El Ayuntamiento de Almuñécar ha aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos solicitar al Gobierno de España que declare la urbanización Cármenes del Mar como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil (zona catastrófica), a la par que reclama a la Junta de Andalucía que ejerza sus competencias y declare la Zona de Emergencia de Interés General de Andalucía.

Una propuesta con la que pretenden que "entre todas las administraciones, podamos ofrecer una solución definitiva a las personas que, en algunos casos, han perdido sus casas y, en otros, han tenido que desalojarlas por riesgo de derrumbe", ha señalado el alcalde, Juan José Ruiz Joya.

Asimismo, la propuesta, impulsada por el propio alcalde de Almuñécar, lleva aparejado dar traslado a ambos gobiernos -nacional y autonómico- y también al Defensor del Pueblo, para que se interesen "por el grave deslizamiento de la ladera de Cerro Gordo y la situación de la urbanización y de los vecinos".

En su intervención, Ruiz Joya ha aclarado que "estas declaraciones de emergencia son vitales para que el Ayuntamiento pueda acceder a varios paquetes de ayudas públicas en forma de inversiones".

El alcalde sexitano ha explicado que "hay familias que lo están pasando muy mal durante ya demasiado tiempo" y que este es uno de los mayores problemas que tiene Almuñécar, pero que "sin la ayuda de otras administraciones es imposible, económica y materialmente, que el Ayuntamiento de Almuñécar, con medios propios, pueda poner solución".

En la exposición de motivos, Ruiz Joya argumenta que, en la actualidad, cinco viviendas están totalmente derruidas; 19 viviendas han sido declaradas en ruina física inminente y con orden de desalojo, precinto y vallado perimetral; siete viviendas se encuentran propuestas para desalojo y, para colmo, los deslizamientos se han extendido de Cármenes del Mar a viviendas de las promociones Casas Especiales, Calaiza, Pueblo y Atarazanas, produciéndose también graves daños en los viales y en las conducciones de abastecimiento, saneamiento, electricidad y fibra óptica, situados en el subsuelo y que han ido a peor con el paso de los años.

Con esta acción, el Ayuntamiento de Almuñécar vuelve a pedir auxilio a las administraciones supramunicipales, ya que una primera estimación sitúa entre 50 y 60 millones de euros el presupuesto inicial de la reparación, más lo que costaría la reconstrucción de las viviendas, los viales, las conducciones de alcantarillado, alumbrado, colectores, etc.

El alcalde ha revelado que la ejecución de pantallas estabilizadoras requiere el empleo de maquinaria pesada y la ocupación temporal de viales y zonas de particulares, por lo que ha reiterado que "es material y económicamente imposible que el consistorio sexitano asuma, solo, esta intervención".