El Juzgado de Instrucción 3 de Motril ha autorizado el desprecinto y la venta de los 231.000 kilos de verdura intervenidos este miércoles durante una operación contra el fraude alimentario desarrollada por la Guardia Civil en Motril que se saldó con tres detenidos, todos en libertad.

En un auto al que ha tenido acceso EFE, el juzgado encargado de la causa ha aceptado la petición de la defensa y ha autorizado que se puedan vender los 231.000 kilos de alimentos que fueron precintados este miércoles.

El levantamiento del precinto impuesto responde a que se trata de productos perecederos y el informe técnico completo para analizar la trazabilidad y si cumplen los requisitos de verduras ecológicas conlleva un tiempo.

El auto exige además que se deje constancia de todas las circunstancias de la venta para valorar sus consecuencias cuando se cuente con el informe sobre su trazabilidad.

En su parte dispositiva, el juzgado instructor ha apuntado la obligación de la firma de reseñar "con total detalle" las circunstancias concretas de la venta, desde quién compra al destino de la mercancía, el precio, la cantidad y el volumen.

La causa desarrolló su fase policial este miércoles, cuando agentes del Seprona de la Guardia Civil en una operación contra el fraude alimentario centrada en productos hortofrutícolas se saldó con tres detenidos.

El juzgado encargado de la causa ya dejó en libertad provisional al único de los tres detenidos que ha sido finalmente puesto en libertad y está siendo investigado por los presuntos delitos de estafa, contra el derecho de los consumidores, blanqueo de capitales y falsedad documental.

La empresa afectada, la mercantil Ecogroup Spain, ha informado en un comunicado que la Guardia Civil recabó información sobre la trazabilidad de las verduras ecológicas producidas y comercializadas por su empresa y precintó dos de las cámaras de verduras bio.

El administrador de la firma, Francisco García Pérez, ha asegurado en el comunicado que su compañía ha pasado "favorablemente" todas las auditorías periódicas de los organismos de control de la Junta.

Ha añadido que la empresa dispone de las certificaciones para la producción y comercialización de hortícolas ecológicos y ha indicado que la operación responde a una "denuncia falsa" de un exempleado "resentido y extorsionador".

Según García Pérez, estas afirmaciones quedarán acreditadas ante la autoridad judicial competente.

La empresa, con más de dos décadas de experiencia y 400 hectáreas de cultivo repartidas por Motril, Cádiz y Ciudad Real, ha adelantado además que se reserva el derecho a ejercer las acciones legales que considere oportunas contra ese antiguo trabajador.