El uso del histórico edificio de Valcárcel como Facultad de Educación sigue siendo un quiero y no puedo, una historia de amor imposible, un anhelo que en determinados momentos parecía conseguido y que ahora vuelve a alejarse sin aparente camino de retorno. El empeño en que cierta parte de la ciudad anda desde hace años de que los futuros maestros aprendan frente a la Caleta parece que finalmente no será posible. Aunque aún no se ha dado la última palabra.

Hasta hace unos meses, todas las cartas del uso universitario de Valcárcel se echaban sobre el plan de infraestructuras que tenía que elaborar la UCA. “En ese plan de infraestructuras estará la respuesta”, llegó a decir el rector, Casimiro Mantell, al poco de tomar posesión. Y ese plan ha llegado, ha sido ya aprobado por los órganos universitarios e incluso publicado en el Boletín Oficial universitario (que también existe, bajo las siglas de Bouca) sin que se dedique una sola línea a Valcárcel.

El plan de infraestructuras de la UCA

Un total de 35,6 millones de euros son los que ha autorizado la Junta de Andalucía a la UCA para invertir en infraestructuras entre 2024 y 2027; una partida resultante de los remanentes de tesorería no afectados generados por la propia institución académica, que ha decidido con estos fondos acometer actuaciones de digitalización (en las que invertirá 6.450.000 euros), de eficiencia energética (6.150.000 euros), de mejora de edificios e instalaciones (12 millones de euros) y de nuevos equipamientos e instalaciones (otros 11 millones).

En ninguno de estos bloques, que contabilizan más de una veintena de intervenciones en los cuatro campus que afectarán a numerosas sedes y edificios, se incluye el traslado a Cádiz de la Facultad de Educación. Es más, sí ha incorporado a este plan la UCA una inversión de 3 millones de euros para mejoras y rehabilitaciones del actual centro en el campus de Puerto Real. Y esto, lógicamente, se considera la primera clave para ver ese alejamiento entre Educación y Valcárcel.

Fuentes universitarias han explicado a este periódico que Valcárcel ha sido imposible incorporarlo al plan de infraestructuras ante el criterio trasladado por la consejería de Hacienda de la Junta de que las inversiones incluidas en esta hoja de ruta deben ser materializables en un año, atendiendo a la cronología que deberá presentar la Universidad. Y Valcárcel, no hace falta decirlo, necesitará muchos más de un año para completar las obras de rehabilitación del histórico edificio, construcción del nuevo edificio anexo y urbanización de todo el entorno. No en vano, cuando las administraciones parecían aprobar el proyecto en Sevilla, en octubre de 2022, fijaron un período de cuatro años para ejecutar el proyecto.

Escenario incierto

Así las cosas, con Valcárcel fuera del Plan de Infraestructuras de la UCA para los próximos cuatro años y con una inversión de 3 millones de euros para actualizar la actual sede de Educación, el edificio del barrio de la Viña vuelve a estar en el limbo. ¿Qué va a pasar entonces con Valcárcel a partir de ahora?

Fuentes consultadas en la Universidad hablan de “reorientar” el proyecto; una labor que incluso ya habrían iniciado las cuatro administraciones implicadas en el futuro de Valcárcel (es decir, la Junta, la Diputación, el Ayuntamiento y la propia Universidad). De este modo, se deja la puerta abierta a que el edificio tenga un uso universitario, pero ya no se concreta expresamente que sea como facultad de Educación.

Serán, por tanto, las administraciones en su conjunto las que tengan ahora que pronunciarse respecto al futuro de Valcárcel. Y es que la Junta deberá determinar cómo asume el plan propuesto por la UCA y la intención que había de traer a la capital Educación; así como Diputación tendrá que resolver qué hacer con el edificio que desde diciembre de 2022 ha vuelto a su propiedad tras una cesión sin consecuencias a la Universidad durante cinco años (desde 2017 a 2022, precisamente para construir la facultad que nunca se hizo). También tendrá que explicarse el Ayuntamiento, que en principio no deja de ser un actor secundario en esta operación que de algún modo ha vuelto al punto de partida, a ese limbo en el que estaba cuando se descartó el proyecto hotelero y se planteó el uso universitario.