Las plataformas de vehículos de transporte concertado (VTC) culparon ayer al Ayuntamiento de Sevilla de vulnerar el derecho de los consumidores con su decisión de restringir el acceso al centro de estos vehículos.

Fuentes de este secto consideraron ayer que la “decisión política” tomada por el gobierno local para evitar la huelga de taxis anunciada para la semana pasada es “arbitraria” e incumple la propia ordenanza de circulación de Sevilla.

En concreto, las fuentes señalan que el artículo 9 establece precisamente que podrán acceder a las Zonas de Tráfico Restringido los vehículos “pertenecientes al transporte público de viajeros” y también “los vehículos de servicio público en servicio oficial”, cuando “las condiciones de seguridad de la vía lo permitan, y siempre que, tratándose de un servicio, estén debidamente identificados de forma fácilmente reconocible”.

Desde estas fuentes concluyen que la decisión adoptada por el Ayuntamiento de Sevilla también puede “vulnerar el derecho del consumidor que viva en el centro” o también de aquellos turistas que cuentan con la aplicación descargada en sus teléfonos móviles y que están alojados en un hotel del centro de la ciudad, a los que los conductores de los VTC no podrían acceder debido a las restricciones.

La delegación de Movilidad informó el pasado fin de semana de la puesta en marcha de un dispositivo compuesto por agentes de distintas unidades de la Policía Local para controlar el acceso a determinados puntos de la ciudad como el casco histórico, la estación de Santa Justa y el aeropuerto para garantizar la normativa de transporte y de la normativa de circulación en cuanto a los accesos restringidos para residentes, taxis, Tussam y vehículos de emergencias por determinadas vías. En total, con este dispositivo han sido sancionados 18 VTC, de los cuales 13 han sido por infracciones en materia de tráfico, y las otras tres por otros motivos.

El pasado fin de semana se efectuaron cinco controles en distintos puntos de acceso al centro, en los que se revisó la documentación de los vehículos, así como la acreditación para acceder por zonas de acceso restringido. Se controló a un centenar de VTC de las cuales la mayoría cumplía con la normativa, de modo que se formularon 18 denuncias de las cuales 13 se corresponden con no respetar las placas verticales de prohibición.