como una oportunidad de obtener beneficio esa modificación, de tal forma una industria cada vez más pujante reciba un cargo por usar los terrenos locales. "Estaremos abiertos a que cualquier iniciativa encuentre una alfombra para poder llegar, pero es verdad que tenían un agravio comparativo, y es que todos los empresarios tributan en Vegas del Genil, y al no estar regulado este tipo de actividades, se iban a ahorrar pagar impuestos. Adaptamos la ordenanza para que contribuyan con el municipio", comentaba el regidor, un hecho que desde el PP y Cs veían como "muy conveniente, coherente y correcto".

La única formación que se mostró ligeramente escéptica con esta modificación de la ordenanza fue Vox, que se abstuvo. Pese a "entender" que por agravio comparativo se vaya a comenzar a gravar la actividad, quiso "romper una lanza por el empresario que invierte en placas solares".