La Guardia Civil ha detenido a tres responsables de una promotora inmobiliaria, con una sede en Roquetas de Mar, acusadas de estafar a compradores en la venta de viviendas de nueva construcción que no habrían llegado a edificarse y que se proyectaban sobre parcelas que no eran de su propiedad, en Almuñécar, Almería o Murcia.

Los arrestados, que fueron localizados en Málaga, habrían recibido "grandes cantidades" de dinero en concepto de reserva de inmuebles "falsificando documentos", según ha informado la Comandancia.

La operación llevada a cabo por el Equipo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) se inició en el mes de enero de 2024 tras tener conocimiento mediante las denuncias de que la promotora inmobiliaria, con sucursal inmobiliaria en Aguadulce, había cobrado una cantidad cercana a los 200.000 euros en concepto de reserva por la compraventa de inmuebles sobre plano de nueva promoción de viviendas y garajes en Roquetas de Mar, si bien no se habían llevado a cabo dichas construcciones.

Un "minucioso" examen de los documentos e indicios obtenidos reveló que la empresa no contaba con las cuentas bancarias especiales (CCE) exigidas por la ley para las promotoras inmobiliarias y que recibía el dinero de reservas y compraventa de los inmuebles ofertados en cuentas corrientes destinadas a otros fines.

La investigación constato, asimismo, que la mercantil en ningún momento había sido propietaria de los terrenos donde ofertaban las promociones para la edificación de las viviendas. La operación 'Posidonia' concluyó con la localización y detención en Málaga de tres personas, responsables de la promotora, como supuestos autores de delitos de falsedad documental y estafa en una causa que instruye el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 7 de Roquetas de Mar.

Un entramado que afecta a unas 1.200 familias, unas 60 de ellas en la provincia de Granada que denunciaron haber sido víctimas de una supuesta estafa por una  falsa promoción de viviendas en Almuñécar, en la costa de Granada, para la que la empresa responsable no habría llegado a comprar el suelo.

La promoción se había anunciado en la zona del Tesorillo, habiendo presentado la querella, en nombre de las familias, el abogado Francisco Javier Ortega, del despacho LexForma. Los supuestos responsables de la estafa no habrían llegado a pedir licencia de obras en el Ayuntamiento de Almuñécar, pero sí colocado un cartel en el suelo donde "aparentemente iban a llevar a cabo la urbanización".

Con base a contundentes campañas de publicidad, habrían cobrado a los afectados entre 10.000 y 25.000 euros, el diez por ciento de lo que habrían de abonar por las viviendas, como primer pago de la operación, todo ello entre el año pasado y este 2023.

Fuentes municipales consultadas han detallado que algunos de los afectados, cuando compraron o se interesaron por la promoción, llegaron a preguntar en el Área de Urbanismo. No se obtuvieron explicaciones por parte de la supuesta promotora cuando desde el consistorio se le consultó tras estas primeras sospechas de que podía ser una estafa.

No había proyecto y la titularidad del solar, que es privado, se comprobó que no correspondía a los supuestos promotores, han añadido estas mismas fuentes.