El pacto alcanzado por parte del PSOE y Esquerra Republicana de Catalunya de condonación de la deuda catalana con el Estado de unos 15.000 millones de euros, una de las condiciones para que el partido independentista apoye la investidura del actual presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no ha sentado muy bien a administraciones autonómicas y municipales. Si este jueves, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, reclamaba "17.800 millones de euros" para Andalucía, así como "un fondo de compensación" que permitiese a la comunidad "recuperar los 15.000 millones que ha perdido con el actual sistema de financiación autonómica", los responsables municipales de Motril y Almuñécar solicitan al Ejecutivo que les condone la deuda que mantienen con el Estado por distintos motivos y que asciende a unos 18,2 millones en total.  

En este sentido, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, reclama la condonación de la deuda "tras el anuncio del Gobierno central de una nueva vía de financiación a través de la condonación de la deuda, como se ha hecho en Cataluña". Y remarca que si dicho perdón se materializa "pedimos al Gobierno de España que sea sensible con los intereses de los motrileños y motrileñas, que ponga en valor ese esfuerzo que hemos hecho durante los últimos años para mantener un ayuntamiento saneado".

García Chamorro asegura que, pese a que el Ayuntamiento de Motril comenzó el ejercicio presupuestario de 2023 con deuda cero tras el esfuerzo realizado por los distintos equipos de Gobierno que han pasado por el Consistorio, se mantiene una deuda de 2,2 millones de euros con el Gobierno por el impago, en un momento puntual, de la Seguridad Social de la extinta empresa de limpieza Limdeco. 

En este sentido, señala que "después de negociar su fraccionamiento que, religiosamente, hemos estado pagando todos los motrileños mensualmente, hemos visto que se ha abierto una nueva vía de financiación que es la condonación de la deuda y queremos ampliar nuestro acuerdo, como ha hecho Cataluña".

Tras la modificación de urgencia de la subida de la tasa de tratamiento y recogida de basura por un impuesto de obligatorio cumplimiento por parte del Gobierno central, y que ha generado discrepancias entre los distintos grupos municipales, García Chamorro indica que, en los últimos años, "Motril ha venido pagando sudeuda de 2,2 millones sin subir ningún impuesto gracias a un importante esfuerzo gestor, por lo que pedimos la misma sensibilidad al Gobierno con nuestros intereses".

En el caso de la recepción positiva del Gobierno de España, la regidora municipal se compromete a destinar esos 2,2 millones de euros íntegramente a la mejora del servicio de limpieza de la ciudad.

En el caso de Almuñécar, la deuda asciende hasta los 16 millones de euros. El alcalde sexitano, Juan José Ruiz Joya, indica que tras tomar acuerdo por resolución de alcaldía, le exigirán al presidente del Gobierno que el perdón de lo adeudado al Estado "con motivo del adelanto al pago de proveedores y que los vecinos tenemos que hacer frente anualmente en los presupuestos municipales".

Ruiz Joya asegura que la citada cantidad serviría como "un auténtico revulsivo a las arcas municipales y servirían para hacer todas las infraestructuras necesarias para Almuñécar y La Herradura". Entre ellas enumera la construcción de las canalizaciones de Rules, la mejora de los centros médicos de Almuñécar y La Herradura con su consiguiente incremento de la plantilla, el arreglo de los accesos al municipio, la construcción de nueva vivienda para los jóvenes, una residencia de mayores, la construcción de la tubería terrestre para el consumo humano, nuevas paradas de autobuses, los espigones para la protección de las playas, el ferrocarril de la Costa, o la construcción de aparcamientos, entre otras cuestiones. 

El responsable municipal señala que "tras la humillación moral, Sánchez pretende el agravio económico y no podemos permitir desde los Ayuntamientos y de las distintas autonomías de nuestro país", motivo por el que asegura que no se quedarán callados ante lo que califica como una "injusticia en materia de financiación y condonación de deuda".

Por último, incide en que el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) genera " desigualdad y da carta de naturaleza a favoritismos que supondrán agravios tanto para nuestra tierra como para el conjunto de España".

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, asegura durante un acto celebrado en Granada que el posible acuerdo, enmarcado en las negociaciones para la investidura de Sánchez, estará al alcance de todas las comunidades.Fernández explica que el Gobierno ha planteado una modificación de alcance general para todas las comunidades autónomas que busca mejorar la capacidad financiera de todas las regiones y a la que se podrán acoger todas en base a unos criterios objetivos, una fórmula y unos parámetros exactos adecuados a cada caso.El delegado del Gobierno en Andalucía explica que la medida supone aliviar la carga que tienen las comunidades de deuda con el propio Gobierno o con terceras entidades y permitirá dar respuesta a la situación que se ha generado tras un ciclo de crisis económica."Es sin duda una apuesta decidida por garantizar esa autonomía financiera, esa capacidad de endeudamiento, para generar por parte de las comunidades autónomas nuevas inversiones con cargo a los mercados financieros", añade Fernández.